El Tribunal Supremo considera correcta la sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca en el juicio del caso de Fago

miércoles, 27 octubre , 2010 | Por | Categoria: Aragón

La sentencia del Supremo desestima todos y cada uno de los ocho motivos alegados por la defensa de Santiago Mainar, en el recurso presentado contra la sentencia del juicio de Fago y condena al pago de las costas al recurrente. Argumenta la sentencia que la Audiencia Provincial no se vio sometida a presión en su veredicto.

El Tribunal Supremo ha hecho pública esta mañana la sentencia al recurso presentado por la defensa de Santiago Mainar en el que se solicitaba la impugnación de la sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial de Huesca. La resolución desestima el recurso presentado y considera que “debe estimarse correcta la decisión del Tribunal sentenciador”.

Sin embrago, la sentencia cuenta con el voto particular del magistrado Joaquín Giménez García, quien considera, discrepando del resto de los magistrados, que el juicio debía de haber sido realizado por un Jurado popular.

Por su parte, la defensa, entre otros motivos, sustenta su recurso de casación en la vulneración de varios derechos como el de derecho al juez predeterminado por la ley, por entender que Mainar debería haber sido juzgado por un jurado popular, el de violación de la tutela judicial efectiva, ya que en su opinión la sentencia incurre en graves contradicciones, La defensa también considera que se vulneró la presunción de inocencia, el derecho a un proceso con todas las garantías, en este caso, en relación con el derecho a la última palabra y finalmente, denuncia el fallo corto al no haber resuelto el Tribunal todas las cuestiones jurídicas planteadas por la defensa.

Los magistrados, sobre la vulneración del derecho a la “Tutela judicial efectiva” consideran que el “estudio de las actuaciones pone de manifiesto que toda la instrucción lo fue por los trámites del Tribunal del Jurado, y que solo en el último momento de la calificación provisional se interesó por el Ministerio Fiscal, con apoyo de las Acusaciones, Particular y Popular (que lo habían intentado con anterioridad sin éxito) el cambio de proceso; con formación de Sumario y remisión a la Audiencia Provincial de Huesca para su enjuiciamiento”. El tribunal confirma con ello la decisión del Juez Instructor de Jaca y la posterior decisión de la Audiencia Provincial de Huesca. Recuerdan además que “la representación del recurrente ha utilizado temporánea y oportunamente todos los mecanismos procesales”.

La defensa de Mainar en su recurso argumenta también como motivo de la vulneración del derecho de la presunción de inocencia que “ha existido un juicio paralelo debido a la repercusión mediática que tuvieron los hechos enjuiciados, de manera que, en su tesis, la verdad histórica ha sido sustituida por la publicada en los medios de comunicación social”.

El juicio mediático

En respuesta a este argumento de forma clara responden los magistrados que “por lo que se refiere a los juicios mediáticos, es evidente que la publicidad es un elemento esencial de todo proceso, y por otra parte el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz abarca e incluye al derecho a informar sobre las actuaciones judiciales, y cuando éstas tienen por objetivo un hecho tan noticiable, en sí mismo, como es la aparición del cadáver del alcalde de un pueblo, es claro que la condición de autoridad pública del fallecido supone un plus de interés para los medios de comunicación. Es evidente que la publicación de hipótesis y suposiciones en los medios de comunicación es una simple consecuencia de la libertad de prensa que constituye una divisa de toda sociedad democrática. Hay que recordar que la obviedad de que la justicia no puede ser administrada correctamente de espaldas del pueblo de quien emana, precisamente, como se proclama en el art. 117-1º de la Constitución”.

Añaden que “Por ello, el control social aparece como medio de legitimación del quehacer judicial sin perjuicio de reconocer que el discurso judicial nunca puede ser vicario de la voluble y a veces evanescente opinión pública” (..). “La profesión periodística, tan crítica siempre con quienes desempeñan actividades con repercusión pública también debe/debería efectuar una reflexión, desde la serenidad, en relación a las consecuencias que pueden derivarse de lo que se escribe o dice, a veces con ligereza y precipitación y por ello una apelación a la deontología profesional nunca está de más. Una última afirmación y un recordatorio necesario”.

Afirma en Tribunal en su resolución que “como afirmación, declarar que la justicia paralela no es justicia”. “Justicia solo es la que se pronuncia en los Tribunales tras la valoración de toda la actividad probatoria, coincida o no con los “aprioris” que puedan circular en la Sociedad”. Rechazan por tanto esta argumentación por entender que “el Tribunal aparece/aparecería como vicario de la opinión pública y así acotado nuestro examen hay que rechazar con toda claridad esa afirmación”.

Por último y con relación a la pretendida vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, en relación con el derecho a la última palabra, el recurrente alega en el recurso que el Tribunal no informó al recurrente, al invitarle a ejercer tal derecho. A ello el tribunal responde que “el motivo es claramente vacuo”.

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