Mientras el presidente comarcal, Javier Larraz, denuncia un «boicot político» injustificado, la alcaldesa de Cortes, Ana Belén Aparicio, advierte de graves deficiencias de seguridad en el proyecto y exige «rigor administrativo» para evitar nulidades legales.
El desarrollo turístico de la provincia de Teruel vive hoy un nuevo capítulo de tensión política. El proyecto de la Vía Verde de Cuencas Mineras, una infraestructura clave que pretende recuperar el antiguo trazado del ferrocarril minero entre Utrillas y las Ventas de Muniesa, se ha convertido en el epicentro de un agrio enfrentamiento entre la institución comarcal y el Ayuntamiento de Cortes de Aragón.
Lo que debería ser un trámite para dinamizar el territorio ha derivado en un cruce de comunicados oficiales donde se mezclan acusaciones de obstruccionismo partidista con advertencias sobre ilegalidades urbanísticas y seguridad vial.
La denuncia de la Comarca: «Una acción destructiva»
El primero en alzar la voz ha sido Javier Larraz, presidente de la Comarca de Cuencas Mineras. Larraz ha expresado su «sorpresa e indignación» ante lo que califica como un intento deliberado de boicotear la ejecución del proyecto por parte del Ayuntamiento de Cortes de Aragón.
Según la versión comarcal, el consistorio dirigido por el Partido Popular ha exigido una batería de documentos —incluyendo permisos de carreteras, del INAGA y de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)— como condición sine qua non para conceder la licencia de obras, advirtiendo incluso con desestimar la solicitud si no se presentan.
Para Larraz, estas exigencias no responden a criterios técnicos, sino a una estrategia de «confrontación política» debido a que la Comarca y el Ayuntamiento están gobernados por partidos distintos. Sus argumentos clave son:
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Agravio comparativo: El presidente asegura que el resto de ayuntamientos afectados han mostrado una «colaboración total», facilitando trámites e incluso aprobando exenciones fiscales para la obra, al contrario que Cortes.
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Inversiones bloqueadas: Larraz recuerda que el proyecto incluye beneficios directos para el municipio, como la instalación de placas fotovoltaicas para compensar el consumo de edificios municipales.
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Intencionalidad: Califica el requerimiento municipal como una acción «claramente destructiva» que busca ralentizar la inversión de forma intencionada.
La respuesta de Cortes de Aragón: «Seguridad y Legalidad»
La réplica del Ayuntamiento de Cortes de Aragón no se ha hecho esperar. A través de su alcaldesa, Ana Belén Aparicio, el consistorio ha negado tajantemente el boicot y ha devuelto la pelota al tejado de la Comarca, exigiendo «más rigor administrativo y menos presión política».
El Ayuntamiento asegura respaldar el proyecto como motor turístico, pero advierte que no puede autorizar una obra que vulnere la ley. Su postura se basa en tres pilares técnicos fundamentales:
1. Seguridad Vial y Carreteras
El punto más crítico es la invasión de zonas de servidumbre. Los técnicos municipales alertan de que el trazado propuesto invade los dominios de las carreteras autonómicas A-222 y A-2501. El Ayuntamiento califica de «temeridad legal y física» permitir el paso de ciclistas por esas zonas sin el informe favorable de la Dirección General de Carreteras. Además, señalan una contradicción flagrante: la propia memoria del proyecto presentado por la Comarca (página 20) admite que es necesario contar con esa autorización, pero no la han incluido en el expediente.
2. El conflicto de los Impuestos (ICIO)
Respecto a las quejas de Larraz sobre la falta de bonificaciones fiscales, Cortes de Aragón argumenta una imposibilidad técnica. La Comarca presentó un presupuesto global de 2,4 millones de euros, pero no desglosó qué parte corresponde al término municipal de Cortes. «Sin un presupuesto desglosado es materialmente imposible calcular la base imponible del impuesto», explican desde el Ayuntamiento. Advierten que eximir del pago por decreto, sin pasar por el procedimiento reglado del Pleno, constituiría un delito de prevaricación.
3. El riesgo de los Fondos Europeos
Finalmente, el consistorio lanza una advertencia sobre la financiación. Recuerdan a Larraz que la obtención de todas las licencias sectoriales (INAGA, CHE, Carreteras) no es burocracia, sino la única garantía para superar la fiscalización de los Fondos Europeos. «Si hasta el momento solo se la ha requerido Cortes de Aragón, mal vamos, todo sea que nos toque devolverlos», sentencian desde la alcaldía.
Un proyecto en punto muerto
Mientras la Comarca exige que se abandone la «actitud obstructiva» , el Ayuntamiento de Cortes mantiene que la licencia se tramitará en el momento en que la Comarca subsane la falta de documentación y aporte los permisos de carreteras. El futuro inmediato de la Vía Verde en este tramo queda ahora a expensas de la subsanación de estos expedientes y del entendimiento entre ambas instituciones
