CHA lamenta que su propuesta para apartar de sus cargos públicos a los imputados por corrupción haya sido rechazada en el Senado

miércoles, 15 septiembre , 2010 | Por | Categoria: Aragón

“Es incomprensible por qué les parece que esta medida atenta contra la presunción de inocencia pero enviar a un cargo imputado a la cárcel no”, afirma Nieves Ibeas. “Negarse a explorar todas las fórmulas contra la corrupción no ayuda precisamente a recuperar la confianza y la credibilidad de los partidos políticos entre la ciudadanía”

El pleno del Senado ha rechazado hoy tomar en consideración la proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo relativo a la suspensión provisional de empleo o cargo público, impulsada por Chunta Aragonesista y registrada en la Cámara baja gracias a su acuerdo de colaboración política con el Bloc per Mallorca i PSM-Verds, cuyo senador, Pere Sampol, ha sido el único que la ha votado a favor.

“Es difícil entender que ningún partido se haya atrevido a respaldar, no ya la propuesta, sino que esta propuesta pudiera debatirse y mejorarse en el Senado”, ha lamentado la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, para quien “resulta incomprensible que digan que no atenta contra la presunción de inocencia que un juez pueda enviar a personas imputadas a prisión pero que sí la vulnera apartarlas del cargo público”. Para Ibeas, “negarse a explorar todas las fórmulas posibles contra la corrupción no ayuda precisamente a recuperar la confianza y la credibilidad de los partidos políticos entre la ciudadanía, y con razón es cada vez más escéptica ante la naturaleza de los intereses que la mayoría de ellos defienden”.

Ibeas ha recordado que en círculos judiciales la propuesta había sido bien acogida, que incluso el Juez Decano de Zaragoza manifestó públicamente que la consideraba “factible y positiva”, y que también la respaldó el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que, durante la fase de instrucción de un sumario, el juez pueda enviar a prisión provisionalmente a las personas imputadas por delitos de corrupción pero no que se las pueda apartar provisionalmente de su cargo público. CHA plantea que se incluya también esta segunda posibilidad, con las mismas garantías procesales que para la prisión provisional y los mismos requisitos: que conste en la causa la existencia de hechos constitutivos de delitos graves de corrupción, que haya motivos bastantes para creer responsable criminalmente a esa persona y que sea necesario para evitar el riesgo de que la persona imputada cometa otros hechos delictivos de la misma naturaleza.

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