El Gobierno de Aragón ha interpuesto recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Zaragoza por el incumplimiento de los planes urbanísticos de la calle Embarcadero, que acumulan tres años de paralización, impidiendo al Ejecutivo sacar adelante sus proyectos de construcción de viviendas de alquiler para jóvenes.
Los terrenos de la calle Embarcadero, en Casablanca, proceden de una cesión del Estado al Gobierno de Aragón en el año 2010, después de que el intento de ordenación de los suelos que había impulsado el Ayuntamiento en 1995 se encontrarse con la oposición del Estado y, posteriormente, con una sentencia del Supremo que obligaba a retrotraer los trámites a 1995, justo después de la aprobación inicial del plan especial.
Posteriores conversaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza favorecieron la ordenación del espacio y ambas instituciones volvieran a valorar, ya en esta legislatura, la conveniencia de impulsar de nuevo la transformación de los terrenos, ajustándose a la sentencia del Supremo, que incrementa la superficie de zona verde y de equipamientos que se ceden al Ayuntamiento, aunque manteniendo el aprovechamiento lucrativo al que tiene derecho el Gobierno de Aragón.
Con este espíritu se firmó en marzo de 2020 el convenio de planeamiento y gestión que daba un plazo de tres meses para lograr la aprobación definitiva del plan especial. Este acuerdo no se cumplió y volvió repescarse en los pactos de la Bilateral de noviembre de 2021, que acordó concluir el proceso de información pública – del que derivaron unas alegaciones que tardaron 13 meses a llegar a la DGA-, valorar los suelos y aprobar el plan especial definitivamente en febrero de 2022, que tampoco se cumplió.
