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viernes, 19 agosto 2022 - 0:05:38
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La Plataforma a Favor de los paisajes de Teruel pide la dimisión del Vicepresidente Aliaga

 

La plataforma a favor de los paisajes de Teruel considera inadmisibles las declaraciones de Arturo Aliaga vertidas ayer en Teruel.  El vicepresidente del gobierno autonómico ha advertido de posibles responsabilidades patrimoniales a los ayuntamientos que denieguen licencias de obras para proyectos eólicos y fotovoltaicos. Los proyectos actualmente en trámite suponen cuadruplicar la potencia actualmente instalada y están siendo abiertamente contestados por numerosos vecinos y asociaciones por sus impactos ambientales y sociales severos e irreversibles, a pesar de que puedan llegar a tener el visto bueno del Departamento de Industria.

Lejos de mantener una postura institucional ponderada y equidistante en lo que es ya un importante conflicto social, las declaraciones de Arturo Aliaga generan indignación y perplejidad, suenan a amenaza a los ayuntamientos si osan rechazar algún proyecto eólico o fotovoltaico que cumpla con la legalidad. Que una administración autonómica con sus competencias sectoriales apruebe un proyecto, no significa en ningún caso que la administración local, con otras competencias bien definidas en urbanismo, lo deba aprobar. Esta advertencia supone toda una invasión de competencias a la autonomía local y una presión añadida a los municipios, muchos de los cuales no cuentan ni con personal ni recursos técnicos para tomar una decisión adecuada o de consenso.

El señor vicepresidente también podía haber incidido en lo que sucedería a cualquier administración que aprobara proyectos que van en contra de las ordenanzas municipales, o de los planes de protección, o de las normas que se apliquen en cada caso. Lo más habitual es que sean estas las que de forma torticera se interpreten tan laxa y ampliamente, que llevan a que se consideren legítimos proyectos que carecen de legitimidad. En definitiva, una persona que lleva tantos años en la política debería saber que los ayuntamientos gozan de lo que se llama la autonomía municipal y que dentro del ordenamiento jurídico puede aprobar normas que defiendan el patrimonio, el paisaje, las actividades tradicionales o cualquier otro criterio que quieran aplicar en su municipio, insistimos, sin saltarse las leyes generales.

Además, cabe añadir que la falta total de crítica hacia el impacto territorial por parte de la vicepresidencia del gobierno es todo un ejemplo de dejación de responsabilidades. Son plataformas ciudadanas y algunas ONG de reconocida reputación en Aragón y no el propio gobierno aragonés, con sus competencias y aparato legislativo en materia medioambiental, las que están denunciando los gravísimos problemas que este tipo de proyectos va a acarrear en los pueblos y sobre el paisaje y el medio ambiente. En lugar de dar seguridad jurídica desde la DGA a aquellos ayuntamientos que denieguen licencias de obra, Arturo Aliaga amenaza veladamente con problemas jurídicos si se niegan a aprobarlas.

Desde la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel creemos que cualquier DIA (declaración de impacto ambiental) debería cumplir estrictamente la legalidad vigente y  debería garantizar el respeto a la biodiversidad y los valores naturales de los territorios, pero en ocasiones se actúa a favor de las empresas y se ocultan, o no se quieren ver, afecciones que son muy evidentes; esto también debería tenerlo en cuenta el consejero de Industria y apremiar a sus directores generales y a los órganos de gobierno para que los rechacen, pues de lo contrario pueden incurrir en ilegalidades y también pueden pedirles responsabilidades, y responsabilidades patrimoniales, que es con lo que se amenaza a los ayuntamientos.

Por todas estas razones, la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel pide la dimisión inmediata del vicepresidente Arturo Aliaga. Considera que en un conflicto de estas características en el que hay miles de ciudadanos potencialmente afectados y muchos ayuntamientos con numerosas tensiones internas, sus declaraciones muestran un apoyo inequívoco a las empresas que practican la especulación con los proyectos de energías renovables, dejando desamparados a ciudadanos y alcaldes de toda la provincia de Teruel.

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