El Consejo de Ministros da luz verde a la medida, mientras que el Ejecutivo aragonés y la dirección nacional del Partido Popular denuncian el colapso de los servicios públicos y la falta de transparencia.
Redacción
El complejo debate sobre la política migratoria en España ha alcanzado este martes un nuevo punto de máxima tensión. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que inicia un proceso de regularización administrativa extraordinaria para personas migrantes que ya residen en el país. La decisión ha provocado una respuesta inmediata y contundente por parte del Gobierno de Aragón y del Partido Popular a nivel nacional, quienes han anunciado una ofensiva política y judicial contra la medida.
Las claves del decreto gubernamental
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones defiende este proceso como el primer hito de su Plan de Integración. La ministra Elma Saiz ha celebrado la aprobación asegurando que «hoy España se convierte en un país mejor que reconoce derechos en lugar de recortarlos».
Los detalles técnicos del procedimiento establecen las siguientes bases:
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Plazos: El periodo de solicitudes se abre este jueves 16 de abril de forma telemática y estará vigente hasta el 30 de junio. La atención presencial comenzará el 20 de abril.
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Derechos: La autorización otorgará permiso de residencia y trabajo durante un año en cualquier sector y lugar de España.
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Requisitos: Los solicitantes deben demostrar encontrarse en España desde antes del 1 de enero de 2026, haber permanecido ininterrumpidamente al menos cinco meses, carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para la salud o la seguridad pública.
Aragón llevará el texto ante la Justicia
La respuesta desde la Diputación General de Aragón (DGA) ha sido de rechazo frontal. El Ejecutivo autonómico ha confirmado que, en cuanto el texto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), interpondrá todas las acciones judiciales y políticas posibles para frenar el procedimiento.
La DGA argumenta que la medida es una «irresponsabilidad» diseñada a espaldas de las Comunidades Autónomas y advierte de graves consecuencias para la región:
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Colapso de servicios: Aragón alerta de que incorporar a un número indeterminado de personas (que estiman entre 500.000 y 1.350.000 a nivel nacional) sin dotación económica hundirá la sanidad pública, el sistema educativo y los servicios sociales.
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Seguridad y opacidad: El Ejecutivo aragonés denuncia que sus alegaciones presentadas en febrero fueron ignoradas y critica que la existencia de antecedentes no suponga una denegación automática, lo que consideran una amenaza para la seguridad.
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Efecto llamada y agravio: Consideran que esta regularización masiva premia la irregularidad, supone una injusticia para los extranjeros que cumplen la ley e incentiva económicamente a quienes se lucran mediante prácticas fraudulentas.
El PP nacional califica la medida de «insostenible»
En sintonía con el Ejecutivo aragonés, la dirección nacional del Partido Popular ha cargado duramente contra el decreto. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado absolutamente en contra de la regularización, tachándola de «inhumana, injusta, insegura e insostenible».
Feijóo ha centrado sus críticas en la forma y el fondo de la decisión:
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Falta de control parlamentario: Ha reprochado que un debate de esta magnitud no se haya sustanciado en el Congreso, sino mediante un decreto del Consejo de Ministros mientras el presidente Pedro Sánchez se encuentra de viaje en China.
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Consecuencias sociales: Para el líder popular, esta acción «alienta a las mafias», se ejecuta sin prever el coste para las administraciones autonómicas y locales, y envía el mensaje de que «romper las normas sale más rentable que cumplirlas».
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Modelo alternativo: El PP asegura defender una política migratoria «legal, ordenada y compatible con la legislación europea», recordando que la actual medida es contraria a lo que marca el Pacto de Migración y Asilo europeo.
