El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel descarta la urgencia de dictar medidas cautelares sobre el macroproyecto eólico, mientras las palas de 122 aerogeneradores continúan acopiadas en el aeropuerto. Paralelamente, elimina de las diligencias el informe de inteligencia financiera que desató la causa, tras filtrarse a la prensa.
El juez instructor del ‘caso Forestalia’, Juan José Cortés, ha decidido aplazar sine die la celebración de la vista para decidir sobre la suspensión provisional del inicio de las obras del Clúster Maestrazgo, la mayor operación de renovables del país que contempla una inversión superior a los mil millones de euros. Actualmente, las palas de los 122 aerogeneradores destinados al proyecto aguardan almacenadas en la campa del aeropuerto de Teruel.
A través de una nueva providencia, el juzgado turolense estima que no existe una «urgencia inmediata» para pronunciarse sobre la petición de la Fiscalía y las acusaciones particulares, avaladas por la Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma) de la Guardia Civil. El magistrado argumenta que es «más razonable» esperar a la resolución de diversos «incidentes y recursos» pendientes que afectan al desarrollo de la instrucción, un paso que califica de «sanación» del procedimiento antes de tomar decisiones sobre la paralización de las obras.
El juez justifica además esta falta de urgencia en el hecho de que ni las acusaciones ni el Ministerio Público llegaron a solicitar medidas cautelarísimas. Asimismo, señala que la propia cobertura mediática del caso evidencia que «no concurre la necesidad urgente e inmediata de proteger a posibles terceros de buena fe».
Actualmente, el permiso de construcción del Clúster Maestrazgo —propiedad del fondo inversor danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)— se encuentra en suspenso por vía administrativa, tras las medidas cautelares solicitadas por Paisajes de Teruel al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). El Estado, que ya denegó los recursos de alzada a las autorizaciones previas de los 20 parques eólicos (744 megavatios), aún tiene pendiente resolver los recursos presentados contra los permisos de obra.
Retirada del informe del Sepblac sobre ex altos cargos
En paralelo a la decisión sobre el Clúster Maestrazgo, el juzgado ha dado un giro a la instrucción al retirar de las diligencias previas el Informe de Inteligencia Financiera del Sepblac que originó la investigación de esta supuesta trama de corrupción.
La medida se ha adoptado a petición del propio Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, tras constatar que el documento, de carácter estrictamente confidencial y sin valor probatorio, había trascendido a los medios de comunicación. En un escrito remitido el pasado 16 de abril, el Sepblac advirtió al juez de que, según el artículo 46.2 de la Ley 10/2010, este tipo de informes no deben incorporarse a las diligencias ni trasladarse a las partes.
En respuesta, el magistrado emitió una providencia el 22 de abril acordando la eliminación del documento del expediente judicial y requiriendo al Sepblac indicaciones sobre cómo mitigar los efectos de la filtración. Según fuentes de la investigación, esto supondría una irregularidad que afecta a la confidencialidad del informante, pero que no vulneraría a priori el derecho de las defensas, aunque podría motivar nuevos recursos buscando la anulación de diligencias.
El informe eliminado, fechado el 26 de abril de 2024, apuntaba a la adquisición en 2018 por parte de Forestalia de la empresa Athmos Sostenibilidad (antes Viados Gestión Integral de Proyectos), propiedad de los ex altos cargos del Gobierno de Aragón Alfredo Boné, Ana Cristina Fraile y Luis Marruedo. A raíz de este documento, la Ucoma inició pesquisas para determinar si la compra se realizó por encima del valor de mercado.
En la actualidad, ninguno de los tres ex altos cargos figura como investigado en la causa. Tras conocerse el informe de la Guardia Civil, Alfredo Boné aseguró públicamente la inexistencia de irregularidades, defendiendo que la venta se formalizó al aceptar una oferta lícita de Forestalia.
