Zaragoza avanza en la resolución del conflicto de las piscinas municipales con una licitación de 11,4 millones de euros
El Ayuntamiento asegura la apertura de los centros y el mantenimiento del servicio tras el anuncio de un ERTE que afecta a 50 trabajadores de los complejos Alberto Maestro y Palafox.
El conflicto laboral e institucional que en los últimos días ha sobrevolado las piscinas municipales de Zaragoza parece encarar su recta final. El Gobierno de la ciudad ha aprobado este lunes el expediente de contratación para el servicio de control de accesos, mantenimiento y socorrismo de las piscinas de verano por un valor de 11,4 millones de euros.
La medida llega en un momento de gran tensión tras el anuncio por parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Piscinas Zaragoza (formada por Salzillo Servicios Integrales e Imesapi) de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Este procedimiento, comunicado a la plantilla el pasado 26 de marzo, dejaba en el aire el futuro inmediato de 50 trabajadores de los centros deportivos municipales Alberto Maestro y Palafox, cuyo contrato de gestión estaba próximo a caducar.
Desde los sindicatos, organizaciones como UGT han alzado la voz advirtiendo que el servicio se encontraba en un «vacío legal» y reclamando medidas urgentes para proteger el empleo y evitar el cierre de las instalaciones deportivas.
Un nuevo contrato para blindar el servicio
Para disipar la incertidumbre, el Ayuntamiento de Zaragoza ha movido ficha con rapidez. El nuevo pliego de condiciones, que abarca la gestión de todas las piscinas de verano de la capital aragonesa (incluidas Alberto Maestro y Palafox), tendrá una duración inicial de cuatro años, con la posibilidad de prorrogarse uno más.
La licitación se ha estructurado en dos lotes diferenciados para optimizar la gestión:
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Control de accesos y mantenimiento: Dotado con un presupuesto de algo más de 6,9 millones de euros.
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Servicio de socorrismo: Valorado en un importe máximo de 4,5 millones de euros.
Orden de continuidad para evitar cierres
Consciente de los plazos administrativos que requiere un concurso público de esta magnitud, el equipo de gobierno ha asegurado que no hay riesgo de cierre ni de merma en el servicio para los usuarios. Próximamente, el Ayuntamiento aprobará una «orden de continuidad» obligatoria. Esta herramienta jurídica obligará a la actual concesionaria a seguir prestando los servicios con total normalidad hasta que el nuevo contrato sea adjudicado de manera definitiva, garantizando así la calidad, la seguridad, el mantenimiento de las instalaciones y, sobre todo, la protección de los 50 puestos de trabajo amenazados por el ERTE.
Con este movimiento, el consistorio zaragozano busca dar un carpetazo definitivo a la incertidumbre generada en la última semana y asegurar que la temporada de baño estival se desarrolle sin incidencias.
