La depuradora de Utebo provoca tensión entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA

sábado, 4 agosto , 2012 | Por | Categoria: Actualidad Local

En un nuevo episodio de las, a veces tensas, relaciones institucionales entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, ayer el consejero de Medio Ambiente de la DGA, Modesto Lobón, anunció que ha pedido explicaciones por escrito al alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, por el anuncio de que la sociedad mixta Ecociudad-Zaragoza incluirían en los pliegos de condiciones la construcción de las depuradoras de Casetas, Garrapinillos y Villarrapa. Unas instalaciones que, recordó el Ejecutivo aragonés, quedaron ya incluidas en su momento en el proyecto de construcción y explotación de la estación depuradora de Utebo, una obra del Instituto Aragonés del Agua.

Fue a través de un comunicado oficial del Gobierno aragonés, que suscitó la reacción del vicealcalde Fernando Gimeno, quien mostró su sorpresa por la reacción del Ejecutivo. “La depuradora de Utebo tendría que estar hecha hace dos años. Zaragoza quiere garantizar el tratamiento de sus aguas, tal y como marca la Unión Europea, pero si finalmente la estación de Utebo va a construirse llegaremos a un acuerdo”, indicó Gimeno.

Entre los argumentos de la DGA para pedir explicaciones al consistorio, Lobón detalló que, de no incluirse las depuradoras de estos tres núcleos en la actuación que está llevando el Instituto Aragonés del Agua en Utebo, “traería consigo, aparte de una pérdida de la eficacia que supone la depuración global de esta agua residuales, posibles reclamaciones de la empresa concesionaria, desde el momento que se recibirían en la depuradora de Utebo caudales mucho menores de los previstos, con la consiguiente merma de sus ingresos”.

Además, esta modificación, a juicio de Lobón, supondría un “incumplimiento” de las obligaciones asumidas por el consistorio zaragozano en el convenio marco firmado entre el propio ayuntamiento y el Gobierno de Aragón el 28 de diciembre del 2007.

 

CONVENIO En este se recogía que será el Ejecutivo autonómico, a través de las infraestructuras que iba a construir el Instituto Aragonés del Agua, “quien llevaría a cabo la depuración de las aguas residuales de estos núcleos, y que el ayuntamiento asumía la parte proporcional de los costes de la concesión y de los terrenos expropiados necesarios para la ejecución de las obras”.

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