La institución aragonesa, que trabaja para el desarrollo socioeconómico de Aragón y la defensa de sus intereses, argumenta su posición en cuatro puntos
Exige una análisis riguroso, transparente y plural de cualquier cambio en la gestión fiscal que pueda afectar a la economía regional
La Fundación Basilio Paraíso, cuyo propósito institucional es trabajar por el desarrollo socioeconómico de Aragón y defender sus intereses, expresa su profunda preocupación ante la reciente noticia de cesión de la gestión completa de la fiscalidad a la Generalitat de Cataluña por parte del Gobierno de España. Esta medida plantea serios interrogantes y consecuencias negativas para Aragón y otras comunidades autónomas.
La Fundación Basilio Paraíso manifiesta su firme defensa de los intereses de Aragón y exige un análisis riguroso, transparente y plural de cualquier cambio en la gestión fiscal que pueda afectar a la economía regional. La institución de ámbito socio económico aragonesa basa su argumentación en los siguientes puntos:
- Equidad fiscal:
Permitir que Cataluña gestione el 100% de sus tributos no solo socava la cohesión del sistema fiscal nacional, sino que también resulta en un trato preferencial para una comunidad a expensas de otras, como Aragón. La equidad fiscal es un pilar fundamental de nuestro sistema tributario y cualquier medida que la comprometa debe ser rigurosamente evaluada.
- Impacto económico:
Aragón, como otras comunidades autónomas, depende de las transferencias del Estado para equilibrar su presupuesto. La estimación preliminar de la Fundación Basilio Paraíso, basada en datos del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, sugiere que la reducción de las transferencias debido a la retención de ingresos fiscales por parte de Cataluña tendría un impacto relevante en el déficit fiscal de Aragón, superior al 10%. Esta situación agravaría aún más las finanzas regionales aragonesas y limitaría su capacidad para invertir en desarrollo socioeconómico.
- Transparencia y rigor:
Es imperativo que cualquier decisión de esta magnitud se base en datos fiables y análisis exhaustivos de impacto. Hasta el momento, no se han publicado estudios detallados sobre cómo esta medida afectará a las cuentas del resto de comunidades autónomas ni a las del estado español en su conjunto. Las decisiones que afectan la estructura fiscal del país deben ser tomadas con el más alto rigor técnico y con una visión clara de sus implicaciones a largo plazo.
Así mismo, es esencial que los ciudadanos y las instituciones tengan acceso a toda la información relevante para evaluar las consecuencias de esta medida. La ciudadanía y las instituciones públicas autonómicas merecen que una medida de este calado conlleve un análisis riguroso, plural y sosegado de su viabilidad e impacto a todos los niveles y a todos los implicados, asegurando que se analicen todas las posibles repercusiones antes de su implantación.
La Fundación Basilio Paraíso insta a asegurar la máxima transparencia en el proceso de decisión. Toda decisión de este tipo que sea tomada sin la involucración activa de todos los implicados, y en este caso concreto, de las comunidades autónomas, iría en contra los valores democráticos.
- Compleja y difícil reversibilidad:
La cesión completa de la fiscalidad a Cataluña presenta una problemática de difícil y compleja reversibilidad. Una decisión como ésta, una vez implementada, implica la creación y/o modificación de estructuras administrativas y financieras profundamente arraigadas que son extremadamente difíciles de desmantelar en el caso de evidenciarse erradas o contrarias a los principios del modelo de solidaridad territorial. Advertimos que una vez dado este paso, un camino de regreso sería extremadamente arduo y, en muchos casos, prácticamente imposible.
Por lo tanto, hacemos un llamamiento a todas las instituciones y actores políticos a evaluar esta medida con la máxima cautela y responsabilidad; considerando detenidamente las implicaciones de esta decisión y garantizando que se adopten medidas que promuevan la equidad y el desarrollo socioeconómico equilibrado en todas las comunidades autónomas de España, con el máximo rigor técnico, transparencia y consenso.