La alcaldesa Emma Buj critica la falta de directrices del Gobierno central y tilda la gestión de «desorganizada y desordenada», una denuncia por la inconcreción del proceso a la que también se suman otros consistorios como el de Zaragoza.
El proceso de regularización de inmigrantes, iniciado a nivel nacional la pasada semana, ha generado un aluvión de peticiones en la capital turolense. Durante estos primeros siete días, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Teruel han registrado un total de 105 solicitudes para la tramitación de informes de vulnerabilidad, documento clave en este procedimiento.
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, dio a conocer ayer estas cifras, aprovechando su intervención para denunciar la situación en la que se encuentran las administraciones locales. Buj criticó duramente la falta de instrucciones claras por parte del Gobierno central dirigidas a los ayuntamientos y a las entidades encargadas de gestionar dichos informes de vulnerabilidad.
En este sentido, la primera edil y senadora del Partido Popular no dudó en calificar el desarrollo de este proceso como «desorganizado y desordenado», señalando las dificultades que la falta de un protocolo definido genera en el trabajo diario de los servicios municipales. Se trata de un problema de inconcreción que trasciende a la capital turolense, ya que otros grandes municipios, como es el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, también están denunciando en los últimos días esta misma situación y la ausencia de directrices.
Ante este escenario de incertidumbre administrativa, Buj confirmó que el consistorio turolense ya ha movido ficha y ha solicitado formalmente aclaraciones a la Subdelegación del Gobierno para conocer con exactitud cuáles deben ser los criterios aplicables a la hora de emitir estos informes de vulnerabilidad.
