Durante los últimos meses hemos oído al Presidente del Gobierno repetir, una y otra vez, que aunque el P.P. ganase las elecciones, la economía no se iba a mejorar de un día para otro, pero que uno de los factores que más podía contribuir a acelerar esa mejora sustancial era el recuperar la confianza de los ciudadanos y estaba seguro de que la iban a conseguir.
Estoy convencido de que el Sr. Rajoy tiene gran parte de razón y que ese es un factor fundamental para avanzar más rápidamente hacia una salida de la crisis, pero quería hoy desde estas líneas hacer una llamada de atención a nuestros futuros Diputados, precisamente en referencia a esa recuperación de la confianza del ciudadano.
No me cabe duda de que gran parte de los españoles están convencidos de que los nuevos gobernantes van a procurar ser más rigurosos y eficientes a la hora de administrar los recursos, pero para avanzar de verdad en esa confianza se tienen que tomar medidas, de tipo legal y no solo políticas, que impidan ó al menos dificulten, la gestión inadecuada de los recursos públicos, y si a pesar de todo esta se llega a producir se apliquen las medidas legales que proceda a los responsables.
Resulta sorprendente que las cuentas públicas se lleven de tal manera que cuando un gobernante va a tomar el relevo al anterior no le sea posible, antes de ocupar el cargo, conocer con exactitud la situación económica de esa administración y no estoy pensando solamente en el caso de Castilla La Mancha, entre otros casos autonómicos, sino incluso en la propia administración del Estado, en la que, a día de hoy, se duda incluso sobre el porcentaje real de déficit, y que se teme sea muy diferente del manifestado por los actuales responsables.
Así pues Sr. Rajoy, no se puede prorrogar esta situación por más tiempo. Si se necesita tomar medidas adicionales que complementen el rigor contable y presupuestario de las Administraciones públicas, que en mi opinión no es el caso, hágase, pero no se demore más de lo estrictamente necesario el tipificar en el código penal este tipo de conductas irresponsables y aplíquese cuando proceda. Que los ciudadanos se convenzan de que este tipo de actuaciones no volverán a quedar impunes.
No caben excusas. El apoyo mayoritario otorgado por los ciudadanos es suficiente para llevar la iniciativa adelante y no defraudarlos.
Solo así se puede avanzar de forma rápida en la recuperación de la confianza, dentro y fuera del país, y a pesar de todo no será fácil.
