Ante la polémica suscitada, ANPE recuerda que debe desarrollarse de una vez por todas el Estatuto Docente, una norma marco que contemple las peculiaridades de la tarea docente y habilite el desarrollo de una carrera profesional, que es un mandato constitucional recogido ya en el Estatuto Básico de los Empleados Públicos. El Estatuto Docente fue un compromiso del Gobierno incumplido ya en dos legislaturas.
La productividad de los funcionarios públicos no es un concepto objetivo generalizable a todos los sectores, ha denunciado Anpe en un comunicado de prensa. En el marco general de la función pública, los docentes constituyen un grupo con características muy determinadas que, lejos de poder diluirse en ese retrato general denominado “el funcionariado”, deben reconocerse y potenciarse. En el caso de los profesores, resulta imposible vincular la “productividad” a términos cuantitativos. La productividad de un profesor no estriba en los aprobados o suspensos de sus alumnos sino en que intervenga con éxito en el proceso de desarrollo y aprendizaje de estos. Para ello necesita motivación, formación inicial y continua, implicación en los proyectos educativos de su centro, autoridad, estabilidad y apoyo. Estos términos no son objetivamente cuantificables en parámetros estrictos.
Los funcionarios docentes necesitan un Estatuto específico como elemento imprescindible para reconocer su profesionalidad y sus particularidades específicas. Y sobre todo necesitan una carrera profesional, que evalúe e incentive su desempeño profesional, su interés en la formación, su implicación en los proyectos educativos, y que permita tanto la promoción vertical –a otros cuerpos docentes- como la horizontal – dentro de la propia especialidad.
Las propuestas sobre la productividad de los funcionarios, cuando se refieren a los docentes, sólo pretenden enmascarar los brutales recortes retributivos aplicados en 2010 y proyectados hacia el 2011, sin expectativas de recuperación del poder adquisitivo. El Gobierno debe seguir los pasos de la Comisión Europea que ha rectificado sus recortes iniciales y ha aumentado las retribuciones a los funcionarios europeos para el 2011. En este sentido, ANPE continúa su compromiso de combatir jurídicamente el RD de 20 de mayo, y tras haber interpuesto recurso ante el Tribunal Supremo, que se ha declarado incompetente, ha interpuesto ahora contra esa declaración un recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional. Este recurso se ha presentado el lunes 15 de noviembre.
Nos hemos comprometido ante el profesorado a seguir hasta el final defendiendo derechos adquiridos por un colectivo injustamente maltratado. Si es verdad que la educación es la mejor política social, como tantas veces repiten los responsables políticos, que estas palabras se traduzcan en reconocimiento de la tarea docente, retribución económica adecuada para el profesorado, y aumento sustancial de la inversión educativa.
