El próximo gobierno del PSOE retirará la autorización a la Universidad San Jorge para impartir Magisterio

sábado, 27 junio , 2015 | Por | Categoria: Actualidad Local
Una imagen de la manifestación del pasado mes de abril en nuestra ciudad en la que se pedía la retirada de la Concesión de impartir Magisterio a la Universidad San Jorge

Una imagen de la manifestación del pasado mes de abril en nuestra ciudad en la que se pedía la retirada de la Concesión de impartir Magisterio a la Universidad San Jorge

Asi se recoge en el documento firmado entre esta formación y Podemos que es la base del acuerdo de investidura de Javier Lamban como presidente del Gobierno aragones en los próximos días .En concreto el documento dice en su punto 8 del decálogo firmado ayer por ambas formaciones .
A continuación les ofrecemos ese decálogo , integro

1. Observatorio Ciudadano para el cumplimiento de los acuerdos

Creación y puesta en funcionamiento, antes del 15 de septiembre, de un Observatorio
Ciudadano de las Políticas Públicas, de composición ciudadana y con participación de
organizaciones de la sociedad civil, financiado con recursos públicos e independientes,
que analice y realice el seguimiento de todas las políticas públicas en relación con el
Pacto Ciudadano acordado para la investidura.
Dependerá funcionalmente de la Dirección General de Participación Ciudadana del
Gobierno de Aragón.
El observatorio se construirá a partir de un grupo promotor, en el que participarán:
• un representante de cada fuerza política que firme el acuerdo
• representantes de colectivos sociales relacionadas con cada una de las medidas a
propuesta de ambas formaciones.
• una persona independiente de reconocido prestigio consensuada entre las
diferentes fuerzas políticas
Este grupo promotor definirá la puesta en marcha urgente de este Observatorio
Ciudadano en los términos arriba expuestos, fijando plazos de entrega de informes de
seguimiento de cada una de las medidas.
El gobierno que se constituya se compromete a proporcionar acceso total e inmediato
a todos los datos que el Observatorio requiera para llevar a cabo su labor.

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2. Proyecto de Ley de lucha contra la corrupción, el clientelismo y
el despilfarro

Desarrollo de una norma que coordine, cree y otorgue sentido político a las distintas
medidas, organismos e instituciones con capacidad para luchar con la corrupción, el
clientelismo y el despilfarro que se da en la administración y organismos anejos
(empresas públicas o participadas).
– Limitar el alcance del despilfarro en el gasto y la inversión públicas mediante el
estudio y fiscalización de los proyectos a los que se destinan.

FORMATO

El texto legal (proyecto de ley elevado por el Gobierno a las Cortes de Aragón)
coordinará algunos de los mecanismos que existen actualmente e impulsará otros
nuevos, incluyendo:
– Creación de una Oficina de Lucha contra la corrupción, el clientelismo y el
despilfarro en el primer periodo de sesiones. La descripción de este órgano
queda descrita más abajo.
– Realización de una auditoría del gasto público de la DGA y todas las empresas con
participación pública e institutos que de la DGA dependen, incluyendo una
valoración de eficiencia e impacto real en la ciudadanía. De inicio inmediato.
• Esta auditoría tendría un carácter económico y funcional (duplicidades, falta
de transparencia, etc.).
• La propia Oficina de Lucha contra la corrupción se haría cargo, dentro de sus
funciones contra el despilfarro, de coordinar los criterios esta auditoría de
acuerdo con otros organismos como la Cámara de Cuentas de Aragón.
– Compromiso ético por parte de las fuerzas políticas: Ninguna persona a la que se le
haya abierto juicio oral por casos relacionados con la corrupción y/o clientelismo
político podrá desempeñar un puesto de libre designación en ninguno de los
niveles de la escala de la administración pública aragonesa, incluyendo la
comarcal. En caso de imputación en el desempeño del cargo, será suspendido
inmediatamente de sus funciones. De aplicación inmediata.
• El hecho de hacer referencia explícita a los puestos de libre designación no
obsta para que un acuerdo de investidura basado en la lucha contra la
corrupción y por la transparencia implique que los representantes electos
imputados por corrupción deban abandonar sus puestos.

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3. Hacia el fin de los desahucios en Aragón

Las entidades bancarias que tengan o quieran tener relación financiera con empresas
públicas así como con la misma DGA deberán comprometerse a no ejecutar desahucios
de vivienda habitual sin dar una alternativa habitacional en condiciones dignas a
deudores sobrevenidos.
Del mismo modo se establecerá un sistema de baremos que calificará las buenas
prácticas de las entidades financieras, más allá del actual Código de Buenas Prácticas,
con sus clientes en todo lo que se refiere al crédito hipotecario y a los que se encuentre
en situación de mora o quieran negociar las condiciones.
Se arbitrará un procedimiento de inspección y control que revisará los convenios y la
buenas prácticas bancarias colaborando, en este último aspecto, con las plataformas
sociales (como la PAH) que trabajan en este ámbito. Se realizará a través del
observatorio creado en el punto uno de los acuerdos para la investidura.
APLICACIÓN

En el primer mes en el que se constituyan las Cortes de Aragón, el Gobierno entrante se
pondrá en contacto con todas las entidades bancarias con el fin de conocer su
compromiso con respecto al cumplimiento a futuro con los estándares internacionales
sobre desahucios y las referidas buenas prácticas bancarias.
En relación a aquellas entidades financieras que no quieran comprometerse a cumplir
con los estándares internacionales en materia de desahucios, se hará pública esta
negativa y se reducirá la relación jurídica, comercial y financiera al mínimo legalmente
exigible.
Así, en el caso de convenios vencidos que aún no han sido denunciados por ninguna de
las partes, éstos quedarán automáticamente finalizados y condicionada su renovación al
cumplimiento de las condiciones anteriormente descritas.
En el caso de convenios pendientes de vencimiento, se iniciará de inmediato un
procedimiento de revisión de cada uno de los convenios para su cancelación y/o
reducir la relación financiera al máximo legal posible según lo establecido en dichos
convenios.
En cuanto a las cuentas, caso que una determinada entidad no se comprometiera con
esa moratoria, el Gobierno de Aragón reducirá la relación jurídica, comercial y
financiera al mínimo legalmente exigible.

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MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Para los desahucios de alquiler entre particulares, se regulará legalmente en los tres
primeros meses de legislatura la obligación de la administración autonómica a facilitar
una vivienda antes de que se produzca el desahucio o al pago del alquiler al propietario
desde la fecha señalada para el lanzamiento hasta que se le facilite un alquiler social .
Así mismo , se modificará el actual convenio existente entre DGA, CJPJ y Fm para que
sea más eficaz en la detección de los casos de desahucios y se lleve a cabo lo
establecido en el los puntos anteriores.
Prohibición de los desahucios por parte de las administraciones públicas aragonesas en
viviendas gestionadas por ellos, siempre que sea deudor de buena fe y por causas
sobrevenidas, dándole la salida habitacional o ayuda que corresponda en cada caso.
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4. Menos altos cargos; más derechos laborales y más trabajadores
públicos

Se reducirá el actual número de altos cargos, directivos de empresas e institutos
públicos y puestos asimilados en un tercio (en la estructura departamental al menos un
20%), evitando una reducción excesiva que pudiera ocasionar un perjuicio o fuera en
detrimento de la eficiencia de la propia estructura gubernamental. Los sueldos de los
directivos de empresas públicas, entidades de derecho público, consorcios y
fundaciones en ningún caso podrán ser superiores al de un Consejero al nivel del sueldo
de un Consejero, excepto en un 10% para casos excepcionales.
Se posibilitará que un porcentaje de los altos cargos sean provenientes de la propia
función pública aragonesa lo que supondrá también un ahorro económico que se
destinará a la recuperación de plantillas drásticamente reducidas en los últimos años en
sanidad y educación, priorizando el medio rural.
Cualquier modificación de la relación de puestos de trabajo de la administración y los
sueldos correspondientes serán publicados para que toda la ciudadanía los pueda
consultar.
Los conductores de altos cargos tendrán asignación de servicios y no asignaciones a
nadie en concreto.
Se procederá a la mejora de los derechos laborales de los trabajadores de empresas
públicas como Sarga o Aramón, propiciando recobrar condiciones laborales que se les
ha empeorado en la legislatura anterior.
Asimismo, en el primer semestre de la legislatura se reformará la normativa legal
reguladora de la Función Pública en Aragón con el objetivo de reducir la casuística de
puestos de acceso mediante libre designación.
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5. Cláusulas sociales y medioambientales en la contratación
pública

Modificación de la Normativa sobre Contratación Pública en Aragón, incorporando con
carácter general en los Pliegos de Contratación bien en el propio objeto del contrato o
dando un mayor peso a las ofertas realizadas por:
– Cooperativas, sociedades laborales, empresas de carácter social, o UTEs de
microempresas.
– Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.
– Criterios sociales y laborales. Empresas que contraten personas de colectivos en
situación vulnerable, o en condiciones laborales no precarias. Empresas que tengan
políticas retributivas igualitarias entre mujeres y hombres, así como que faciliten la
conciliación familiar.
– Criterios ambientales y de proximidad. En base a principios de Economía Verde y
Sostenible y no emisión de Gases de Efecto Invernadero, prioridad a empresas que
produzcan con energías renovables o hayan invertido en procesos de eficiencia
energética, etc.
– Criterios de contratación con empresas cuyos beneficios empresariales repercutan de
nuevo en el territorio y tributen en Aragón.
– Promover contratos modulares, y no del conjunto de la actividad.
– Contratos menores también deben incluir cláusulas sociales
Todo ello con las limitaciones legales sometidas al criterio de la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa de la Comunidad Autonoma de Aragon. En aquellas
modificaciones que fueran objeto de limitaciones legales, se asume el compromiso de
presentar en las Cortes de Aragon una “Iniciativa legislativa a las Cortes Generales” para
su modificación, asi como promover las reformas necesarias en la legislación Europea.
La modificación de la normativa también promoverá e impulsara contratos modulares,
siempre que no supongan fraccionamiento de los mismos, y no del conjunto de la
actividad para así favorecer a solicitantes de menor tamaño frente a grandes
conglomerados empresariales. Los contratos menores también deberán incluir cláusulas
sociales.

SOBRE DEUDAS PREVIAS CON HACIENDA PÚBLICA O SEGURIDAD SOCIAL

6. Procedimiento de Emergencia Ciudadana (PEC): las personas primero
En el primer mes desde la constitución del gobierno, se aprobará que ningún cargo
electo y cargo nombrado por el Gobierno o las Cortes, desarrollará ningún gasto
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superfluo, es decir, no cobrará dietas o se desarrollarán catering ni se destinará ninguna
partida a publicidad institucional hasta que no estén todas las ayudas de carácter social
garantizadas, entendiendo por garantizadas que como mínimo sean abonados todos los
retrasos.
Paralelamente se tramitará un Decreto-Ley que se aprobará en el mismo plazo,
realizado al efecto y como consecuencia del carácter de urgencia/emergencia social
que la situación de la población aragonesa requiere.
En el Decreto Ley de medidas de emergencia social, además de concretar las medidas
que se señalan en el anexo, se especificarán las ayudas de carácter social que han de
garantizarse prioritariamente, incluyendo al menos el IAI, las Ayudas de Urgencia, la Ley
de Dependencia y las Ayudas de Integración Familiar orientadas a la alimentación de
menores, aprobándose las modificaciones normativas que sean necesarias, las
modificaciones presupuestarias pertinentes y el carácter esencial que implicará la
garantía de ampliación de crédito si así se requiere.
Se priorizarán, entre otras cuestiones, el tiempo de espera y el medio rural.
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7. Reducción de las listas de espera y sanidad universal

Garantizar, antes de 3 meses:
La recuperación de la sanidad pública universal en Aragón, con el acceso gratuito y
universal a las prestaciones y a la cobertura farmacéutica, en igualdad de condiciones,
de todos los ciudadanos, sea cual sea su procedencia o situación jurídica, según
criterios éticos, económicos y de eficiencia. Articular las medidas necesarias en nuestra
Comunidad Autónoma para que todas las personas tengan derecho a la tarjeta sanitaria.
Se logrará así el cumplimiento del artículo 14 de nuestro Estatuto de Autonomía, y de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
Plan urgente para optimizar la utilización de recursos humanos y materiales dirigidos a
la reducción y desaparición de las listas de espera, tanto para pruebas diagnósticas
como para tratamiento.
Para ello se organizará un grupo de trabajo que aborde:
1. Estudio asignación de recursos y cargas de trabajo a los distintos Centros.
2. Evaluación necesidades estructurales: camas agudos y larga estancia, consultas
externas, quirófanos…
3. Evaluación necesidades de la población por número y pirámide edad: pruebas
complementarias, técnicas diagnósticas y terapéuticas.
4. Estudio demoras consulta primer día.
5. Protocolos de solicitud de pruebas.
6. Protocolos indicaciones terapéuticas.
7. Cirugía Mayor Ambulatoria.
8. Cirugía menor.
9. Estudio demoras inicio tratamiento.
10. Estudio estancia media por proceso.
11. Estudio posibilidades alta hospitalaria.
12. Estudio criterios de inclusión en lista de espera.
13. Evaluación y seguimiento monitorizado de rendimientos y análisis de los
procesos.
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14. Estudio de fórmulas para disminuir la lista de espera en determinados procesos o
servicios que con sus propios recursos y con rendimientos aceptables, en
situaciones puntuales, no son capaces de hacerla disminuir (autoconcertación,
derivación a otros hospitales públicos, concertación externa…).

15. Transparencia total en su gestión y acceso público a los datos reales.

Transparencia y acceso público a la situación real de las listas de espera (simplemente
cumpliendo lo que el Gobierno de Aragón regula en el DECRETO 83/2003).
Protocolo de obligado cumplimiento de la normativa de listas de espera incluida en el
REAL DECRETO 605/2003.
Se eliminará la deducción de la cuota íntegra autonómica por gastos en primas
individuales de seguros de salud privados.
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8. Paralización de la LOMCE y comedores escolares dignos

– Paralización de la LOMCE:
Apostamos por la revocación de la LOMCE, y como medida urgente, para los cien
primeros días de gobierno, pondremos en marcha todas las herramientas necesarias
para contrarrestar, en nuestro ámbito competencial, los efectos de su implantación en
Aragón incidiendo, entre otros, en los currículos, en las evaluaciones externas y en el
calendario de implantación en Educación Primaria (2.º, 4.º y 6.º) y en la Educación
Secundaria Obligatoria (1.º y 3.º).
La urgencia es imprescindible por motivos de calendario escolar que de otra manera ya
no se podrían corregir para este curso 2015-16.
→Junio 2015. Inmediatamente conformado el gobierno.
Que los partidos en el poder manifiesten pública y oficialmente a todos los implicados:
políticos, técnicos, equipos directivos, docentes, comunidad educativa la decisión de
que no se siga adelante con la implantación de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) y por lo tanto que van a llevar a cabo las acciones jurídicas para su
paralización y todo lo que ello conlleva.
→Junio 2015. Inmediatamente conformado el gobierno.
El gobierno debería comprometerse con unos mínimos urgentes antes de empezar el
curso 2015-16 para no generar más perjuicios en un futuro inmediato.
a. Paralización de la implantación de la LOMCE en secundaria y bachillerato.
b. Minimización de los efectos de la LOMCE en primaria.
Dado que se va a tener que proceder a realizar medidas legislativas y acciones jurídicas,
entendemos que es el momento de revisar a la baja la carga lectiva asignada a la
religión, al mínimo legal permitido ya que es una competencia autonómica.
– Priorización de la escuela pública frente a la concertada:
a. Paralización del centro concertado de Cuarte de Huerva.
b. Retirada concesión magisterio a la Universidad Privada San Jorge.
c. Cierre inmediato de aulas vacías en centros concertados, es decir que no se
mantenga el concierto de unidades sin haber alumnado suficiente matriculado (San
Gabriel en Zuera, Ánfora…).
d. Compromiso de no cerrar aulas en centros públicos si hay unidades concertadas en la
misma zona escolar, independientemente de la demanda de los padres y madres.
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– Comedores escolares:
Ampliar la Beca para todas aquellas familias que cobren 2 veces el IPREM, ampliando la
beca al 100% del coste del comedor e incluir los meses de junio y septiembre que hoy
están excluidos, estimando que el número de beneficiarios de la beca se duplicará y
para los cursos sucesivos hay que seguir aumentando ese umbral para que se beneficie
el mayor número posible de alumnado.
Modificación presupuestaria para incrementar en 2,7 millones de euros el remanente de
la partida que actualmente se dedica a este concepto, para pagar el comedor escolar de
septiembre a diciembre de 2015, llegando al doble de niños que actualmente se
benefician de la medida, incluyendo el mes de septiembre que ahora está excluído y
asumiendo el 100% del coste del comedor escolar que ahora sólo llega al 80%.

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Actualmente la partida destinada a becas de comedor es de 4 millones de euros, por lo
que duplicando el número de beneficiarios serían necesarios 8 millones de euros.
Para llegar al 100% del coste se necesitarían 8/0,8 = 10 millones de euros/año (10 meses
de enero a junio y de septiembre a diciembre = 1 millón de euros/mes).
Como actualmente se dedican 4 millones, el incremento anual será de 6 millones de
euros.
Para poner en funcionamiento esta medida de septiembre a diciembre de 2015,
estimamos que se necesitarán 4 millones de euros. El remanente de la partida actual de
4 millones estará en torno a 1,3 millones por lo que la modificación presupuestaria para
dar de comer al doble de la población actual cubriendo el mes de septiembre y el 100%
del coste de comedor sería incrementar esta partida en 2,7 millones de euros para
acabar el año 2015.
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9. Fin de la pobreza energética y fiscalidad justa a la gran
hidroeléctrica
Plan de emergencia contra la pobreza energética: se dirigirá a garantizar los suministros
de electricidad y gas, entendidos como un derecho social. El Gobierno de Aragón se
compromete a promulgar antes del 31 de octubre de 2015, previo informe jurídico , una
ley que impida el corte de suministro. Las medidas legales que se adoptarán de
urgencia asegurarán:
– La imposibilidad de acordar el corte de suministro de electricidad o gas cuando se
trate de la vivienda habitual del suministrado y cuando el impago de la factura sea
debido a motivos ajenos a su voluntad y en particular por pobreza sobrevenida. Se
dotará a la Administración autonómica de los recursos necesarios para realizar las
evaluaciones pertinentes.
– Se establecerá un mínimo vital de energía mensual por hogar. Una vez constatada la
situación de pobreza, el pago de ese mínimo vital no podrá suponer más del 10% de los
ingresos mensuales del hogar.
Paralelamente, antes del 31 de octubre de 2015, el Gobierno de Aragón regulará
reglamentariamente ayudas de emergencia para, mediante convenios con las empresas
suministradoras, hacer frente al coste de suministro de electricidad o gas de personas
que se encuentren en situación de pobreza energética. Estas ayudas provendrán de un
Fondo Autonómico contra la pobreza energética.
Se promoverá inmediatamente una ley para aplicar un impuesto ambiental a las
hidroeléctricas, tras un proceso de participación que incluya a los territorios afectados.
La cuantía propuesta de dicho tributo será de un céntimo de euro por kWh.
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10. Despolitización de la radio y televisión públicas

– El Consejo de Administración de la CARTV será elegido por una mayoría cualificada de
al menos 3/5 partes de las Cortes de Aragón entre personas de reconocida trayectoria
profesional en el ámbito de la comunicación, garantizando la paridad de género y con
audiencia pública previa de los mismos en el parlamento. En la propuesta nominal
deberá hacerse constar los méritos que avalan a cada candidato a consejero/a.
– Desarrollo del Consejo Asesor como órgano de participación en la CARTV. Estará
formado por representantes de los trabajadores (tanto de la CARTV como externos),
asociaciones de la prensa, usuarios, Universidad y movimientos sociales. Un
representante, elegido por dicho consejo asesor, formará parte a todos los efectos del
consejo administración.
– El director general de la CARTV será propuesto por el consejo de administración
mediante criterios de independencia, experiencia y eficacia en la gestión, siendo
ratificado por las Cortes de Aragón tras audiencia pública.
– Los directores de la televisión y la radio serán nombrados por el director general tras
un proceso abierto de concurrencia competitiva. Los candidatos deberán ser
profesionales del sector, y deberán presentar y defender ante el Consejo su propuesta
en procesos que serán públicos y transparentes.
– La internalización de los servicios informativos se estudiará mediante un estudio
económico externo previo que evalúe el coste de este proceso así como la auditoria de
las cuentas de la CARTV en los últimos ejercicios. Las características técnicas del
estudio y su monitorización se realizarán por el Consejo de Administracion de la CARTV
y el Consejo Asesor, con la participación de la Universidad, de los trabajadores y de los
sectores implicados, valorando, la posibilidad de dicha internalización. Dicho estudio se
realizará durante el primer tramo de la legislatura.
– Se abordará de manera inmediata un plan de renovación de instalaciones y tecnología
de la CARTV que garantice unas condiciones adecuadas para los trabajadores y la
calidad de las emisiones.
– Para los contratos de servicios y externalización de la CARTV se favorecerá la
pluralidad en la concurrencia de los mismos. Se incluirán clausulas que mejoren las
condiciones laborales y materiales de los empleados y reduzcan la brecha salarial entre
directivos y trabajadores.
– El Gobierno de Aragón se compromete a elaborar un plan para el fomento y apoyo de
la producción audiovisual aragonesa independiente con la participación del IAF, Cultura,
Industria y la propia CARTV, que supondrá, como mínimo, entre el 1 y el 3% del
presupuesto de la CARTV. Dicho plan tendrá entre sus objetivos la promoción de la
cultura, territorio, tradiciones y lenguas propias.
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11. ANEXOS (medidas 2 y 6)

11.1 Proyecto de Ley de lucha contra la corrupción, el clientelismo y el despilfarro
CREACIÓN DE UNA OFICINA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, EL
CLIENTELISMO Y EL DESPILFARRO
Proponemos la creación de un órgano que contemplaría como objetivos:
– La lucha contra la corrupción, tanto en su prevención como en su investigación.
– La auditoría analítica y económica de la administración y de las empresas públicas
o participadas, en colaboración y de acuerdo con los criterios técnicos fijados por
la Cámara de Cuentas.
– El análisis y la propuesta de mecanismos de transparencia en el funcionamiento de
las administraciones y empresas públicas.
– El fomento de las buenas prácticas en la gestión y desarrollo del sector público.
– El fomento de la participación ciudadana en la consecución de estos objetivos.
En cuanto a su forma legal y composición, este órgano se constituirá, de acuerdo con
las indicaciones de la Comisión Europea, como entidad independiente. Su adscripción
administrativa será el del desarrollo de la Ley de Transparencia de Aragón y de su
Consejo de Transparencia, abordándose a lo largo de la legislatura su adscripción como
organismo autónomo de las Cortes de Aragón, relacionándose con DGA, Cortes,
comarcas y resto de entidades locales en los términos que marque su ley. Asimismo:
– La forma con la que se constituirá será la de entidad de derecho público, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar.
– Su ámbito de actuación será el del sector público de Aragón: administración de la
DGA, entes locales, universidad -con respeto de la autonomía local y
universitaria-, comarcas, Cortes de Aragón, entes estatutarios y autoridades
independientes, consorcios y empresas con participación pública, fundaciones en
que participen organismos públicos y otros como los entes instrumentales.
También podrá actuar sobre empresas y entidades privadas y personas físicas
que gestionen servicios públicos, ejecuten obras públicas, obtengan contratos
públicos o reciban subvenciones y garantías o avales.
– En el caso de las empresas, se entenderán como empresas públicas aquellas en las
que el sector público aragonés detente el 50% del capital, de los votos inherentes
a las participaciones o pueden designar a la mitad de los miembros del órgano
de administración.
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– Del mismo modo, en todas aquellas entidades o empresas cuyo porcentaje de
participación pública sea inferior al 50%, la Oficina también llevará a cabo
directamente las correspondientes auditorías financieras y funcionales.
– Los órganos de dirección serán nombrados por mayoría cualificada de la cámara, y
por períodos superiores a los de la legislatura. Este personal sólo podrá ser
removido por causa grave.
– Su personal tendrá carácter profesional: estará integrado por personas expertas en
materias jurídicas, policiales, de investigación económica y tributaria; también se
proveerá de perfiles expertos en materia de administración, buenas prácticas y
políticas públicas . Dispondrán de un estatuto específico que asegure su
permanencia en las investigaciones, evitando los inconvenientes actuales de las
políticas de personal en forma de traslados, reestructuraciones o ceses que
ponen en entredicho las investigaciones.

FUNCIONES

– Investigación y prevención multidisciplinar acerca de las irregularidades y delitos
relacionados con la corrupción política y económica en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Aragón; realizará las funciones de análisis de riesgos,
investigación permanente y denuncia de los hechos susceptibles de constituir su
objeto.
– Se integrarán en esta Oficina las funciones relativas al Registro de actividades y de
bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y altos cargos de
Aragón, que se regularán con una normativa específica sobre conflicto de
intereses y buen gobierno.
– La Oficina supervisará la aplicación de las disposiciones jurídicas sobre la
publicidad del patrimonio, detectará posibles infracciones, propondrá la apertura
de los procedimientos disciplinarios y las sanciones que deben aplicar las
instituciones. La Oficina puede detectar e investigar los casos de incumplimiento
y abrirá las investigaciones de oficio sin que sea necesaria la denuncia previa.
– Cumpliendo con una de sus finalidades, la Oficina abordará una auditoría funcional,
con el fin de llevar a cabo un profundo diagnóstico de la situación del sector
público aragonés. Disfuncionalidades, duplicidades, redes de clientelismo, focos
de falta de transparencia o de control en el gasto público: todo ello son
situaciones y estructuras susceptibles de evolucionar hacia formas de corrupción
o malas prácticas en el uso de fondos e instituciones públicas.
CARACTERÍSTICAS

– Tendrá carácter integrador: El organismo debe integrar la información disponible
en las bases de datos de las diferentes administraciones tributarias y policiales
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así como de los organismos de inteligencia contra el blanqueo de capitales. Debe
considerarse un órgano a disposición de los distintos juzgados que investiguen
delitos de corrupción política y por tanto con estructura suficiente para auxiliar
cuando sea requerido para ello.
– Los datos que recopile la Oficina, así como los informes y trabajos que desarrolle,
serán de libre acceso, salvo aquellos sujetos a otro régimen legal o judicial.
Asimismo, se establecerá una línea de trabajo centrada en la participación
ciudadana, la formación y concienciación y la colaboración con la sociedad civil.
– Este órgano tendrá suficiencia y autonomía presupuestaria, así como
independencia para las investigaciones patrimoniales.
11.2. Procedimiento de Emergencia Ciudadana (PEC): las personas primero

1- GARANTÍA DE INGRESOS

1.1. Ingreso aragonés de Inserción.
Para una gestión efectiva de estas propuestas y para desbloquear el colapso es
necesario refuerzo y reorganización de personal.
Cumplimiento de la normativa que regula esta prestación.
-Carácter esencial de la prestación. Es una obligación y responsabilidad pública cumplir
la efectividad de dicha prestación.
-Ampliación de crédito para la prestación. Está contemplada y se ha incumplido. Es
exigible incluso mediante acciones judiciales.
-Tiempo máximo de gestión: 15 días desde la entrada de la solicitud, para lo que será
necesario un refuerzo en el número de personal , y la simplificación del proceso.
-No embargable: Acciones contra las entidades bancarias que lo hagan.
-Mayores garantías a las personas solicitantes y perceptoras. Que funcione la Comisión
de Reclamaciones existente.
1.2. Ayudas de Urgencia:
-Carácter esencial de la prestación: Han de ser prestaciones esenciales y vinculadas a
entidades locales.
-Regulación básica para asegurar igualdad de condiciones en todo el territorio.
-Complementariedad con programa(s) de reparto de alimentos.
-No embargables.
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2. POBREZA INFANTIL

2.1 Ayudas de Apoyo a la Integración familiar: Carácter esencial de la prestación:
obligación beneficiarios de gastos de necesidades básicas de los menores. Ayuda
complementaria del IAI. No complementaria de becas comedor. Fondo de Pobreza
Infantil.
2.2 Reglamento de acceso a guarderías/escuelas infantiles: priorización de familias en
situación de pobreza y exclusión social.
2.3 Retomar el programa de Refuerzo Escolar: Inicio curso 20015/2016.

3. VIVIENDA DIGNA

Alquiler social:
3.1 Cobertura 100% de solicitantes que cumplan requisitos que se establezcan con un
baremo progresivo. El alquiler no puede suponer más del 30% de los ingresos de la
unidad familiar.
3.2 Ampliación Red Bolsa de Vivienda para alquiler social: Cesión de vivienda
pública/de entidades bancarias.
4. ACCESO SISTEMA SALUD
4.1. Poner en marcha un programa de financiación de medicación para pacientes
diagnosticados como crónicos o con dependencia en situación de pobreza y exclusión
social.
4.2. Modificación con criterios de mayor cobertura del Programa Social de Atención
Sanitaria.
4.3. Reducción de las listas de espera.

5. DEPENDENCIA

5.1. Dejar de realizar las reclamaciones retroactivas por ingresos percibidos como
consecuencia del retraso en la notificación de las resoluciones.
5.2.Previsión de la incorporación al sistema de las personas en situación de dependencia
con grado I (modelo de gestión de las prestaciones y su presupuesto).
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PODEMOS

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