El calendario ha querido que hoy, martes 13, vuelva a marcar la agenda de una de las tragedias urbanísticas más dolorosas de la historia reciente de Teruel. Han pasado exactamente 31 meses, 135 semanas y 945 días desde que el edificio del número 21 de la Calle San Francisco colapsara, llevándose consigo los hogares, los recuerdos y la vida cotidiana de decenas de familias.

Esta mañana, la Plataforma de Afectados Calle San Francisco Teruel ha emitido un comunicado cargado de simbolismo y reivindicación, recordando a la sociedad turolense y a las instituciones que, aunque los escombros se retiren, el drama personal continúa.

La dualidad del superviviente: «Suerte y desgracia»

Para la superstición popular, el martes 13 es augurio de mala suerte. Sin embargo, para los vecinos de San Francisco 21, esta fecha representa una paradoja dolorosa que han definido como «las dos caras de la misma moneda».

«La suerte de haber salvado la vida y la desgracia de haber perdido nuestros hogares, nuestros recuerdos y nuestras mascotas»,

Dos años y siete meses después, el solar vacío es una cicatriz en el paisaje urbano, pero también en la memoria de quienes intentan «rehacer sus vidas lejos de lo que fue su hogar».

Exigencia política: «Que no quede en papel mojado»

Más allá del recuerdo emocional, el mensaje de los afectados tiene una clara carga política y administrativa. Tras el ciclo electoral y con la aprobación de nuevos presupuestos, la paciencia de las familias se agota.

Aunque valoran los pasos administrativos dados hasta la fecha, los afectados lanzan una advertencia clara a las autoridades: «El papel todo lo aguanta». Su temor es caer en el olvido burocrático ahora que el foco mediático ha disminuido.

Las demandas de la Plataforma son concretas y urgentes:

• Acciones reales: Pasar de la planificación a la ejecución tangible.

• Justicia: Resolución de las responsabilidades patrimoniales y civiles.

• Celeridad: Agilizar unos plazos que, tras 945 días, se sienten eternos para quienes lo han perdido todo.

El anuncio de  ayudas por parte del Gobierno de Aragón de hace escasos dias , destinadas a compensar la pérdida patrimonial de los propietarios, busca responder a la principal demanda del colectivo: recursos para seguir adelante. La cifra de 70.000 euros por vivienda se perfila como un soporte clave para unas familias que, dos años y siete meses después, siguen «intentando rehacer sus vidas lejos de lo que fue su hogar».