La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, califica los hechos de «muy graves» y señala la responsabilidad de los anteriores gobiernos socialistas y las posibles conexiones con el caso Koldo.
El Gobierno de Aragón ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel su personación como «perjudicado» y acusación particular en el caso Forestalia. La medida, anunciada por la vicepresidenta y portavoz en funciones del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, busca habilitar a la Administración para ejercer futuras «acciones civiles o penales» contra la empresa energética. La compañía, propiedad de Fernando Samper, está siendo investigada por la Guardia Civil por el presunto amaño y trato de favor en la obtención de autorizaciones ambientales para sus macroproyectos de energías renovables.
Señalamiento político a los ejecutivos socialistas
Vaquero ha calificado las pesquisas conocidas hasta ahora como «muy graves y preocupantes», asegurando que el Gobierno aragonés les otorga «toda la credibilidad». En el plano político, la vicepresidenta ha apuntado directamente a las anteriores administraciones del PSOE, responsabilizando tanto al Gobierno central de Pedro Sánchez como al anterior Ejecutivo aragonés presidido por Javier Lambán.
La inquietud en el seno del Gobierno de Jorge Azcón aumenta ante las sospechas de que esta trama guarde presuntas ramificaciones con otros escándalos de ámbito nacional como el caso Koldo, Ábalos o Cerdán. Ante este escenario, Vaquero ha incidido en la necesidad de conformar una nueva comisión de investigación en las Cortes de Aragón para depurar responsabilidades, recordando que la celebrada en la legislatura pasada fue calificada de «fraude» por grupos ecologistas.
Revisión de documentos y futuro de los proyectos
El Gobierno de Aragón ha ofrecido su colaboración a la Justicia, pero descarta por el momento la paralización generalizada de los proyectos de la compañía para «respetar los tiempos» judiciales. Esto incluye el polémico Clúster Maestrazgo, sobre el cual Vaquero ha recordado que su tramitación depende del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).
Lo que sí ha ordenado el Ejecutivo desde el Pignatelli es una «revisión de todos y cada uno de los documentos» y expedientes de renovables vinculados a la empresa. Según la vicepresidenta, las firmas con inversiones millonarias comprometidas en Aragón (como es el caso de la gigafactoría de Figueruelas) no han mostrado preocupación hasta la fecha, si bien no ha desvelado qué ocurrirá con grandes apuestas de Forestalia como el centro de datos proyectado con 12.000 millones de euros de inversión. Además, ha aseverado que no han tenido «ningún contacto» con la empresa desde los últimos registros policiales.
Defensa del Inaga actual frente a las críticas
La investigación judicial sitúa en el foco tanto al Miteco como al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Un reciente informe de la Cámara de Cuentas censuró la falta de control de este organismo autonómico en etapas anteriores, recordando que se abolió la necesidad de que los funcionarios firmaran documentos de conflictos de intereses respecto a las empresas evaluadas.
A pesar de las exigencias de las plataformas ecologistas para desmantelar el Instituto y reintegrarlo en la DGA, Vaquero ha defendido la gestión actual del Inaga llevada a cabo por el PP, destacando su cambio de dirección y su dotación de más recursos para lograr «mayor transparencia».
Las claves del anuncio:
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La Administración autonómica se persona como acusación particular bajo el consejo de sus servicios jurídicos.
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Mar Vaquero señala directamente a la gestión de los anteriores gobiernos de Sánchez y Lambán.
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Se someterán a revisión todos los papeles de Forestalia, aunque sin paralizar sus obras en marcha.
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El Ejecutivo autonómico defiende la continuidad del Inaga con su estructura actual.
