Los propietarios del número 19 de la calle San Francisco en Teruel han demandado a los 57 vecinos e inquilinos del número 21 para exigirles 1,34 millones de euros. La reclamación judicial busca compensar la ruina total de sus viviendas, provocada de forma directa por el histórico colapso del bloque contiguo el 13 de junio de 2023.
Reclamación millonaria en los juzgados turolenses
La demanda ya ha sido presentada en el juzgado de instrucción número 2 de la capital. Los afectados del número 19, que no han podido volver a sus casas desde hace casi tres años, exigen responsabilidades civiles. Consideran que la comunidad vecina no actuó con la debida diligencia ante los problemas estructurales que sufría el Edificio Amantes antes de caer.
El montante económico exigido asciende exactamente a 1.343.529,20 euros. Esta cifra se estructura en los siguientes conceptos clave:
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955.806 euros para compensar las pérdidas materiales del edificio, descontando el valor del suelo.
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223.921 euros en concepto de daños morales sufridos por las familias.
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Gastos derivados de la obligación de demoler la finca.
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Pérdida de enseres y contenido interior, incluido de forma íntegra en el caso del propietario del ático.
El peso letal de los escombros y el bloqueo de los seguros
El documento judicial detalla que el retraso en los trabajos de desescombro fue letal. Las 4.822 toneladas de cascotes aplastaron la cubierta, reventaron la medianera y deformaron la estructura del número 19. Ante estos daños, el Ayuntamiento de Teruel modificó su orden inicial de demolición parcial y decretó la ruina total.
Patricia Aldazabal, presidenta de la comunidad del número 19, asegura que la vía judicial es la única salida. Los intentos de acuerdo amistoso entre el Ayuntamiento, las aseguradoras y los propietarios han fracasado. Además, el seguro se niega a abonar las indemnizaciones hasta que un juez dicte sentencia firme.
Presión sobre el número 21 y quejas por las ayudas públicas
La llegada de las notificaciones judiciales ha caído como un jarro de agua fría entre los damnificados del Edificio Amantes. Javier Carbó, presidente de la comunidad del número 21, lamenta la medida porque añade presión psicológica y un alto coste legal a las familias. Los 57 demandados disponen de 20 días hábiles para responder a la justicia.
Carbó insiste en que primero debe aclararse quién es el responsable del derrumbe original. La comunidad mantiene un contencioso administrativo contra el consistorio valorado en 4 millones de euros, culpando del colapso a fugas en las redes municipales de agua. El Ayuntamiento lo niega y culpa al estado del hormigón.
Paralelamente, los dueños del número 19 han abierto otro frente administrativo. Han exigido por escrito acceder a las ayudas de 60.000 euros cofinanciadas por el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón. La alcaldesa, Emma Buj, anunció estos fondos en abril únicamente para los vecinos del número 21, una decisión que el bloque contiguo tilda de «discriminatoria
