La Diputación de Teruel continúa aplicando medidas políticas que benefician al medio rural. En ese sentido, ha destinado este año 2014 un total de 150.000 euros al fomento de la vivienda social con una línea de ayudas para la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal que beneficia a las localidades con una población censada inferior a 1.000 habitantes.
La Diputación de Teruel, consciente de la problemática situación socioeconómica que presenta nuestra provincia, ha promovido un nuevo programa de ayudas para la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal con destino a su uso como viviendas sociales. Durante este año, el presupuesto de 150.000 euros ha permitido atender las solicitudes de 13 Ayuntamientos turolenses para la realización de actuaciones que favorecieran el asentamiento poblacional y el incremento de aquellas actividades relacionadas con el turismo y el ocio.
Está previsto que el próximo año puedan atenderse el resto de solicitudes de aquellos otros Ayuntamientos de la provincia que han quedado fuera de la actual convocatoria. El criterio de selección de las ayudas ha sido el orden de entrada en el registro de cada una de las peticiones formuladas por los Ayuntamientos que cumplían los requisitos exigidos. También se ha dado preferencia a aquellas solicitudes remitidas por Ayuntamientos menores de 750 habitantes y que no fueran beneficiarios de la convocatoria de 2013.
Desde la Diputación de Teruel se estima que una de las mayores dificultades existentes es encontrar en dichos municipios viviendas en condiciones de habitabilidad, bien para su destino a alquiler por jóvenes autóctonos emancipados o nuevos residentes, o bien para su empleo en usos de interés social. De ahí que se haya considerado conveniente poner en marcha un programa que subvencionara a aquellos Ayuntamientos de la provincia con una población censada inferior a 1.000 habitantes. La Diputación de Teruel ha subvencionado entre el 50% y el 80% de la inversión justificada, con un máximo de inversión de 20.000 euros, para la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal. Dichas viviendas deberán destinarse obligatoriamente a alquiler, o para fines de interés social, por un periodo de cinco años como mínimo.
