La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha advertido este miércoles que la comunidad utilizará todos los recursos legales disponibles para frenar el traslado forzoso de menores migrantes procedentes de Ceuta. El Ejecutivo autonómico considera la entrada irregular en la ciudad autónoma como un problema de «seguridad nacional» provocado por la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque confirma que acatará la legalidad si finalmente se impone un reparto vinculante a los territorios.
Servicios de acogida al 200% de su capacidad
La presión migratoria en la frontera amenaza con repercutir directamente en la red de centros de protección del territorio aragonés. Vaquero ha alertado de que el Ejecutivo central pretende repartir sus fracasos entre las comunidades autónomas. La vicepresidenta ha recordado que los servicios sociales en Zaragoza, Huesca y Teruel están ya «muy tensionados». En anteriores crisis migratorias, la capacidad de acogida en Aragón llegó a verse sobrepasada en un 200%.
La número dos de la DGA ha reprochado que el presidente del Gobierno y sus ministros se encuentren de vacaciones en lugar de gestionar la emergencia fronteriza. Según la responsable autonómica, el Estado desoyó las advertencias sobre la llegada incontrolada de personas y ahora busca descargar su inoperancia sobre las autonomías.
Acción judicial y respeto normativo
Frente a un posible reparto obligatorio dictado desde Madrid, el Gobierno aragonés aplicará el acuerdo de gobierno para proteger la integridad de sus competencias y servicios públicos:
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Acatamiento de la ley: Aragón no desobedecerá la legislación vigente si el reparto es de obligado cumplimiento, pero no asumirá pasivamente las cuotas.
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Batalla en los juzgados: La comunidad activará instrumentos políticos y jurídicos contra cualquier traslado que considere arbitrario.
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Sentencias previas en Ceuta: La DGA se apoya en recientes fallos judiciales favorables dictados en juzgados ceutíes. Los magistrados paralizaron meses atrás varios envíos de menores a Aragón al determinar que el Gobierno central actuó sin justificación y se extralimitó en sus funciones, dejando a la comunidad en indefensión.
Mar Vaquero ha insistido en que seguirán confiando en la Justicia para evitar que se trate a los menores migrantes como «mercancía». Desde el Ejecutivo aragonés acusan a Sánchez de jugar con la vida de personas vulnerables únicamente para generar confrontación política y eludir responsabilidades.
