La Comunidad Autónoma de Aragón podría acabar el año con un déficit del -2,7% equivalente a 929,5 millones de euros

lunes, 22 agosto , 2011 | Por | Categoria: Aragón

Mario Garcés,esta mañana en las Cortes

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Mario Garcés, ha comparecido a petición propia ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón al objeto de informar sobre las principales líneas de trabajo del Departamento en la presente legislatura. Garcés ha ofrecido un detallado análisis de la situación actual de las cuentas de la Comunidad Autónoma y ha avanzado medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y la efectividad de las ayudas públicas, acabar con la provisionalidad en la Administración y perseguir el fraude tributario.

Entre estas medidas se encuentran unos presupuestos para el año próximo austeros y concordantes con la situación económica regional que eliminen gastos innecesarios y preserven servicios esenciales como educación, sanidad, justicia y servicios sociales, una Ley de Estabilidad Presupuestaria que incluya un techo de gasto, un plan de racionalización del gasto corriente e instrumentos para el mejor control de las ayudas públicas.

1. Situación de partida

El consejero ha comenzado su intervención ratificando la apuesta del actual Gobierno de Aragón por una Hacienda Pública saneada y eficiente, desprendida de gastos innecesarios y superfluos y comprometida con la estabilidad presupuestaria, “una Hacienda Pública al servicio de los ciudadanos y no de sus propios gestores, compatible con una Administración eficaz que garantice la prestación de servicios públicos obligatorios como los de sanidad, educación, justicia o servicios sociales”. En palabras de Garcés “hemos de distinguir entre gastos imprescindibles y prescindibles y volcar todos nuestros esfuerzos en el mantenimiento de aquellas políticas de gasto necesarias, para lo que el Ejecutivo autónomo implantará medidas de racionalización que permitan, en identidad de prestaciones, obtener ahorros eficientes para todo el sistema”.

El titular de Hacienda y Administración Pública aragonés ha centrado la primera parte de su comparecencia en analizar la situación actual de la Comunidad Autónoma, caracterizada por “una herencia recibida lastrada por graves desajustes económicos y presupuestarios que va a determinar la agenda de reformas presupuestarias y administrativas del Gobierno de Aragón y que nos permite augurar cuatro años de esfuerzo y contención del gasto público con el doble propósito de devolver la confianza a los ciudadanos y a las empresas y recuperar la credibilidad de nuestras instituciones”.

El consejero de Hacienda ha explicado que los desajustes presupuestarios y financieros obedecen tanto a las insuficiencias del modelo de financiación autonómica “como a los errores graves cometidos en la anterior etapa política en Aragón en línea con las equivocaciones de la política económica nacional que han llevado a todas nuestras Administraciones a una situación que exige la adopción de medidas inmediatas de ajuste” y ha avanzado que el Gobierno de Aragón no está en condiciones de cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria previsto para 2011 (-1,3% del PIB regional), “lo que materializa el fracaso de un modelo de gestión pública y de un sistema de financiación insuficiente, además de dejar claro que es necesaria otra forma de hacer política presupuestaria”.

A este respecto, la proyección de déficit realizada a 31 de diciembre de 2011 en términos de capacidad / necesidad de financiación (SEC 95) por el Departamento de Hacienda y Administración Pública indica que la Comunidad Autónoma de Aragón podría acabar el año con un déficit del -2,7% equivalente a 929,5 millones de euros, lo que supone un exceso de déficit sobre el objetivo permitido del -1,4% ó 485 millones de euros.

En opinión de Garcés, “aunque esta situación de partida retrata un modelo de gestión inoperante que va a hipotecar el futuro de nuestras finanzas en los próximos años, tenemos la obligación de remontar este resultado y de extinguir todas las medidas que han hecho posible este estado de desequilibrios, podemos hacerlo pero será un proceso largo”.

La auditoría que realiza actualmente el Departamento de Hacienda y Administración Pública permite avanzar algunos datos, que también han sido puestos de manifiesto en la comparecencia. Por ejemplo, el hecho de que el déficit presupuestario del SALUD a final de 2011 vaya a rondar los 400 millones de euros.

En materia de gastos, una proyección del gasto reconocido (lo que ya está imputado a presupuestos) a 31 de julio de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011 indica que el gasto final rondará los 5.100 millones de euros, lo que considerando el nivel de avance de la ejecución presupuestaria, los gastos públicos obligatorios que no se pueden ajustar y las obligaciones jurídicas reconocidas que no es posible extinguir deja un margen de acción muy reducido al Ejecutivo actual. Para el consejero de Hacienda “lamentablemente la actividad pública no permite poner el contador a cero, sino que los gestores públicos asumen la carga, incluso tan onerosa como en este caso, de reorientar una situación insostenible e inviable a medio plazo”.

Por otra parte, a 15 de julio de 2011 se han imputado al presupuesto de 2011 obligaciones de ejercicios precedentes por importe de 229 millones de euros, de los cuales 214 provienen de obligaciones generadas en el sistema de salud. Esta situación, en la que las obligaciones de ejercicios anteriores consumen los recursos de los presupuestos en curso exige una corrección a varios años y la adopción de medidas de racionalización del gasto público sanitario para reducir la brecha que hay entre los presupuestos sanitarios y los gastos reales de los próximos ejercicios. A modo de ejemplo, en el Servicio Aragonés de Salud las imputaciones de gasto de ejercicios anteriores en el presupuesto de 2002 fueron de 16 millones de euros, mientras que en el presupuesto de 2011 esta cifra asciende a 214 millones de euros.

Para el titular de Hacienda aragonés “aunque hay políticas de gasto que deben consolidarse como las de sanidad, educación, justicia o servicios sociales, porque son pilares básicos para el desarrollo de la sociedad aragonesa, hay recorrido cierto para obtener ahorros en esos cuatro ámbitos manteniendo el nivel de calidad de los servicios públicos”.

En materia de ingresos el análisis de la situación actual deja dos puntos de interés. Por un lado, el relacionado con el modelo de financiación y con la gestión del sistema por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, que no ha librado los anticipos derivados del Fondo de Convergencia y de los recursos adicionales del nuevo sistema de financiación, pagos que otras Comunidades han exigido formalmente y en algunos casos recurrido por las vías oportunas y que el actual Gobierno de Aragón también va a reclamar.

Por otra parte, la evolución de los impuestos cedidos gestionados en Aragón (Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), Actos Jurídicos Documentados (AJD) o tasa fiscal sobre el juego evidencia el estancamiento de la actividad económica en la Comunidad y en el país. Cabe afirmar que la recaudación final prevista en estos conceptos será a final de año 200 millones de euros inferior a la contemplada en los presupuestos iniciales. Así, si en 2007 la recaudación por ITP era de 243 millones de euros, en 2011 las previsiones sitúan la recaudación a final de año en 117 millones de euros, menos de la mitad que hace cinco años. En AJD si en 2007 se recaudaron 220 millones de euros en 2011 se recaudarán 74, una tercera parte.

El saldo vivo de la deuda en Aragón se ha triplicado en los últimos cinco años, pasando de 1.165 a 3.300 millones de euros. Esto significa que cada familia aragonesa adeuda 10.000 euros frente a los 3.000 que adeudaba en 2007. En este mismo periodo la deuda de las empresas públicas aragonesas se ha duplicado y seguirá creciendo en los próximos años pues necesitan refinanciar su propia deuda interna. A este respecto Garcés ha afirmado que “la deuda pública es un tributo diferido que van a pagar nuestros hijos y nietos, y va a crecer si las previsiones de ingresos fiscales siguen como hasta ahora, por lo que es fundamental adoptar medidas de política económica que relancen las economías española y aragonesa”.

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