El pleno de las Cortes autonómicas ha aprobado este jueves, 30 de noviembre, la Ley de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza como capital de Aragón, también conocida como ley de Capitalidad, con el apoyo de los grupos de la izquierda, PSOE, Podemos y Grupo Mixto –CHA e IU–, que han sumado 34 votos, y el rechazo de PP, Partido Aragonés (PAR) y Ciudadanos (Cs), con 30 votos en contra.
El alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, de Zaragoza en Común, ha seguido desde la tribuna del público este debate acompañado de la vicealcaldesa, Luisa Broto, el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, y el de Urbanismo y Sostenibilidad, Pablo Muñoz. Tras la aprobación, todos ellos han aplaudido, junto con los grupos de la izquierda del hemiciclo.
PP, PAR y Cs han criticado que no se hayan aceptado ninguna de sus 157 enmiendas parciales a la ley y han vaticinado poca perdurabilidad a la misma, mientras que los grupos de la izquierda han subrayado que el objetivo ha sido respetar la literalidad de un texto acordado entre el gobierno de la ciudad de Zaragoza y el Ejecutivo aragonés.
Para estos últimos, la actitud de los grupos de la derecha ha sido de «rabieta», tras calificar estos de «desprecio» a las Cortes que no se haya aceptado ninguna de sus enmiendas. La ley entrará en vigor a los 20 días de ser aprobada y permitirá así que el Gobierno de Aragón pueda transferir ocho millones de euros al Ayuntamiento de Zaragoza este año.
El diputado del PP, Miguel Ángel Lafuente, ha manifestado que esta ley «nace con casi el 50 por ciento de los aragoneses en contra» porque los grupos de la izquierda «no creen en el Parlamento», al que «han ninguneado» después de que el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, «dio la orden de que no se tocara el texto» y «lo han cumplido» al no aceptar las enmiendas.
«A esto ha venido la nueva política», algo que «será legal, pero inmoral», ha remarcado Lafuente, para sintetizar que esta ley responde a «sillones, oscurantismo, desprecio, claudicación y tutela de los intereses del Ayuntamiento de Zaragoza».
AFEAR EL ACUERDO
El diputado del PSOE, Darío Villagrasa, ha estimado que la derecha «eleva el tono para afear un acuerdo en positivo para los ciudadanos de Zaragoza» que «mejora los niveles competenciales, la capacidad de autoorganización, la normalización de las relaciones y las políticas de bienestar», para plantear que quizá la derecha «pretendía que no se aprobara a tiempo» porque «pone velas» para el fracaso de la izquierda.
Villagrasa ha enfatizado que su postura responde a su intención de «mantener el acuerdo de las dos instituciones», fruto de un trabajo con más de 16 reuniones técnicas y políticas, para esgrimir que «el consenso pretendido» por la derecha «se ha caído cuando han votado en contra incluso de los artículos a lo que no habían planteado enmiendas».
La portavoz de Podemos, Maru Díaz, ha defendido el «derecho a emitir nuestros votos en libertad» porque «tragar con sus enmiendas no se llama democracia» y ha opinado que «tienen hoy rabieta» porque «en una legislatura triplicamos la financiación al Ayuntamiento de Zaragoza», «eso es lo que hacen los novatos y que ustedes no supieron hacer mientras gobernaban», con una ley que permite ejercer competencias que la legislación estatal del PP pone en peligro, ha detallado.
La parlamentaria del PAR, María Herrero, ha dicho que «jamás ha ocurrido» que se mantengan todas las enmiendas de todos los grupos para el último debate por lo que el resultado es «una vergüenza de ley, chapucera, con cuestiones ininteligibles» y en la que «no se ha contado con la participación de nadie», cuando es una norma «importante y compleja» que debería perdurar en el tiempo. Ha rechazado que se determine una «cantidad fija» para el consistorio, sin necesidad de «justificar para cobrar».
La diputada de Cs, Susana Gaspar, ha preguntado «dónde quedan los 50 millones de euros» que reclamaba del PSOE cuando gobernaba en Zaragoza y como recoge su programa electoral porque esta ley contempla 13 millones y «recorta en autonomía y autogobierno», además de que se aprueba en un «ejercicio de antidemocracia» por parte «de los grupos que venía a abrir puertas y ventanas a la participación».
La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha precisado que se ha dado «trámite a un acuerdo político entre las dos instituciones más importantes de Aragón», que «sin estar gobernadas por el mismo partido han sido capaces de llegar a consensos y poner encima de la mesa una ley que hacía más de 20 años que se debía», para afirmar que «votamos con la misma legitimidad que ustedes y lo que les duele es que en la izquierda seamos capaces de llegar a acuerdos».
La parlamentaria de IU, Patricia Luquin, ha sentenciado que su formación «respeta los compromisos que firman dos gobiernos» y esta ley «necesitaba del acuerdo de dos instituciones», que «ustedes fueron incapaces» de alcanzar, una norma que se incluye dentro del acuerdo de investidura de IU con el PSOE y que «se aprueba con mayoría», además de que «estamos en nuestro derecho de no aceptar 200 enmiendas».
