Los alcaldes turolenses integrados en la asociación Viento Alto han reclamado por carta a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que ponga fin al bloqueo del proyecto eólico Clúster Maestrazgo. En un escrito firmado este 5 de mayo en La Iglesuela del Cid, los ediles denuncian el retraso del Ministerio en resolver los recursos administrativos y exigen el inicio de unas obras vitales para la provincia.
Sin pruebas policiales ni judiciales en contra
La asociación de municipios ha decidido personarse como parte perjudicada en el procedimiento judicial del denominado caso Forestalia. Este paso legal les ha permitido acceder directamente al expediente y confirmar la ausencia de vínculos del clúster eólico con la investigación.
Los representantes del Maestrazgo han trasladado a la ministra las siguientes conclusiones tras revisar la documentación:
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No existe ningún informe policial ni de la UCOMA que apunte a indicios o irregularidades en las autorizaciones administrativas del proyecto eólico.
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La investigación judicial se centra exclusivamente en instalaciones fotovoltaicas de la zona, proyectos totalmente ajenos a este parque eólico.
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El Juzgado de Instrucción nº 1 de Teruel ha descartado aplicar medidas cautelares de urgencia y ha aplazado la vista sine die al no apreciar indicios de delito en este caso.
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El Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya han rechazado previamente todas las medidas cautelares solicitadas contra el proyecto.
Un castigo para la despoblación en Teruel
Los alcaldes de Viento Alto recuerdan en su misiva que llevan más de ocho años trabajando en la tramitación del parque. Aseguran conocer el expediente en profundidad y defienden que cumple de forma escrupulosa con todos los requisitos legales, técnicos y ambientales exigidos.
Para los representantes municipales, la paralización supone un uso político y partidista que frena el desarrollo de la comarca. La inacción del Ministerio paraliza directamente el territorio:
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Impide la ejecución de más de cien medidas sociales y económicas diseñadas para combatir la despoblación en la comarca.
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Castiga de forma injustificada a una de las zonas de Aragón más vulnerables frente al reto demográfico.
El documento remitido a Madrid exige certezas y pide una reunión presencial con la ministra. La carta cuenta con la firma unánime de los primeros ediles de Mirambel, La Cuba, La Iglesuela del Cid, Bordón, Cantavieja, Tronchón, Fortanete, Puertomingalvo y Villarluengo.
