La Cámara de Cuentas de Aragón señala algunas incidencias y recomienda mayor claridad en los informes de viabilidad de los proyectos.
– La Cámara de Cuentas de Aragón ha aprobado el Informe de fiscalización de las líneas de apoyo financiero y concesión de préstamos a empresas por parte de la sociedad pública SUMA Teruel (2016-2018), incluido en el Plan de fiscalización del año 2020.
SUMA Teruel es una sociedad pública (por estar en manos del sector público el 66 % de su
capital social, a partes iguales, entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón),
constituida en 2007 y adscrita al sector público aragonés. Su actividad en el periodo
fiscalizado ha consistido en la concesión de préstamos para el fomento y dinamización de la
actividad empresarial en la provincia de Teruel, como órgano ejecutor del Fondo de
Inversiones de Teruel (FITE).
Desde el inicio y hasta 2018, Suma Teruel ha concedido 155 préstamos, correspondientes a
145 solicitudes (algunas incluyen varios préstamos) de las 275 presentadas, por un importe de 30 millones de euros. En el periodo fiscalizado, los 43 préstamos concedidos suman 9,6 millones.
Si bien entre los ejercicios 2009 a 2014, coincidiendo con los efectos de la crisis económica,
se observa un equilibrio entre concesiones de préstamos para atender necesidades de
liquidez y para financiación de inversiones, a partir de 2015, la mayoría de los préstamos se
autorizan para la financiación de inversiones.
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NOTA DE PRENSA
Por sectores de actividad, 9 millones de euros se han prestado a empresas del sector
primario y agroalimentario, 11 millones a empresas del sector de la industria y la
construcción y 10 millones a empresas del sector servicios. Por comarcas, las más
beneficiada ha sido la comarca Comunidad de Teruel (26% del total), seguida del Bajo
Aragón (13% del total).
Los trabajos de auditoría realizados permiten concluir que la gestión de las líneas de apoyo
financiero y concesión de préstamos a empresas por parte de SUMA Teruel en el periodo
fiscalizado resulta conforme, en todos los aspectos significativos, con la normativa aplicable
a la gestión de los fondos públicos.
No obstante esta opinión favorable, la fiscalización han revelado algunas incidencias que el
informe detalla en dieciséis conclusiones, la primera de las cuales, señala duplicidades con la
Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A (SODIAR), con fines similares.
Otra de las conclusiones evidencia debilidades de control interno, como la imposibilidad de
realizar un seguimiento informático de los préstamos, más allá del registro de la solicitud, o
la falta de detalle sobre la rentabilidad mínima esperada de las inversiones.
Asimismo, los auditores de la Cámara de Cuentas reflejan que el 32% de los fondos
prestados por Suma Teruel entre 2008 y 2018, o bien no se va a recuperar, o será
improbable que esto suceda. Este riesgo de impagos asciende conjuntamente a 9,86
millones de euros, habiendo aumentado en el periodo 2016-2018 en 1,5 millones.
Por otro lado, hasta el convenio del FITE de 2019 no estaba regulada la reinversión de los
fondos recuperados por SUMA Teruel, por lo que las nuevas operaciones con cargo a estos
fondos recuperados quedaban fuera del control de los órganos encargados de la gestión del
Fondo de Teruel
El trabajo de auditoría también evidencia incumplimiento de las obligaciones de publicidad y
transparencia por parte de Suma, puesto que el portal de la sociedad no recoge información
de los préstamos concedidos (importes, objetivo o finalidad, beneficiarios, fecha de
concesión, etc.).
El Informe de fiscalización de las líneas de apoyo financiero y concesión de préstamos a
empresas por parte de la sociedad pública SUMA Teruel (2016-2018) presenta varias
recomendaciones. En relación con los informes de viabilidad de los proyectos sometidos a
examen, la Cámara de Cuentas reclama mayor claridad y detalle, así como reforzar los
controles de viabilidad para para reducir, en lo posible, las tasas de morosidad. También
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NOTA DE PRENSA
recomienda a Suma Teruel que realice informes de seguimiento periódicos que acrediten
que las empresas receptoras de los fondos ejecutan las inversiones previstas, así como una
mejora de sus sistemas de información y archivo que permita la trazabilidad de los
expedientes de préstamo y el tratamiento de datos.
