Tras la rueda de prensa de esta mañana en Teruel, que ha dado el portavoz de VOX en Aragón, esta tarde el gobierno aragonés ha emitido una nota como respuesta oficial a las declaraciones citadas. La nota dice así:
EL GOBIERNO DE ARAGÓN ANIMA AL SEÑOR NOLASCO A DARSE UN BAÑO DE REALIDAD Y VIAJAR A MARRUECOS Y ARGELIA A VER SI ES CAPAZ DE NEGOCIAR NUEVOS CONVENIOS DE REPATRIACIÓN
Las declaraciones de hoy del señor Nolasco demuestran un desconocimiento profundo de la realidad de las políticas, la legalidad, las medidas y los recursos en materia de inmigración
En este sentido, hay que aclarar que:
1- Respecto a la ley de Extranjería, el procedimiento que establece para pedir la repatriación de menores se inicia a petición de la Comunidad Autónoma ante el delegado del Gobierno, que es quien debe incoar, tramitar y resolver el procedimiento de repatriación. En dicho procedimiento participan tanto la fiscalía como el propio menor, que debe ser oído en la solicitud de repatriación, que debe atender siempre al interés superior del menor. Pero los menores, los países y las familias de origen se pueden negar a la repatriación y eso la hace automáticamente inviable.
Además, actualmente es imposible firmar un convenio de esas características.
Argelia y Marruecos tienen los acuerdos de devolución suspendidos desde hace años. (Argelia desde 2022 y Marruecos no ha repatriado ningún menor desde 2017, tal y como se puede leer en las memorias de la fiscalía general del Estado).
Por ello, animamos al señor Nolasco a darse un baño de realidad viajando a estos dos países a intentar reactivar dichos convenios de repatriación.
2- la DGA no tiene convenios directos con Cruz Roja, ACCEM, Cepaim y APIP ACAM en materia de inmigración.
Estas entidades reciben subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y no puede excluirse a nadie de ellas.
Las subvenciones que reciben estas entidades son por el desarrollo de programas en múltiples aspectos, no solo las relativas a la inmigración, como son: el trabajo con personas sin hogar, las personas mayores, la pobreza infantil, la formación e inserción laboral o la atención a víctimas de trata de blancas, por poner algunos ejemplos.
Solamente Cruz Roja tiene un convenio directo para la gestión del centro de día de personas mayores en la ciudad de Teruel, como es público y transparente en los presupuestos del Gobierno de Aragón.
3- La DGA solo tiene acuerdos de acción concertada con Cepaim y Accem para gestionar centros de menores, menores que están bajo el paraguas del sistema de protecciones de menores, no solo menores migrantes.
El señor Nolasco reduce todo el sistema de protecciones a la infancia a menores migrantes no acompañados y tenemos que recordar que de los 800 menores que residen en un centro del Gobierno de Aragón solo una parte son menores extranjeros no acompañados.
4- La entidad APIP ACAM gestiona un piso de transición a la vida independiente que nada tiene que ver con menores migrantes.
Cruz Roja no gestiona centros de menores desde hace muchos años por decisión propia.
Y respecto a la gestión de un centro de menores por la entidad APIP ACAM, este es un centro de menores de protección internacional con un contrato con el Gobierno de España. Estos menores son tutelados por el gobierno de Canarias y el Gobierno de Aragón no tiene ninguna responsabilidad sobre los menores o la gestión de la entidad.
Solamente la atención sanitaria es competencia de la DGA, en este caso y lo es por mandato legislativo.
5- Los adultos inmigrantes son competencia del Estado, llegan a Aragón a través de contratos o acuerdos de acciones concertadas del Ministerio de Inclusión, seguridad social y migraciones., con ONGs acreditadas en materia de inmigración.
Estos adultos están en programas de acogida humanitaria, protección internacional o de refugiados financiados por el gobierno de España y sin que la Comunidad Autónoma tenga capacidad de decisión sobre su ubicación en nuestra región. Ni siquiera sabemos cuándo llegan ni dónde se alojan en la mayoría de las ocasiones. Recordamos que hemos solicitado esta información en numerosas ocasiones al Gobierno de España, así como coordinación y lealtad institucional ante este procedimiento que está ocasionando importantes problemas de sinhogarismo cuando estas personas salen de los programas que gestionan las ONGs pagadas por el Gobierno de España.
La única competencia que la CA asume en estos casos es la sanidad y la educación, en el caso de familias con menores, que recordamos es obligatorio por ley, independientemente de la situación administrativa de estas personas.
Son las comarcas y los ayuntamientos quienes están haciendo frente a las necesidades sociales o los problemas de sinhogarismo de las personas que salen de los programas de las ONGs y el Gobierno de España, sin ningún apoyo económico del ejecutivo central.
6- En las conferencias sectoriales ya no se decide nada sobre el reparto de menores, porque el gobierno de Sánchez ha decidido dejar sin efecto el acuerdo voluntario instaurado en 2022 y el traslado de menores ahora se impone a las CCAA de manera unilateral, tras la aprobación Del Real Decreto de marzo de 2025, que tiene como objetivo beneficiar a sus socios de Junts, ERC y PNV,
Los menores se trasladan a la Comunidad Autónoma por imposición legal y recordamos que el Real Decreto de Marzo de 2025 ha sido recurrido por la DGA al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo , a la Audiencia Nacional y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Se han recurrido también las normas posteriores derivadas de este Real Decreto y los actos administrativos para el reparto de los menores.
7- Sobre la derogación de la ley de memoria democrática, tampoco acierta el señor Nolasco con el recuerdo de lo efectivamente sucedido.
Fue un punto del pacto de gobierno PP-Vox que el PP ya mantenía en su ideario político desde el último congreso autonómico. No fue ninguna imposición, sino un acuerdo compartido por las dos partes en el que el Partido Popular incluyó la creación de un Plan de Concordia a través del cual se mantienen aspectos como la exhumación de fosas y la recuperación de los restos de represaliados en la Guerra Civil. La derogación y el Plan de Concordia fueron impulsados desde el departamento de Presidencia, liderado en inicio por Tomasa Hernández y después por Mar Vaquero.
8- El Gobierno de Aragón le solicita al señor Nolasco más preparación, sensatez, seriedad y responsabilidad a la hora emitir declaraciones sobre esta y otras cuestiones.
