Durante el periodo comprendido entre los años 2024 y 2025, la Diputación Provincial de Teruel ha desarrollado una serie de actuaciones, declaraciones y decisiones institucionales que, en su conjunto, me han supuesto un grave perjuicio moral y profesional, considerando que hasta la fecha he ejercido mis responsabilidades dentro del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) con plena dedicación, compromiso y respeto a la legalidad. He sido objeto de alusiones públicas injustificadas, especialmente por parte de miembros del equipo de gobierno de la corporación, que han difundido mensajes desvirtuando mi labor profesional y sembrando dudas sobre mi capacidad para desempeñar las funciones inherentes a mi puesto.
El procedimiento judicial y administrativo en torno a la plaza de Inspector del SPEIS se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo una institución pública puede utilizar sus mecanismos internos no para garantizar la legalidad, sino para eludirla deliberadamente. Tras la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, del 16 de julio de 2025, donde reconocía la inactividad de la Diputación y la obligación de continuar con el procedimiento para cubrir la plaza de Inspector Jefe del Servicio de Bomberos, desde Presidencia se decide no ejecutar la resolución, recurriéndola ante el Tribunal Supremo y utilizando mientras tanto instrumentos de carácter temporal para mantener el control político del Servicio de Bomberos. Dicho recurso de casación, pendiente de admisión, carece de fundamento casacional real y solo persigue dilatar la ejecución de la sentencia, vulnerando los principios de buena fe, eficacia y lealtad institucional. La Administración no puede utilizar el proceso judicial como un medio para evitar el cumplimiento de la ley o para castigar indirectamente a quien ejerce sus derechos de defensa. Cada uno de los actos dictados desde 2023 hasta la actualidad responde a una estrategia planificada de elusión de la legalidad, diseñada para impedir que el proceso selectivo avance y mantener el control jerárquico del servicio bajo criterios de confianza personal y no de capacidad profesional.
Lejos de limitarse al ámbito judicial, desde la Presidencia se ha impulsado una campaña pública de desprestigio contra mi persona , utilizando mi condición física -no tengo ningún reparo en decir que tengo prótesis en las dos caderas y un Desfibrilador Automático Implantable (DAI) – para sembrar dudas sobre mi capacidad profesional , pese a que el puesto de Inspector no requiere esfuerzo físico ni actividad operativa, sino tareas de dirección, planificación y supervisión técnica, tal y como dispone el Decreto 158/2014 del Gobierno de Aragón. En el Pleno de la Diputación de 28 de febrero de 2024 se llegó a afirmar que las bases del proceso debían quedar «en cuarentena» por haberse adaptado a «personas con discapacidad». Además, compararon el proceso con el del Ayuntamiento de Zaragoza en 2018, asegurando que exigían «pruebas físicas duras y exigentes», algo que es rotundamente falso. En Zaragoza no hubo pruebas físicas, fue un proceso técnico y administrativo. Mintieron conscientemente para dañar mi imagen y presentarme como beneficiado, cuando lo único que pido es que se cumpla la ley.
Las declaraciones vertidas desde presidencia revelan una estrategia coordinada de descrédito personal, con el objetivo de desviar la atención de la inactividad de la Diputación y mantener bloqueado el proceso judicialmente reconocido. Han tenido la desfachatez de utilizar la discapacidad como pretexto político, incurriendo en una discriminación contraria a los artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española, a la Ley 15/2022 de Igualdad de Trato y No Discriminación y a la Ley General 1/2013 de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Esta persecución no solo me afecta a mí; demuestra cómo se utiliza el poder político para manipular los procesos públicos y castigar a quien defiende la legalidad. No pido favores, solo que se cumpla la sentencia y se respete mi dignidad. Como no puede ser de otra manera, continuaré defendiendo mis derechos ante los tribunales exigiendo responsabilidades por el daño moral y profesional causado por una campaña que califico como «la mayor injusticia institucional vivida en la Diputación de Teruel en los últimos años». La sociedad turolense tiene derecho a conocer lo que ocurre y a exigir que se restablezca la legalidad, se depuren responsabilidades y se devuelva la dignidad a una institución que debería estar al servicio de todos.
«Frente al abuso político y la manipulación del poder, la perseverancia es el acto más digno de resistencia.»
