Tomás Guitarte, portavoz del grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe
Los que entendemos la política como un espacio de trabajo, búsqueda de consensos y pactos para la mejora de la sociedad, insistimos en ser propositivos y en alejarnos de políticas estériles. Es verdad que el pacto de financiación que prepara el Gobierno para acoger las exigencias de ERC es insolidario y deja al resto de España en situación de desventaja. Y si los territorios de la España despoblada ya sufren ahora un enorme desequilibrio, no queremos ni imaginar lo que pasará si se sigue ahondando en esa desigualdad.
Por eso nos hemos reunido con partidos del resto de España para elaborar lo que hemos bautizado como el Plan de Financiación Solidaria. Le damos importancia a los términos, y por eso hemos incluido la palabra “solidaria” en el titular. Porque desde la España menos desarrollada no hacemos la política de “qué hay de lo mío”, sino que pensamos en una manera de avanzar que no deje a nadie detrás.
El plan de Financiación Solidaria es una medida de presente y de largo plazo, con una duración de 25 años, con una dotación económica anual equivalente al 2% del P.I.B para medidas políticas finalistas en las comarcas rurales y en las pequeñas ciudades afectadas por la despoblación, con el objetivo de corregir esta gravísima brecha territorial. Un pacto que solamente puede entenderse como una alianza de país frente a la crisis del territorio, en línea con el modelo utilizado en el Pacto de Solidaridad para la Financiación de la Unidad Alemana. En la construcción de las políticas que deben formar parte de este pacto y de los acuerdos sociales y políticos necesarios, estamos trabajando las organizaciones de la España vaciada.
Porque lo que intentamos es cerrar esa brecha territorial ignorada durante décadas, oculta a muchos de los indicadores socio-económicos por la escala territorial en la que se aplican. Esa brecha que divide el país creando contrastes no solo en infraestructuras, equipamientos, servicios y oportunidades sino que alcanza a la igualdad de derechos y lastra el bienestar de millones de españoles que residen en el medio rural y en muchas pequeñas ciudades del interior. Una brecha rural/urbana que es necesario corregir tanto por un principio de equidad entre personas y territorios como por el freno que supone al desarrollo y al potencial de todo el país.
En el contexto actual de debate sobre la financiación autonómica, con demandas de comunidades autónomas sustentadas en distintos criterios, con los cambios vinculados al acuerdo entre ERC y PSC, y las propuestas de corrección surgidas en los análisis técnicos, cabe preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí. Pero también sobre los desequilibrios territoriales que de alguna manera las finanzas públicas deberían corregir. Desde 1980 se ha logrado un avance relativo en convergencia económica entre las comunidades autónomas, mientras se ha incrementado la desigualdad socioeconómica entre los habitantes de las áreas rurales y los de las grandes ciudades. La convergencia entre comunidades autónomas no ha reducido la brecha entre lo rural y lo urbano.
Esta dualidad entre grandes ciudades y espacios rurales de baja densidad de población es una brecha socio-territorial que afecta no sólo a los indicadores económicos sino también a la igualdad de derechos entre ciudadanos. Los habitantes de buena parte del medio rural vienen soportando una desigualdad secular en sus oportunidades, en el acceso a servicios y en los estándares de calidad de vida. Esta desigualdad secular se ha acrecentado con la despoblación y el envejecimiento demográfico de las comarcas rurales y la pujanza de las ciudades que compiten en la economía global. Una brecha cuyo progresivo ensanchamiento revela que en España vivimos no solamente una crisis demográfica, sino una verdadera crisis de territorio que no está recogida de manera suficiente en los indicadores económicos utilizados en las estadísticas oficiales, y que además exige un análisis territorial en demarcaciones territoriales de provincias y comarcas.
El proceso desborda los contrastes entre comunidades autónomas y la brecha entre lo rural y lo urbano se reproduce en el interior de las comunidades autónomas, tal y como lo evidencian publicaciones de solvencia académica acreditada como el “Mapa 174” de la SSPA, la publicación “La despoblación de la España interior” de FUNCAS y “Perspectivas Demográficas” del Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona, entre otros.
Para revertir esta situación es necesario, en primer lugar, que la sociedad española, las Cortes Generales y los parlamentos autonómicos, el Gobierno y las administraciones públicas reconozcan la existencia del problema, que es un país de dos velocidades por una fractura rural/urbana cuya gravedad compromete la pujanza del conjunto del país. Y en segundo lugar, es imprescindible impulsar una política de cohesión territorial de largo alcance, dotada de estabilidad y de financiación suficiente. Al final, queremos demostrar que hay otra forma de hacer política. Una que se aleja de la confrontación y el ruido, y también de la judicialización y los bulos. Una política propositiva. Y ahí es donde enmarcamos el Pacto de Financiación Solidaria.