Los populares reiteran la falta de competencias y de los recursos necesarios en algunos ámbitos
El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Teruel ha calificado como “chapuza” el hecho de que primero se aprobara un convenio con el IASS para dar servicio de ayuda a domicilio a personas dependientes, y luego se suprimiera ese apartado. Pero éste es sólo uno de los aspectos de dicho convenio que merece la crítica del PP.
Según la concejal popular Conchita Lasarte, el convenio interadministrativo de colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y el Ayuntamiento de Teruel para la gestión de programas específicos de Servicios Sociales durante 2010 fue aprobado en el pleno ordinario del mes de junio, por unanimidad, “dando un voto de confianza al equipo de gobierno municipal, a pesar de existir algún aspecto no muy claro en cuanto a la relación laboral de las personas que se tenían que contratar, como un educador social y trabajador social, además de explicar en qué situación se quedaba la actual trabajadora social”. También existían dudas, según los informes de los técnicos, sobre el ámbito competencial de estos servicios, pero no obstante se aprobó, con un apartado más que era el ‘Servicio de Ayuda a Domicilio para Personas en Situación de Dependencia’.
“Pero cuál es nuestra sorpresa –indica Lasarte- cuando se nos convoca en el mes de agosto a una comisión extraordinaria en la que se nos informa que de este convenio, que habíamos aprobado hace escasamente dos meses, se suprime el apartado del ‘Servicio de Ayuda a Domicilio para Personas en Situación de Dependencia’, debido a que la propia DGA se ha fiscalizado desfavorablemente, no considerando competente al Ayuntamiento para prestar este servicio, cuestión ya advertida en los informes que obraban en el expediente municipal y a lo que se hizo caso omiso”. Para los populares, “esto nos parece una chapuza, y una manera de actuación improvisada”.
“Pero si esta cuestión nos parece grave –continúa Lasarte-, si nos atenemos a los informes técnicos que hay en el nuevo expediente municipal que se abre para la firma del convenio con la modificación antes dicha (la supresión), en dichos informes, se vuelve a advertir de que carecemos de competencias propias para asumir los servicios que por parte del IASS se pretende que preste el Ayuntamiento: refuerzo de la estructura básica de servicios sociales, educación familiar y desarrollo del pueblo gitano”. En cuanto al ‘Desarrollo del pueblo gitano’, la concejal popular recuerda que “el año pasado se dejó perder una subvención, y en este convenio se contemplan una serie de actividades en un Plan Integral pero no va acompañado del presupuesto necesario para ejecutarlo”.
“Pero lo verdaderamente grave –lamenta Lasarte- es la cláusula cuarta, apartados 1-8 del citado convenio en lo referente al tema de menores, ya que si nos atenemos a la legislación tanto a nivel nacional como autonómico, podemos concluir que cuanto menos es cuestionable que el Ayuntamiento tenga competencia en materia de menores y más en concreto para llevar a cabo el procedimiento complejo y delicado de ‘declaración de riesgo o desamparo de los menores’.
Para Lasarte, este procedimiento requiere personal especializado en el tema, como son las unidades de infancia, que actualmente no existen en el consistorio. “Se necesita un equipo técnico multidisciplinar que elabore un informe técnico para cada caso concreto, con un proyecto de intervención social, y tras la audiencias pertinentes, hacer una propuesta de declaración de riesgo”, añade.
Para todo ello, y según los técnicos del propio Centro de Servicios Sociales, se carece del personal, de la formación jurídica necesaria y de los medios materiales y humanos suficientes para el desarrollo de dicho convenio, alertando que no se podrían salvaguardar ni asegurar las garantías jurídicas, exigibles en todo procedimiento, de los derechos de los menores en situación de riesgo o desamparo ni de los padres o tutores.
“Todo lo anterior nos parece una barbaridad y un atrevimiento, si firmamos este convenio sin dotar a los servicios sociales de los recursos necesarios, lesionando los intereses municipales y de los menores en situación de riesgo o desamparo y de sus familiares”, concluye Lasarte
