- Para el presidente del PP de Teruel, la demora acumulada en la construcción de infraestructuras ya planificadas deja constancia de que, para el Gobierno central, “la provincia de Teruel no entra entre sus prioridades”
- “Todo el tiempo que tardemos en poner en marcha las infraestructuras que necesita el territorio para su crecimiento, desarrollo y generación de actividad económica, supone la pérdida de oportunidades para que los habitantes de nuestra provincia encuentren aquí perspectivas de futuro”, ha señalado el presidente del PP
5 de octubre de 2017. En esa fecha, el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, exponía en Zaragoza las intenciones que tenía el Gobierno central para la línea ferroviaria que conectaba la capital aragonesa con Teruel y Valencia. Un plan de actuación que superaba ampliamente los 300 millones de euros y en el que se contemplaban la eliminación de los ocho limitaciones de velocidad, la implantación del tren tierra, la supresión de la limitación de carga a 20 toneladas, la construcción de siete apartaderos de 750 metros para el cruce de trenes, la renovación de la estructura y la electrificación de la línea, que, según sus planes iniciales, su ejecución podría ser una realidad en el mes de julio de 2020.
Más de tres años después, el Consejo de Ministros autoriza al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a licitar las obras del proyecto de electrificación del tramo Zaragoza-Teruel. Una actuación que, en palabras del presidente del Partido Popular en la provincia, Joaquín Juste, “se une al listado de retrasos que acumulan las inversiones en la provincia desde que el PSOE accedió a La Moncloa”.
“El Gobierno no hace más que continuar, con mucho retraso, los planes puestos en marcha por el Partido Popular”, ha recalcado Juste, que ha precisado que “el único mérito que puede atribuirse el Ejecutivo social-comunista es no haber dado carpetazo al proyecto que diseñó y puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy”. No obstante, en el caso de los plazos, el máximo responsable de los ‘populares’ ha incidido que “han dejado constancia de que la provincia de Teruel no entra entre sus prioridades”.
El Partido Popular de Teruel, en voz de su presidente, ha querido mostrar su satisfacción por una noticia que “llega demasiado tarde”. Y ha puesto especial énfasis en este hecho porque “todo el tiempo que tardemos en poner en marcha las infraestructuras que necesita el territorio para su crecimiento, desarrollo y generación de actividad económica, supone la pérdida de oportunidades para que los habitantes de nuestra provincia encuentren aquí perspectivas de futuro”.
“Necesitamos certidumbre y eso llega mediante la rehabilitación integral de la línea de ferroviaria que tanto necesitan los ciudadanos y también las empresas para reducir los tiempos de desplazamiento a Zaragoza y Valencia, además de incrementar las posibilidades de transporte de mercancías”, ha declarado. Por esa razón, ha solicitado al PSOE y a todas las formaciones políticas que apoyan al Ejecutivo central “que crean en las posibilidades del territorio y que levanten el pie del freno en lo que a las inversiones hace referencia”, ya que “de no haberse producido la moción de censura, un buen número de actuaciones se hubieran puesto en marcha y otras estarían ya finalizadas”.
“CAMBIO A PEOR”
A pesar de los anuncios del Gobierno central con respecto a las infraestructuras de la provincia, Juste ha señalado que la llegada del Ejecutivo social-comunista, con el apoyo de Teruel Existe, supone un “cambio a peor”. Unas declaraciones justificadas en que “hoy los turolenses ven cómo la rehabilitación de la línea ferroviaria continua a un ritmo mucho más lento que el diseñado por el Partido Popular, carreteras como la Nacional 330 siguen a la espera de que se acometan las obras que tanto demandan los ciudadanos y los impuestos que están pagando han crecido mientras no han mejorado sus servicios o infraestructuras”.
En ese contexto, el máximo responsable de los ‘populares’ turolenses ha recalcado que “seguiremos siendo la alternativa a este Gobierno”, caracterizado por “no tener en cuenta las demandas de los turolenses, poner por delante el interés de las formaciones nacionalistas e independentistas que quieren romper nuestro país en lugar del de los territorios despoblados como el nuestro, incrementar constantemente los impuestos a las clases medias y trabajadoras, y pensar más en su supervivencia política que en el bienestar de todos los ciudadanos”.
