La Junta Arbitral de Transportes de Aragón manejó el año pasado 750 expedientes sobre demandas, reclamaciones y depósitos

lunes, 1 noviembre , 2010 | Por | Categoria: Aragón

La Junta Arbitral de Transportes del Gobierno de Aragón manejó 750 expedientes el pasado año

La Junta Arbitral de Transportes del Gobierno de Aragón manejó a lo largo del ejercicio pasado 750 expedientes entre demandas, reclamaciones y depósitos, lo que dio lugar a 429 procedimientos arbitrales, con una cuantía litigiosa total de 766.770 euros, lo que viene a suponer una media de 1.787 euros.

Las partes que intervinieron en los procedimientos arbitrales fueron, en el 84% de los casos, empresas o comerciantes entre sí (transportistas, agencias, operadores y cargadores logísticos) y en el 16% restante usuarios o consumidores de una parte y de otras empresas de transporte, sobre todo de viajeros.

De forma mayoritaria, alrededor del 60% de los casos, las demandas tuvieron como causa el impago de los portes, lo que explica el aumento experimentado en los últimos meses y que también viene a retrasar el tiempo medio de resolución de los propios expedientes.

La actividad de la Junta Arbitral del Transporte de Aragón, órgano que viene a resolver por dicha vía los litigios de carácter mercantil surgidos en relación con el cumplimiento de los contratos de transporte, ha sufrido en los últimos años un fuerte incremento.

En el año 2005 se tramitaron 390 expedientes. En el año siguiente, 2006, el número total fue de 401. En el 2007 se llegó a los 472. En 2008 se alcanzaron los 536 y el año pasado, 2009, se la cifra volvió a subir hasta los 750. Este aumento ha conllevado un mayor plazo en resolver los litigios.

Según la propia Junta Arbitra de Transporte este último y considerable porcentaje de aumento tiene su principal origen en el similar o parejo aumento de la morosidad, pues casi el 60% de las demandas tramitadas por este organismo el pasado año tenían como causa el impago de portes.

La cuantía litigiosa del total de las demandas entradas en el año 2009 ascendió a 767.620 euros. Sin embargo, no es referencia ni representativo obtener una media aritmética para poder sacar conclusiones, pues ha de tenerse en cuenta que los importes reclamados difieren mucho según intervengan, como partes del procedimiento, solo empresas o intervengan también usuarios o consumidores finales.

En efecto, las demandas de los usuarios suelen ser por cantidades pequeñas, mientras que cuando las reclamaciones se ventilan entre empresas de transporte y empresas cargadoras, los importes objeto de discusión vienen a ser más elevados.

Por lo que respecta al transporte de mercancías y en cuanto al tipo de cuestiones de fondo que se plantean, aparte del impago de portes, las principales causas que originan la intervención de la Junta t=ratan sobre los daños y averías en >las mercancías transportadas y los retrasos en las entregas de los envíos.

Por lo que respecta al transporte de viajeros, son mayoritarias las demandas por robo o pérdida de los equipajes, por retrasos y por incumplimientos tarifarios. En todo caso conviene recordar que las Juntas Arbitrales tienen competencia sobre el transporte terrestre, bien sea por carretera, por ferrocarril o por cable (teleféricos).

El procedimiento a seguir para la resolución de los litigios por esta vía arbitral se rige por los principios de antiformalismo y simplificación de trámites; el procedimiento se inicia por un simple escrito en el que se han de narrar sucintamente los hechos que originan la reclamación y, si se desea, los fundamentos de Derecho en que se basa.

De este escrito o papeleta de demanda se da traslado al demandado y se cita a las partes a una vista que, obligatoriamente, ha de ser oral. En este acto y además de las correspondientes alegaciones, las partes proponen las pruebas de las que intentan valerse, practicándose las mismas, a poder ser, en ese mismo momento. Posteriormente, se dicta el oportuno laudo que, una vez firme, tiene la misma validez que una sentencia judicial y que en consecuencia adquiere la categoría de cosa juzgada.

Si el importe de la reclamación, la cuantía litigiosa, no supera los 6.000 euros y ninguna de las partes contratantes del transporte en cuestión manifestaron antes de realizarse el servicio o en el momento de la contratación que no se someterían a la Junta, existe la presunción legal de sumisión a la propia Junta, por lo que esta se convierte en instancia única para resolver tales litigios.

De superarse esta cuantía, la Junta precisa la sumisión expresa de ambas partes para poder resolver la reclamación.

Señalar, por último, que la Junta Arbitral del Transporte de Aragón celebra sus sesiones en las tres capitales de provincia de la Comunidad Autónoma, ya que la competencia territorial de la misma viene determinada por el lugar de origen o de destino del servicio de transporte de que se trate o por el lugar donde se formalizó el contrato.

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