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El Gobierno de España recurrirá al Tribunal Constitucional la derogación de la Ley aragonesa de Memoria Democrática

El Gobierno de España recurrirá al Tribunal Constitucional las normas de las CCAA que
pretendan derogar las leyes de Memoria Democrática
• El Ministerio convocará una Comisión Bilateral con Aragón, que ya
ha aprobado su ley, y analizará si las proposiciones legislativas de
la Concordia de Castilla y León y Comunitat Valenciana conculcan
la Ley de Memoria Democrática de 2022
• Ángel Víctor Torres señala que estas propuestas llevadas a cabo
por los gobiernos autonómicos de PP y Vox son “un intento de
blanquear la Dictadura” y garantiza que la Ley estatal se cumplirá
“en todos los rincones del país”
Madrid, 1 de abril de 2024. El Gobierno de España elevará al Tribunal
Constitucional las leyes autonómicas que derogan la regulación de la Memoria
Democrática y que se han impulsado en las comunidades de Aragón, la
Comunitat Valenciana y, más recientemente, Castilla y León. El Ministerio de
Política Territorial y Memoria Democrática analizará si estas legislaciones
autonómicas conculcan la Ley de Memoria Democrática de 2022 y los tratados
internacionales de derecho humanitario suscritos por España.
Los grupos parlamentarios del PP y Vox de Castilla y León presentaron el
pasado martes una proposición de ley autonómica de la Concordia que
pretende derogar el actual Decreto de Memoria Histórica y Democrática,
aprobado por al anterior Gobierno de la comunidad. Antes, a mediados de
febrero pasado, el Gobierno de Aragón derogó la Ley autonómica de Memoria
Democrática, impulsada por el anterior ejecutivo en 2018. También hizo lo
propio la Comunitat Valenciana, cuando el 21 de marzo presentó, de la mano
del PP y Vox, una proposición de Ley autonómica de la Concordia para sustituir
a la actual Ley Valenciana de Memoria Democrática de 2017.
“Las secretarías de Estado de Política Territorial y de Memoria Democrática
han estudiado las leyes y proposiciones de ley que están impulsando los
gobiernos conformados por PP y Vox contra la Memoria Democrática. Con
respecto a Aragón, que ya ha aprobado su norma para derogar le ley
autonómica de 2018, el Gobierno activará la Comisión Bilateral para intentar
llegar a un acuerdo. Si no se alcanza, recurriremos al Tribunal Constitucional”,
ha señalado Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria
Democrática. Sobre la Comunitat Valenciana y Castilla y León, el ministro ha
aclarado que los servicios jurídicos están analizando los textos y, “si es
pertinente, también se interpondrán recursos de inconstitucionalidad”, afirmó.
“Este es un Ministerio de acuerdos, pero también es cierto que hay
mecanismos que están ya arbitrados y que, si no llegamos a un entendimiento,
acudiremos al Tribunal Constitucional para garantizar el cumplimiento de la
Ley”, ha indicado el ministro. “La Ley de Memoria Democrática es para reparar
el daño a todas las víctimas, pero las del bando ganador de la Guerra Civil
fueron exhumadas durante el franquismo. No pasó lo mismo con quienes
lucharon para defender el orden constitucional y democrático, y esta Ley está
para ampararles”, añadió.
Garantía para las exhumaciones en Aragón
Torres ha querido aclarar que “tanto en Aragón, como en cualquier rincón de
España, el Gobierno aplicará la Ley estatal” y ha asegurado que se seguirán
subvencionando las exhumaciones desde el Ministerio de Política Territorial y
Memoria Democrática. “En Aragón no va a quedar ninguna fosa sin exhumar”,
ha garantizado el ministro.
La Ley aragonesa que, como se ha adelantado, deroga la Ley autonómica de
Memoria Democrática de 2018, “contiene aspectos como negar cualquier
homenaje a personas que fueron prisioneras y represaliadas en campos de
concentración nazis, elimina el mapa de fosas y retira el inventario de lugares
de Memoria que se estaba implementando en la comunidad”, según ha
señalado Ángel Víctor Torres que ha insistido en que se seguirá trabajando en
este inventario, así como en la aplicación rigurosa de la Ley de Memoria
Democrática, porque “se están vulnerando el derecho internacional y los
derechos humanos”.

En cuanto a la proposición de ley autonómica de la Concordia de Castilla y
León, esta habla de “honrar y proteger la historia de España desde 1931 hasta
1978”, incluyendo, por tanto, los años de la II República -como ya hizo la
proposición de ley de la Comunitat Valenciana-, y sin hacer referencia alguna
o condenar a la Dictadura de Franco. “Es inadmisible que se intente igualar los
años democráticos de la II República (1931-1936) con la Dictadura posterior a
la Guerra Civil y sus consecuencias”, ha agregado el ministro, que considera
que “no cabe igualar la democracia con el totalitarismo”.
Los planteamientos de estas normas impulsadas en las comunidades de
Aragón, Comunitat Valenciana y Castilla y León se basan en postulados
revisionistas y esgrimen argumentos como que no hay consenso histórico
sobre las etapas de la República, la Guerra Civil y el franquismo, o que las
nuevas generaciones han recibido una visión sesgada de lo sucedido en
aquellas etapas, favoreciendo así una división en la sociedad española. “Se
trata de unos planteamientos que blanquean la Dictadura franquista, niegan la
existencia del Golpe de Estado como causante de la Guerra de España de
1936 a 1939, pretenden que no se conozca la verdad de lo que ocurrió y, lo
que es peor, condenan a las víctimas de nuevo al olvido”, ha agregado Torres.
La verdadera concordia
Sobre la “concordia para superar el pasado” que reivindican PP y Vox, Ángel
Víctor Torres ha querido dejar claro que “la verdadera concordia es respetar la
democracia y los derechos humanos”. Para el ministro, el PP “se deja llevar
por Vox y es sumiso a la ultraderecha. La Ley aragonesa de 2018 incluía
algunas enmiendas de aquel PP. Ahora, por indicación de Vox, derogan una
ley que contenía artículos con enmiendas que ellos mismos propusieron en su
día”.
Considera el ministro que estas normas autonómicas pretenden, “a través de
una malentendida concordia, enterrar la memoria de las víctimas de la Guerra
y la dictadura franquista”. Torres ha reiterado que velará por el cumplimiento
de la Ley 20/22, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. “El Gobierno de
España está decidido a cumplir la Ley sin vacilar y a llevarla hasta el último
rincón del país, para velar por la democracia, que es lo más valioso que
tenemos”, concluyó

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