Mi granito de arena:“El Tribunal Constitucional”(Por José Antonio Virto)

lunes, 29 enero , 2018 | Por | Categoria: Opinión

Mi granito de arena: “El Tribunal Constitucional”

 

Estas últimas semanas, como casi todas desde hace ya años, vuelve a estar en la palestra el Tribunal Constitucional, o como se le denomina de forma abreviada, el TC, y lo está gracias a los recursos que se han presentado y a manifestaciones realizadas por algunos de sus miembros.

Según esas manifestaciones, lo urgente de la investidura del President de Cataluña era la admisión a trámite del recurso del Gobierno y la paralización o suspensión cautelar de ese pleno, pero la resolución sobre el fondo del asunto ya no es urgente y llegará cuando llegue.

Son muchos los asuntos que tiene pendientes de dictaminar el TC, y todos ellos en mi opinión muy urgentes, como no puede ser de otra manera cuando hablamos de medidas que pudiesen contravenir nuestro ordenamiento constitucional, pero por lo que se ve, esa urgencia la ven de distinta manera los miembros del TC.

Me sorprendió mucho ver que este tribunal, al menos cuando mantiene reuniones plenarias, inicia la sesión a la una de la tarde, interrumpen la sesión después de dos horas de reunión para ir a comer, y continúan por la tarde un rato, si es preciso, pero tampoco en sesión muy larga.

No sé si esta forma de trabajar es porque tienen un contrato de los que muchos ciudadanos y sindicatos denominan “contrato basura”, o es un contrato a tiempo parcial y mal remunerado o cualquier otra causa, pero creo que para las funciones que tiene asignadas y la importancia de sus resoluciones, sería bueno y conveniente que su forma de actuar fuera otra.

A día de hoy están pendientes resoluciones del TC que se le han solicitado desde hace meses e incluso años.

O bien la capacidad resolutoria de esos insignes juristas designados por los partidos políticos no es la necesaria, o bien la complejidad de nuestra Constitución y de nuestros ordenamientos jurídicos, o su mala calidad, que también podría ser, hacen necesarios largos análisis y debates para dilucidar lo que, en mi opinión, debería ser casi una labor sencilla para cualquiera, si esa norma tiene verdadera vocación de ser comprensible y comprendida por el ciudadano.

Así que, si como parece hay muchos convencidos de la necesidad de una revisión o modificación de la Constitución del 78, anoten también entre las cosas a revisar esta: la de dar una claridad y lógica a la Constitución que evite esta permanente situación de recursos y obligue a los legisladores, centrales o autonómicos, a un mayor rigor y coherencia en las disposiciones que aprueben.

Si lo que concurre también es que esos ilustres miembros del TC no disponen de un contrato y compensación económica acordes con su preparación y prestigio, y una dedicación plena, soluciónese también ese problema, pero esta situación debe cambiar y debe hacerlo cuanto antes.

 

José Antonio Virto

                                                                                   TERUEL.

 

 

 

Mi granito de arena: “Del culebrón de Puigdemont y la continuidad de Rajoy”

 

Estamos todavía a vueltas con este personaje y dudas sobre si se intentará su investidura por vía telemática o se presentará en el Parlament para ser investido President.

Al hilo de ello a mi me surgen algunas preguntas.

¿Es el Parlament un territorio al margen de la ley?

¿Pueden el presidente de la cámara o los diputados sustraerse a la justicia y a la obligación de entregar inmediatamente a la justicia a alguien que está reclamado por ella, en el caso de que logre llegar a la cámara?

¿Qué delitos cometerían de no hacerlo así y que penas les corresponderían?

¿Puede la fuerza pública actuar dentro del Parlament y proceder a su detención por orden de un juez del Tribunal Supremo o no puede hacerlo sin la autorización del President de la cámara?

Todas estas cuestiones merecen una respuesta que nos aclare a los ciudadanos que país tenemos, que ordenamiento jurídico se aplica en él y si de verdad todos estamos sometidos a la legalidad o no y si alguien incumple esas leyes, se le exija con todo rigor las responsabilidades oportunas.

¡¡¡Ya está bien de “buenísmos”, mediaciones y paños calientes en aras de un entendimiento imposible y nada conveniente!!!

 

Otro tema reciente de actualidad es la intención del Sr. Rajoy de presentarse nuevamente a la reelección como presidente.

Personalmente creo que eso no es cierto y creo que no lo es por muchas razones.

La primera y quizás la menos importante para él, es el compromiso con Ciudadanos sobre la limitación del número de mandatos a dos, con lo que ya se habría cubierto el plazo para el Sr. Rajoy y el incumplimiento podría dificultar futuros pactos y acuerdos..

En segundo lugar, creo que la corrupción, con todo lo anterior y lo que ahora se le viene encima con el caso Gürtel en Valencia, ha acabado desgastando, con o sin motivo directo, su imagen hasta niveles impensables hace unos años.

Por último, la crisis catalana, con su actuación “tancredista” según unos y su incapacidad y medias tintas, según otros, le ha terminado de colocar en una posición mas que delicada para obtener unos resultados aceptables en las próximas elecciones.

Estoy convencido de que el es consciente de todo ello y entonces la pregunta sería ¿por qué hace pues estas manifestaciones?

Pues creo que con ello intenta evitar que los ataques y posibles intentos de desgaste se centren sobre él durante algún tiempo más y así evitar que esos intentos se dirijan hacia el posible sucesor, como sin duda ocurriría si la oposición tuviese claro que no era su intención el continuar.

Lo que si creo que está claro es que si no se produce una renovación en el PP, las posibilidades, no ya de mejorar sino simplemente mantener los resultados de las últimas elecciones, son una quimera.

 

José Antonio Virto

                                                                                   TERUEL.

 

 

Mi granito de arena: “El trabajo de nuestros diputados”

 

No sé si a la mayoría de ciudadanos les ocurrirá lo mismo, pero a mi, el ver a nuestros diputados promover comisiones de investigación y dedicar una parte de su tiempo a asuntos que no parecen de su competencia, o al menos no forman parte de sus principales obligaciones, me resulta bastante desmoralizador.

Parece que a nuestros diputados generales, les parece más prioritario, o al menos lo acometen con mayor diligencia e interés, el “investigar” sobre la actuación de unos y otros durante las nevadas de la semana pasada y las retenciones que se ocasionaron, excluyendo por supuesto de cualquier responsabilidad a los conductores, que el abordar el tema de las pensiones, o de la educación, tanto en la escuela y colegios como en la universidad, la política de ayudas a parados y/o emigrantes y un largo etc. de asuntos que resultan mucho más prioritarios para los ciudadanos y para el futuro de nuestro país.

A nivel de Aragón, la cosa no va mucho mejor y parece que lo prioritario es el investigar si las muertes ocasionadas por el “ruso” en el Bajo Aragón, se hubiesen evitado si hubiese más  funcionarios de la Guardia Civil en esa zona, si se hubiesen organizado batidas, o cualquier otra medida, que ahora, después de los acontecimientos, parece más fácil reivindicar, en lugar de trabajar, por ejemplo, para eliminar discriminaciones económicas de nuestra región y nuestros ciudadanos, respecto de otras regiones y comunidades, en ayudas de todo tipo, o estudiar a fondo los abusos que se vienen produciendo en la liquidación de impuestos de transmisiones y de sucesiones, por la aplicación de valoraciones incorrectas y desproporcionadas, o la aplicación de unos valores de expropiación muy inferiores a los que se aplican por los mismos bienes en comunidades vecinas, simplemente porque están a un lado u otro de la línea divisoria.

Yo no quiero poner en duda la importancia que este tipo de acontecimientos pueden tener para el ciudadano, ¡Dios me libre!, pero no creo que sea la labor que deban desempeñar nuestros representantes electos.

Vamos a dejar de una vez los populismos a un lado y a trabajar en serio en los asuntos más importantes y a desempeñar las funciones que tienen encomendadas como fundamentales.

Es posible que detrás de todo esto haya también una parte importante de incapacidad e incompetencia, por falta de una preparación y conocimientos necesarios para desempeñar esas funciones, visto el cada vez más bajo perfil de nuestros políticos, que desde el 78 no deja de disminuir y que los mas “lerdos” y osados se atreven a cuestionar, pero debería servir también para que los ciudadanos exigiésemos a los partidos mayor rigor en la selección y elección de los candidatos.

 

José Antonio Virto

                                                                                   TERUEL.

 

Mi granito de arena: “A vueltas con las pensiones”

Se me ocurren pocos elementos disuasorios a incluir en el debate ciudadanos del “día a día” para terminar de espantar a los ciudadanos de este país. Digo que se me ocurren pocos o ninguno, ahora mismo, no que no los haya y tampoco que nuestros insignes políticos no sean capaces de inventarlos.

La opinión mayoritaria de los ciudadanos encuestados a diario es que en un futuro no muy lejano, las pensiones públicas, o no existirán, o serán tan exiguas que no permitirán ni la supervivencia.

Por otra parte, la economía sumergida presenta la ventaja de, además de no conllevar el pago a una Seguridad Social, al que no se le ve ninguna ventaja, tampoco conlleva el pago de impuestos, con lo que la “rentabilidad” se incrementa notablemente.

El tener que guardar el dinero en el cajón en lugar de en el banco, tampoco hoy resulta nada disuasorio, dados los inexistentes rendimientos de los ahorros y las elevadas comisiones por los mantenimientos de cuenta que cobran todas las entidades bancarias, ante la total inactividad de las autoridades económicas bajo el pretexto de una supuesta “libertad de mercado”, que no sirve para fomentar una competencia real entre ellas.

Todo ello unido al hecho de que ya hace unos años se desvinculó la asistencia sanitaria de la cotización de los ciudadanos a la seguridad Social, haciéndola universal, con lo que se suprimió, con o sin razón, amparándose en que se sufragaba vía impuestos generales, otro de los alicientes importantes para estas cotizaciones, pone cada vez más difícil la lucha contra la economía sumergida.

Parece que el actual sistema de pensiones es insostenible por muchas razones, entre las que se encuentran la mayor longevidad de los ciudadanos que aproxima, si no iguala, el número de cotizantes al de perceptores de pensiones, la cuantía de algunas pensiones, superiores al salario medio actual, la tardía incorporación de los jóvenes al mercado laboral y un largo etc.

Sin embargo, nadie se cuestiona si el sistema de ayudas a los inmigrantes y su larguísima duración, por no decir que indefinida, es lógica y sostenible o debería revisarse y racionalizarse. En realidad existe miedo por parte de los políticos a exponer de forma clara y transparente en los medios de comunicación, las condiciones de dichas ayudas y lo que se conoce de ellas, lo es solo a través de comentarios puntuales de algunos ciudadanos, posiblemente mal informados,  sorprendidos e indignados, por los datos que han tenido ocasión de conocer.

No pretendo cuestionar aquí la existencia de dichas ayudas sino sus características, importes y duración, con plena transparencia hacia el ciudadano y sin superar en ningún caso la duración del subsidio que nuestro país da a los parados y con importes ajustados, que contemplen todas las ayudas recibidas y las de todos los miembros de la unidad familiar,  para evitar lo que según se dice, se está produciendo en muchas ocasiones.

Pues bien, hace muchos meses que ya propuse en un artículo que se gravaran las operaciones de bolsa, con un impuesto que contribuyese al sostenimiento del país, y que al hilo de los debates actuales, podría contribuir a financiar las pensiones.

El volumen de operaciones de bolsa en España, a lo largo del año, ronda el BILLÓN DE EUROS. Si se gravaran estas operaciones con un impuesto del 1%, además de contribuir a disminuir la excesiva volatilidad de los valores, y aunque disminuyese la compraventa al 50% motivada por ese gravamen, estaríamos hablando todavía de una recaudación en torno a los CINCO MIL millones de euros.

No entiendo como cualquier otra compra está gravada en este país, bien con IVA o con impuestos sobre transmisiones, y este tipo de operaciones, puramente especulativas, está libre de impuestos, pero claro, el capital es el capital, y hoy por hoy es intocable.

José Antonio Virto

                                                                                   TERUEL.

 

Mi granito de arena: “La equiparación de sueldos”

 

Parece que finalmente, se va a equiparar el sueldo de los miembros de la Guardia Civil y Policía Nacional, con los de las policías autonómicas y locales.

Quiero dejar bien claro en primer lugar, que estoy totalmente de acuerdo con esa equiparación, entre otras cosas porque pienso que los miembros de estos cuerpos lo merecen y como se viene demostrando, con mayor mérito, dedicación y efectividad.

Sin embargo, creo que adoptar estas medidas sin efectuar modificaciones de nuestro ordenamiento sea cual sea el nivel al que haya que actuar, puede abrir la “caja de Pandora” y crear más problemas que los que soluciona.

La mayoría de los ciudadanos conocemos la mayor remuneración que tienen también los funcionarios en muchas administraciones autonómicas y locales, respecto de sus equivalentes en la administración central del estado.

Yo soy conocedor y creo que muchos ciudadanos al igual que yo, que a medida que se producían transferencias de funciones del estado a las comunidades autónomas, los funcionarios veían incrementado su sueldo inmediatamente y se producía una discriminación con respecto a los que no eran transferidos.

No quiero pronunciarme sobre si se tiene que producir la subida o no, pero si en contra de esas diferencias. Si merecen cobrar más lo merecen todos y no solo unos.

¿Cómo se actuará frente a la reivindicación, que no tardará en producirse, para que se iguale también los sueldos de todos los funcionarios en función de sus categorías y no en función de la administración en la que trabajan?

Pero hay algo más grave todavía. Aunque se lleve a cabo esa equiparación de salarios, ¿Quién garantiza que esas diferencias no se van a volver a producir en cuanto los gobernantes y políticos de las administraciones no estatales decidan discrecionalmente volver a aumentar los salarios de sus funcionarios?

Creo que sería necesario, de una vez por todas, eliminar estas discrecionalidades permitidas a muchas administraciones y gobernantes y establecer unas normas unificadas y responsables.

Se habla mucho por parte de la mayoría de los políticos de la necesidad de modificar la Constitución, y las competencias atribuidas a las comunidades autónomas y a las administraciones locales y la mayoría de ellos, por no decir todos, parecen estar de acuerdo en la línea de aumentar esas competencias.

Pues bien, yo creo que si escuchasen a los ciudadanos se darían cuenta de que lo que deseamos la mayoría es justamente lo contrario. Que se adopten las medidas y se legisle con justicia y sentido común, pero que se eviten las diferencias injustificadas y se trate igual en todo el país lo que es igual, evitando las discrecionalidades y las veleidades de muchos políticos.

Así pues, equiparación sí, pero estabilidad y racionalidad también, sino esta espiral no tendrá final nunca.

 

José Antonio Virto

                                                                                   TERUEL.

Mi granito de arena: “Los presupuestos”

 

Si existían dudas sobre el verdadero interés de los partidos políticos, o al menos sus prioridades, basta con prestar atención a las posturas de unos y otros en torno a los presupuestos generales del estado para clarificar las ideas.

Parece que los partidos ven dichos presupuestos como algo propio y exclusivo de un partido, el que gobierna y los propone, y no como algo que nos afecta a todos los ciudadanos y de los que dependen los servicios, la sanidad, las ayudas a los dependientes, y en general todo el estado del bienestar.

Así, en lugar de hacer depender su apoyo a la aprobación en función de los contenidos fundamentales de los mismos, se condiciona dicho apoyo a la enmienda por parte del gobierno de determinadas actuaciones que nada tienen que ver con ellos y que incluso vienen condicionadas por la estricta aplicación de la legalidad.

Como ya habréis deducido, me estoy refiriendo, entre otras cosas, al condicionamiento del apoyo a la aprobación de los presupuestos por parte del PNV, en función de que el Gobierno modifique su actuación en Cataluña con la aplicación del 155.

La verdad es que sorprender, lo que se dice sorprender, no lo hace, puesto que ya vimos como este partido, en medio de la crisis catalana, se descolgó con manifestaciones como que el Gobierno debería plantearse la autorización del referéndum sobre la independencia, no solo para Cataluña sino también para el País Vasco, en una clara manifestación de cuáles son sus verdaderos intereses e intenciones y que únicamente esperan el momento oportuno para intentarlo ellos mismos.

Quizá por eso, la aplicación del 155 constituye para ellos una amenaza futura a sus propios intereses y actuaciones, que es necesario desactivar.

Sería bueno que cada exigencia se situara en su propio ámbito y no se supeditara el interés de los ciudadanos a estas actuaciones partidistas y sectarias.

Pero si esta actuación es criticable y cuestionable para cualquiera, lo es mucho más en el caso del PNV, ya que por sus propias peculiaridades económicas y presupuestarias, estos presupuestos generales les afectan a ellos en mucha menor medida que al resto de los españoles, ya que solo una mínima parte de ellos tiene una aplicación directa en el País Vasco, gracias a su modelo de “cupo vasco”, que les permite recaudar y presupuestar en su comunidad sin depender de lo que se apruebe a nivel nacional.

Un ejemplo claro de la asimetría que padecemos en este país.

Cuando muchos plantean la necesidad de reformar la Constitución deberían plantearse precisamente el acabar con estas diferencias, con el establecimiento de modelos, con sus derechos y obligaciones, iguales para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia y no lo contrario, seguir defendiendo y potenciando la existencia de unos “Reinos de Taifas” que no son defendibles ni sostenibles en una sociedad moderna, perteneciente a una entidad como la Comunidad Europea y que pueden acabar con la unidad y solidaridad entre los distintos territorios de España, por mucho que piensen que mantener y acentuar estas “diferencias y singularidades” nos van a ayudar precisamente a mantenerlas.

La actuación injustificada de otros partidos y su falta de apoyo a los presupuestos, por el solo hecho de desgastar al partido en el gobierno, en lugar de condicionar su actuación en base a sus contenidos, tampoco está justificada y deberían mirar más a los ciudadanos y dejar de mirarse tanto el ombligo y sus ambiciones.

 

José Antonio Virto

                                                                                   TERUEL.

Mi granito de arena: “¡¡El último que apague la luz!!”

 

Ni el peor de los pronósticos  sobre los resultados de las elecciones catalanas se aproximaba a lo que realmente ha sucedido.

Puede que Inés Arrimadas y su partido estén muy contentos con sus resultados, pero la realidad es que van a ser el partido más votado en un parlamento en el que van a ser minoría y con unos partidos independentistas, como JxCat y ERC que han visto incrementada su representación a pesar de concurrir por separado, lo que les aporta fuerzas renovadas.

No se sabe cuál es el gobierno que saldrá de los pactos, pero si es seguro que será un gobierno independentista, y que aunque es posible que no se arriesgue, por el momento, a una nueva DUI, si se sabe que va a seguir trabajando por la independencia y para ello no dudará en seguir adoctrinando a los ciudadanos de todas las edades.

Hay quien se atreve a señalar que tampoco los independentistas con sus rencillas, van a ser capaces de formar un gobierno, lo que nos abocaría a unas nuevas elecciones, pero aún en ese supuesto el panorama no es nada halagüeño.

La fuga de empresas, que se había ralentizado desde la aplicación del 155, se volverá a reactivar, con toda seguridad, y continuará el deterioro de la economía, de Cataluña y del resto de España, y no solo porque el descenso de PIB en Cataluña suponga un descenso del PIB a nivel nacional, sino porque en esta economía interdependiente va a tener unos efectos nefastos.

Cataluña ya presentaba un déficit muy importante en sus presupuestos, motivado entre otras razones, por un gasto excesivo y no ajustado a los ingresos reales.

Estos ingresos dependían de manera importante de la economía de las empresas radicadas en Cataluña, que liquidaban allí sus impuestos de sociedades y lo que es más importante, el IVA que recaudaban de los ciudadanos dentro y fuera de la comunidad autónoma.

En consecuencia, esa menor cuantía de la recaudación va a incrementar el déficit estructural del presupuesto, y digo el estructural porque las obligaciones y gastos fijos que constituyen los servicios y estado del bienestar no son tan fácilmente reconfigurables como las inversiones.

Eso va a hacer temer a las empresas un incremento de la presión fiscal y a incentivar todavía más la deslocalización y traslado a otras comunidades en una espiral de difícil cuantificación y freno.

Y eso, ¿afecta solo a la economía de Cataluña?. Pues no, tiene una importante repercusión para todo el país, aunque eso para los independentistas sea motivo, casi, de regocijo.

El paro en esa comunidad va a aumentar y ello supone un mayor gasto en el desempleo y unos menores ingresos en las arcas de la Seguridad Social, que dependen directamente de los presupuestos del estado central.

Además ese menor crecimiento, va a ralentizar la creación de empleo en todo el estado y con ello un retraso en la salida de la crisis. ¡¡¡Es posible que hasta esa anunciada subida del “salario mínimo”, deba posponerse hasta que se logre estabilizar nuevamente la economía.

Por todo ello, y ya que los políticos independentistas parecen incapaces de actuar con sentido común, los principales partidos a nivel nacional, y sus líderes, deberían esforzarse por lograr consensos que ayuden a solucionar el problema y aparcar hasta entonces otros intereses menos defendibles y confesables.

 

José Antonio Virto

                                                                                   TERUEL.

 

 

Mi granito de arena: “¿Aprenderemos algún día?”

 

Todavía estamos en medio del “temporal independentista” con el recuerdo fresco de todas las desobediencias e incumplimientos de las resoluciones judiciales por parte de los gobernantes de una comunidad autónoma y las situaciones que estos hechos han provocado, con la debilidad que supone para las instituciones la falta de una intervención decidida tendente a atajarlos de forma rápida y reforzar la legalidad, cuando desde otras comunidades autónomas se llevan a cabo actuaciones que, aunque sin esa aparente gravedad, suponen una nueva carga de profundidad para nuestras instituciones y el poder que representan.

Hace dos días conocimos la sentencia del Tribunal Constitucional que revocaba la resolución de la Junta de Andalucía que establecía una jornada de 35 horas semanales para los funcionarios de esa comunidad, sin entrar ahora en lo que esas medidas por parte de las administraciones suponen de discriminación al resto de trabajadores.

Pues bien, el mismo día de la publicación de esa sentencia ya se anunció por parte de los gobernantes andaluces la “desobediencia e incumplimiento” de dicha sentencia aunque disfrazada de legalidad.

Por parte de dichos gobernantes se anunció que se iban a mantener las 35 horas como “jornada presencial” dejando el resto de horas a las que les obliga la resolución, como horas de “formación” a realizar en el propio domicilio.

Vamos, que si eso no es hacerle la pedorreta a las instancias judiciales, y por qué no decirlo, a resto de ciudadanos, que me expliquen lo que es.

Pues bien, este no es más que uno de los casos recientes. Ayer conocimos otra resolución del mismo tribunal que anula una resolución de la Comunidad Valenciana en la que se “garantizaba la asistencia sanitaria completa” a todos los inmigrantes aunque careciesen de “papeles” y por tanto, residieran en este país de forma ilegal, ya que esto supone invadir competencias del estado.

Pues también en este caso, la intención de acatar la resolución por parte de los gobernantes es nula. Estos se ha apresurado a afirmar que, a pesar de todo, van a seguir garantizando dicha asistencia sanitaria.

Puede que para muchos, estos hechos carezcan de relevancia, pero yo por el contrario considero que son muy graves y contribuyen de forma importantísima a poner en cuestión la obligación que todos tenemos, ciudadanos y gobernantes, estos últimos con mayor motivo, de cumplir las leyes y acatar las resoluciones judiciales.

No pueden seguir permitiéndose estas actuaciones por mucho que sus responsables de escuden detrás de “cargos electos” o de las instituciones. Son ciudadanos, al fin y al cabo, y deben responder de ellas, y a título personal, por iniciativa de los tribunales o por la denuncia expresa ante estos de las autoridades del Estado.

Y sino, ¿para qué están si desatienden esta función fundamental de salvaguarda de la legalidad?

 

 

José Antonio Virto

                                                                                   TERUEL.

 

 

Mi granito de arena: “¡¡Si que importa!!”

 

Cuando se quitaban banderas de España de los ayuntamientos en Cataluña, muchos políticos, de todos los partidos, afirmaban “no es importante; es un hecho aislado y no hay que dramatizar”. Lo mismo se decía cuando alguien protestaba de que se le hubiese denunciado por rotular en castellano o no hacerlo en catalán, o cuando se incumplían sentencias que según los independentistas se oponían al derecho a la autodeterminación o a la mal entendida libertad de expresión y así un largo etc.

A lo largo de los últimos meses hemos podido comprobar que si que importa, que el consentir que se produzcan hechos que van en contra de la legalidad establecida con total permisividad acaba conduciendo a una sensación de impunidad y de prepotencia por parte de los delincuentes, que nos lleva a una quiebra de esa legalidad y lo que es peor, a una quiebra de la convivencia que no va a sr fácil restaurar.

Pues a pesar de todo, muchos políticos, bien por ignorancia o incompetencia, bien por intereses inconfesables o por cualquier otra causa, parece estar dispuestos a seguir volviendo la cabeza y mirar a otro lado cuando hechos similares se vuelven a producir avalados por algunos de sus dirigentes.

Ayer se conoció que en ayuntamiento de Gerona, con el apoyo de los partidos independentistas y del ¡¡¡ PSC!!!, han aprobado cambiar el nombre de una plaza de la localidad que hasta ahora se denominaba como plaza de la Constitución por el de plaza del 1-O, en un nuevo desafío a la legalidad y al ordenamiento constitucional.

Los dirigentes del PSC y del PSOE se han apresurado a quitar importancia al hecho para no tener que asumir ninguna responsabilidad por la actuación de sus representantes en el ayuntamiento de Gerona y nuevamente se vuelven a equivocar minimizando algo que es cualquier cosa menos poco importante o irrelevante.

Que a la plaza de la constitución se le cambie el nombre, no constituye nada criticable, ¡¡faltaría más!!, pero que se haga para sustituirlo por el de plaza del 1-O en un claro intento de ensalzar una fecha y unos actos claramente delictivos por anticonstitucionales es en mi opinión inaceptable y creo que los jueces y fiscales deberían actuar ante hechos como estos.

Sorprende, por otra parte, la desvirtuada escala de valores y códigos de conducta que guían muchas de nuestras actuaciones.

Si estas personas hubiesen robado UN EURO de las arcas públicas, en el partido se hubiesen apresurado a condenarlos y a suspenderlos de militancia, aunque solo hubiese sido por una cuestión de imagen, pero parece que el hecho de hacer apología de la ilegalidad y de la rebelión y la secesión, es un hecho menos grave que hay que consentir y trivializar.

Yo les pediría a los políticos y dirigentes del PCS y del PSOE que revisasen y corrigiesen la escala de valores que utilizan y no vuelvan a caer una y otra vez en los mismos errores que tan caros nos han costado a todos, que eviten esa conducta contradictoria de sus dirigentes según la localidad y la situación en la que actúan y en la que han venido cayendo los últimos años y si no se trata de un error sino de una estrategia electoral, con mayor razón, a ver cuando terminamos de entender y de aplicar el que, ni en política, ni en ninguna otra cosa, “todo vale”.

Aunque también hay que señalar que esto lo deberían tener en cuenta todos los partidos.

 

 

José Antonio Virto

                                                                                   TERUEL.

 

Mi granito de arena: “A vueltas con el “CAVA”

 

Hasta hace poco tiempo, el cava y Cataluña estaban íntimamente unidos para la mayoría de los españoles, pero las ansias independentistas de algunos catalanes han traído también una mayor difusión para las otras 6 comunidades que también producen este producto.

La mayoría de los productores de fuera de Cataluña, por no decir todos, coinciden en que una parte significativa del incremento de sus ventas se debe a este conflicto, sin olvidar el aumento de las exportaciones que cada año se viene produciendo.

El hecho es que en estas otras zonas se vende actualmente toda la producción y han solicitado un aumento de los cupos que tienen concedidos, al que se oponen los productores catalanes y el Consejo Regulador, que es de suponer estará controlado mayoritariamente por personas vinculadas a esa comunidad, dado el porcentaje muy mayoritario de los productores catalanes.

Como dicen popularmente “las mentiras tienen unas patas muy cortas” y eso hace que se les “pille” pronto y así, esas afirmaciones de los productores catalanes en el sentido de que no necesitaban del mercado interior español, porque tenían toda su producción vendida en el exterior, no parece que sea muy cierta y acusan ese rechazo por parte de los ciudadanos con un descenso notable de sus ventas.

Al parecer es la administración central del estado la que tiene que autorizar o no ese mayor cupo que solicitan los productores y si es coherente con esa defensa de la libre competencia que tanto predican, no deberían poner ninguna pega a ello, e incluso para la aceptación de nuevas zonas productoras, debiendo dejar al libre mercado la decisión de cuáles de todos ellos resultan finalmente viables y cuales no.

En un momento de libre competencia, de necesidad de creación de puestos de trabajo y de potenciar cualquier desarrollo económico, no están justificados los proteccionismos por ningún motivo.

El peligro está en que los políticos del gobierno, por “buenismo” o por dejar claro que “no están en contra de Cataluña” cometan el error de no autorizar esa ampliación que no desean los catalanes, como un gesto amigable hacia esta comunidad, en una clara discriminación hacia el resto, ¡Una más! Por mucho que algunos se empeñen en negar la existencia de tratos de favor.

Yo no estoy a favor de boicots a ninguna comunidad, pero tengo muy claro que defender un mayor consumo de los productos de nuestra tierra, no solo beneficia la creación de puestos de trabajo y oportunidades en la comunidad de cada uno, sino que también repercute en que los impuestos que gravan esos beneficios y el IVA que se recauda, ayude también a financiar los servicios públicos y el estado del bienestar en la propia comunidad, sin necesidad de “mendigar” ayudas al estado, y por tanto esa rivalidad económica debería encuadrarse dentro de la libre competencia y no en la discriminación que pretenden denunciar los perjudicados,  pero solo cuando les afecta a ellos, en otros casos no quieren ni mencionarlo.

José Antonio Virto

                                                                                   TERUEL.

 

 

Mi granito de arena: “¿El cupo vasco?”

 

            Resulta comprensible que el gobierno esté muy preocupado con la aprobación de los presupuestos generales para 2018, que en definitiva supone aportar más posibilidades de acabar la legislatura sin adelanto electoral, pero ello no le debería conducir a adoptar decisiones que finalmente le supongan un desgaste que probablemente sea incapaz de superar.

En un momento en el que son muchas las voces que claman por la necesidad de reformar la Constitución, no parece muy alentador el justificar esa desigual financiación y régimen económico del País Vasco, simplemente porque así se recoge en esta norma, sin explicar debidamente como se obtienen esas cantidades.

Es posible que el PNV se lo haya exigido para apoyar los presupuestos generales, pero no parece el momento más oportuno y resulta de difícil justificación, en lo que se refiere al cálculo de la cuantía, si todavía no se tienen unos presupuestos aprobados y se desconoce cuáles van a ser las necesidades de financiación para los servicios para los que supuestamente hacen esa aportación.

Por otra parte, no han tenido en cuenta la opinión de sus colaboradores principales, Ciudadanos, lo que les podría suponer un escoyo difícil a la hora de aprobar esos presupuestos, por mucho que hayan conseguido obtener el apoyo de los vascos y canarios.

Estos días circulan por los medios, algunos comentarios en el sentido de solicitar que, si se acomete una reforma constitucional, se replanteen algunas competencias y controles de las Comunidades Autónomas, como educación, sanidad etc.. Pues bien, yo creo que una de las cosas que hay que modificar es todo aquello que supone una diferencia de estatus y de “trato” entre ellas, entre las que también se encuentran la financiación y los conciertos económicos.

Otra de las modificaciones que a mí me parecerían positivas sería el exigir que el computo del 5% de los votos para obtener representación se aplique sobre el total de voto del ámbito de las elecciones, y en el caso de las generales, de todo el estado. Con ello no se pretende excluir a los partidos nacionalistas sino que al verse obligados a concurrir a las elecciones conjuntamente con los de las otras Comunidades Autónomas, sus reivindicaciones fueran para todas ellas y no solo para algunas, como ocurre en la actualidad.

Pretender mantener la unidad de España a base de seguir sometiendo a sus diferentes Comunidades a un trato diferente y discriminativo y cediendo a chantajes  de las más poderosas no parece el modo mejor de conseguirlo y desde luego no creo que los ciudadanos estén dispuestos a apoyar de forma mayoritaria, ninguna modificación que no acabe con estas diferencias.

Seguir aprobando puntualmente aportaciones y beneficios fiscales para algunas comunidades, sin hacerlo de forma global para todo el estado, no fomenta precisamente la solidaridad entre todos y tampoco va a contribuir a mantener la unidad en este país.

José Antonio Virto

                                                                                   TERUEL

 

 

 

Mi granito de arena: “La vía perimetral”

 

Hoy quiero hacer referencia a un elemento urbano de nuestra ciudad, que fue muy demandado en su día y que hoy, por alguna extraña razón que no se acaba de comprender no se utiliza todo lo que debiera.

Nuestra ciudad esta rodeada por el sur y oeste por la variante carretera de la Nal. Nº 234, y por el este y norte por la vía perimetral de barrios.

Ambas vías son diferentes pero hay algunos elementos que me parece interesante analizar y comparar.

La variante carretera es de un solo carril en cada dirección y tiene un tráfico de vehículos bastante intenso.

Tiene varios enlaces, unos con carreteras como la de Cuenca ó la de Villaspesa, Castralvo, Concud y San Blas, además del enlace con la vía perimetral norte y atravesar el polígono industrial La Paz.

Tiene carriles centrales y exteriores de incorporación e incluso una rotonda en el enlace con la carretera de Concud, a la entrada del Polígono industrial La Paz.

La vía perimetral de barrios discurre entre dos rotondas, la existente en la Av. De Sagunto en la Fuenfresca y la existente en la ctra. De Alcañiz en la ciudad escolar.

Existen dos rotondas intermedias, dentro de la vía perimetral para el enlace con el barrio de San Julián y para el enlace con el barrio del Arrabal.

Dispone en todo su trazado de dos carriles en cada sentido y separación con biondas entre ambas direcciones y por tanto unas condiciones de seguridad muy superiores a la anterior.

Pues bien, la variante carretera tiene una limitación de velocidad de 80 Km./h. en todo su recorrido, mientras que la vía perimetral tiene la velocidad limitada a 50 Km/h

Cuando se inauguró se le estableció esa velocidad máxima de 50 km/h, que después de insistir los ciudadanos se elevó hasta los 70 Km/h, pero tras producirse dos accidentes en las rotondas intermedias, según la información de la que dispongo, protagonizados por personas que circulaban con exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, se volvió a limitar a 50 Km/h.

En las rotondas se ha mantenido siempre una limitación de 30 Km/H.

Pues bien dejando aparte la variante carretera con su limitación de 80 km/h, todas las carreteras de la provincia, excepto la autovía, tienen una limitación de 90 km/h, y prácticamente todas son de un solo carril en cada sentido y con trazados mucho más complicados.

Las rotondas existentes en el interior de la ciudad están sometidas todas a la limitación genérica de 50 km/h.

¿No parece lógico y más coherente, sobre todo si se quiere que esa vía sea más utilizada, que sus limitaciones de velocidad se eleven  como mínimo a 50 km/h en las rotondas y 80 km/h en el resto? ¿A que velocidad habría que limitar la circulación en nuestras carreteras secundarias si entendemos que en una vía de las características de la perimetral la velocidad lógica es de 50 km/h?

La cuestión es importante, en mi opinión, si se quiere que la mayor fluidez y rapidez sirva de estímulo para incrementar su uso por los ciudadanos y suponga un verdadero desahogo para el tráfico en la ciudad y por ello ruego a nuestros políticos y funcionarios municipales estudien y revisen esas limitaciones.

José Antonio Virto

                                                                                   TERUEL.

 

Mi granito de arena: “Los fondos ocultos”

             Se ha aplicado, por fin, el 155 en Cataluña y parece que todo el mundo quiere tranquilizarse y confiar en que el resultado del 21-D traiga la normalidad a esta comunidad autónoma y de paso a este país, que no parece tener otro problema que este, por muy grave que este sea.

Pero antes de llegar a esa normalidad y en este periodo previo a las elecciones, ¿no sería conveniente investigar y arrojar luz sobre lo que han sido las finanzas del gobierno de la Generalitat durante estos últimos años?

Si a los convocantes del primer referéndum se les imputa un delito de malversación de fondos públicos por el dinero gastado en su organización, ¿no deberían investigarse otras muchas iniciativas que han vaciado las arcas de la comunidad destinando recursos a actuaciones ocultas y/o ilegales y que como mínimo ha supuesto el gasto de fondos destinados a otros propósitos inicialmente aprobados, como ayudas a la dependencia, a los gastos de salud y a otros fines sociales entre otros?

Si se están instruyendo procedimientos penales para juzgar este tipo de actuaciones y a sus autores, no debería dilatarse en el tiempo esta investigación más de lo estrictamente necesario, además de que resulta conveniente que los ciudadanos, antes de ir a las urnas, conozcan estos hechos y las prioridades de los que pretenden obtener su confianza.

También sería conveniente que nos explicasen a los ciudadanos que ocurre con los fondos del FLA. Si esos fondos se van a devolver o va a constituir una deuda perpetua de Cataluña hacia el resto del estado, porque de ser así, a lo mejor el resto de comunidades deberían solicitar más fondos del FLA para potenciar un desarrollo que les es más que necesario.

¿Qué ocurrirá si como parece probable, la huida de empresas de Cataluña, hace disminuir de forma importante sus ingresos y ocasiona un mayor déficit en la financiación de los servicios públicos en esa comunidad? ¿Se volverá a modificar el sistema de financiación para que puedan solucionar estos problemas aunque ello suponga aumentar la discriminación y abandono que sufren algunos ciudadanos residentes en otras comunidades Autónomas?

Todas estas cuestiones y otras muchas tendrán que aclarárnoslas a todos los ciudadanos y abandonar de una vez este mercadeo que se ha venido practicando y que se ha manifestado inadecuado para solucionar unas reivindicaciones que muchos consideramos infundadas.

 

José Antonio Virto

                                                                                   TERUEL.

 

Mi granito de arena.Iceta(Por José Antonio Virto)Mi granito de arena. 

¿Se acuerdan de la política de pactos que defendía un político con mayúsculas como D. Julio Anguita? ¿No? Pues yo se lo recuerdo: “Programa, programa y programa”.

Pero claro, esos eran otros tiempos cuando los principios y los valores tenían cabida y los partidos se fijaban unos objetivos que buscaban ante todo el bienestar ciudadano y su progreso, y los protagonistas de la política, algunos al menos, se consideraban a sí mismos como trabajadores públicos con esos altos propósitos y objetivos.

Todo esto poco o nada tiene que ver con lo que cada vez es más frecuente en nuestros tiempos, en los que algunos no se cortan un pelo en manifestar sus verdaderos objetivos políticos y cuáles son sus aspiraciones.

Me estoy refiriendo a lo manifestado por el candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Sr. Iceta, en una entrevista que le hicieron en Antena3.

Cuando le preguntaron sobre su política de pactos manifestó con rotundidad y sin sonrojarse “Yo solo pactaré con quien me haga presidente”, ¡Toma ya! ¡Más claro el agua! Al parecer ese es todo el programa que este señor tiene para su labor política en Cataluña, ó al menos el primer punto y el más importante. Parecido al “Programa, programa y programa”

No hace mucho, al secretario general de su partido se le acusaba de un objetivo parecido, conseguir ser presidente a cualquier precio, en este caso de la nación,  aunque desde luego siempre fue más comedido y nunca lo manifestó de forma tan clara y rotunda.

Ahora, ese secretario general, sin olvidarse de los intereses del partido, como  por otra parte ningún partido lo hace en este país, parece haberse centrado más en buscar primeramente los intereses y metas que más convienen a la nación, pero como la dicha suele ser breve, le ha salido un “pupilo” que ……..

Cuando los otros partidos “constitucionalistas” en Cataluña pretendieron alcanzar pactos y fijar estrategias previas a las elecciones, el PSC se puso de perfil y rehusó participar, lo que teniendo en cuenta que según las encuestas el PSC, no va a ser ni de lejos, el partido más votado, explica su actuación incompatible totalmente con la posibilidad de obtener la presidencia para su candidato a través de esos pactos.

Así pues, todas las opciones están abiertas para el PSC, con Podemos y Colau, con ERC, con Juntos por Cataluña, con Ciudadanos o con el PP, pero siempre que el Sr. Iceta sea presidente. Lo demás ¿acaso importa?

José Antonio Virto                                                                                   TERUEL.