El Pleno municipal aprueba una propuesta del grupo Popular para exigir al Ejecutivo central planificación y coordinación con las entidades locales además de apoyo económico suficiente para afrontar el impacto administrativo y social derivado del Real Decreto 316/2026
El Ayuntamiento de Teruel va a solicitar al Gobierno de España la revisión del proceso de regularización de inmigrantes impulsado a través del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, y le va a exigir financiación suficiente y recursos adecuados para que los municipios puedan afrontar las nuevas cargas administrativas y sociales derivadas de esta medida.
La petición ha salido adelante en el pleno ordinario correspondiente al mes de mayo, celebrado esta mañana, mediante una propuesta presentada por el grupo municipal Popular y que ha rechazado Teruel Existe, PSOE y VOX.
Según recoge la iniciativa de los populares, cualquier medida de esta magnitud debe desarrollarse con planificación, transparencia y una financiación acorde al impacto real que tendrá sobre las administraciones locales, especialmente en ámbitos como la tramitación administrativa, los servicios sociales y los procesos de inclusión.
La alcaldesa, Emma Buj ha calificado por dos veces de “chapuza” este proceso lanzado por el Gobierno Central pero cuyos costes tienen que asumir los ayuntamientos, según ha lamentado.
La concejal de Servicios Sociales, perteneciente al grupo Popular, Carmen Romero, ha sido la encargada de defender la propuesta, subrayando durante el debate que el decreto aprobado por el Gobierno central “plantea un proceso de regularización masiva de inmigrantes sin planificación suficiente, sin coordinación con las entidades locales y sin dotación económica que garantice su adecuada gestión”.
En este sentido, ha advertido de que desde la entrada en vigor de la norma ya se está observando en distintos municipios un incremento significativo de la demanda en servicios sociales, generando presión sobre estructuras que, según ha señalado, “ya trabajan al límite de su capacidad”.
“Los ayuntamientos somos la administración más cercana al ciudadano y los primeros en asumir las consecuencias directas de este tipo de decisiones, desde la atención social básica hasta cuestiones relacionadas con vivienda, escolarización, acompañamiento e inclusión”, ha manifestado Romero.
Desde el grupo Popular se ha insistido en que esta medida se ha adoptado sin contar con los municipios ni prever recursos adicionales para hacer frente a su impacto. En el caso de Teruel, han subrayado que la ciudad dispone de una red de servicios sociales “comprometida y eficaz”, aunque limitada en medios humanos y materiales.
Según ha expuesto la concejal popular, la asunción de nuevas cargas sin financiación adicional “pone en riesgo la calidad del servicio que se presta al conjunto de los vecinos y dificulta la atención a situaciones de emergencia social ya existentes”.
Asimismo, la propuesta municipal pone el foco en la incertidumbre administrativa y jurídica que genera el propio diseño del proceso, especialmente en cuestiones como la emisión de informes de vulnerabilidad, una responsabilidad que podría recaer en los ayuntamientos “sin un marco claro ni recursos suficientes”.
Desde el Ayuntamiento de Teruel se ha reiterado la defensa de una política migratoria “ordenada, legal y coordinada entre administraciones”, basada en la integración real y el respeto a las normas.
“Aquí no estamos hablando de ideología, sino de sentido común. No se puede adoptar una decisión de este calibre sin recursos y sin contar con los ayuntamientos”, ha concluido la concejal de Servicios Sociales.
Con esta iniciativa, el consistorio turolense pretende trasladar al Gobierno de España la preocupación creciente de las entidades locales y reclamar soluciones que permitan garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos municipales ante decisiones de gran impacto social y administrativo.
A día de hoy son 141 las personas que han acudido a los Servicios Sociales del Ayuntamiento demandando informes de vulnerabilidad Desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel se critica la falta de instrucciones claras por parte del Gobierno central a los ayuntamientos y a las entidades que tienen que gestionar esos informes de vulnerabilidad..
OTRAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
El Grupo Municipal de VOX, se ha quedado sólo en su propuesta de resolución referente a la Prioridad Nacional. El Partido Popular ha presentado una enmienda a dicha proposición que no ha sido aceptada por VOX en la que planteaban dar prioridad en ayudas, vivienda y sanidad a personas con arraigo legal y prolongado en España, vinculando el acceso a tiempo de residencia, empadronamiento y contribución económica.
Tampoco ha salido adelante ninguna de las dos propuestas presentadas por el Grupo Municipal del PSOE. La primera, en la que pedían llevar a cabo un programa integral de renaturalización de los patios de recreo de los colegios públicos de educación infantil y primaria. La concejal de Educación, Mari Carmen Muñoz ha respondido al Partido Socialista que la renaturalización de colegios es positiva, pero no es competencia principal de los ayuntamientos, que se limitan al mantenimiento.
Muñoz ha recordado al PSOE su etapa en el Gobierno cuando construyó “patios muy duros” y le ha afeado que ahora en la oposición pida modificarlos. La concejal ha explicado que el actual equipo de Gobierno del PP realiza periódicamente mejoras y arreglos en los centros escolares además de estar en contacto continuo con la dirección provincial. Así mismo, ha recalcado que lo que piden los socialistas en su propuesta no siempre es viable por falta de espacio y presupuesto, que puede convertirse en una “moda”, y que lo importante “es priorizar recursos y asegurar el mantenimiento a largo plazo, aplicando solo medidas realistas y progresivas”. Por todo ello, el PP ha votado en contra mientras que Teruel Existe y VOX se han abstenido.
La segunda propuesta de los socialistas reclamaba la necesidad de establecer un protocolo municipal para la ejecución de trabajos de limpieza intensiva en el espacio público. Esta propuesta la presentan a raíz de las quejas de los comerciantes de la Plaza de la Marquesa por una limpieza que se hizo recientemente en ese espacio y que levantó polvareda. Tanto el concejal de Limpieza, Jesús Artigot como la alcaldesa han lamentado lo sucedido si bien han aclarado que fue un hecho puntual que no volverá a ocurrir al tiempo que han defendido que no se puede hacer un protocolo de actuación por cada actuación puntual que se produzca en la ciudad. La propuesta ha contado con el apoyo de Teruel Existe y VOX.
Teruel Existe tampoco ha logrado que se aprobara su propuesta en la que solicitaban la defensa y prioridad de la educación pública en Aragón. El grupo Popular ha rechazado esta propuesta argumentando que la educación pública y la concertada son complementarias, no excluyentes. Según ha defendido el portavoz Popular, Carlos Méndez, las familias de la concertada también pagan impuestos. Méndez ha señalado que la concertada no quita recursos a la pública, y ha insistido en que la propuesta de Teruel Existe crea un falso dilema. Los populares se oponen a eliminar la concertación del Bachillerato, porque según han subrayado “esta medida limitaría la libertad de elección”.
La alcaldesa ha cerrado el turno de intervenciones de esta propuesta recordando que el Gobierno de Aragón invierte 134 millones más a la pública de lo que hizo el Gobierno socialista además de contar con 400 docentes más en Educación. Buj ha defendido que la concertada forma parte del sistema público.
