El Pleno ordinario de julio de la Diputación de Teruel (DPT) ha aprobado hoy una nueva ordenanza reguladora de Cooperación Económica por la que el reparto de los Fondos del Plan de Obras y Servicios (POS) se va a regir por criterios más objetivos respecto a la población, implantando un sistema más progresivo que beneficia a los pueblos más pequeños. Además de esta ordenanza hoy se han ratificado otras dos que aprueban las bases de dos nuevos programas de subvenciones: la de ayudas a la natalidad y la de subvenciones a las ganaderías de ovino y caprino de la provincia afectadas por brucelosis.
La nueva ordenanza reguladora del Plan del POS 2022, que va a repartir 10 millones de euros entre los municipios y otros 800.000 entre los barrios de la provincia para acometer inversiones hasta diciembre de 2023, cambia los criterios de las anteriores convocatorias, que replicaban el modelo de tramos de habitantes de los antiguos planes de obras o fondos de inversiones.
El presidente de la DPT, Manuel Rando, ha explicado que el nuevo sistema es “más equitativo, más objetivo, más razonable” y ha destacado que fija un mínimo del 50% de la cifra global a repartir a partes iguales por municipio (con la excepción de Alcañiz y Andorra), “tengan 5 habitantes o 4.000 habitantes”, y establece un sistema de coeficientes que aplica una discriminación positiva desde un punto de vista razonable, desapareciendo las desigualdades intratramo que se producían hasta ahora.
El vicepresidente Alberto Izquierdo ha definido la anterior regulación de tramos como “injusta”. “Un municipio con 249 habitantes cobraba 5.000 o 6.000 euros menos que un municipio con 251 habitantes”, ha explicado antes de señalar que hay municipios que ganan y otros que pierden, pero se consigue un reparto “que elimina diferencias de tramo que no tenían sentido”.
El reparto sigue manteniendo la diferencia de los municipios de Alcañiz y Andorra, en aras de que su población no distorsione el reparto equitativo. De este modo, el núcleo principal de la capital bajoaragonesa sigue recibiendo un 2% del total de los fondos para municipios y la villa minera un 1,75%, un 0,25% más que en el reparto del POS 2021. En el caso de Teruel, la ayuda no se contempla para el núcleo principal por el número de población, que le posibilita acceder a una financiación distinta, pero sus barrios si aparecen con los criterios de reparto comunes en la convocatoria de barrios.
Deducida de la cantidad inicial del Programa las ayudas a Alcañiz y Andorra, el importe a recibir por el resto de municipios y entidades locales se reparte de acuerdo a un fijo que corresponde al 50% del total y que supone algo más de 20.566 euros por núcleo. Un segundo criterio, sobre la cantidad restante, atiende a las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero con efectos de 31 de diciembre. El 15% se distribuirá de forma proporcional entre el número de habitantes, lo que supone 9,94 euros por habitante, y el 85% también de forma proporcional, pero en virtud de la denominada “población equivalente” por tramos.
Para la obtención de la población equivalente se fracciona la cifra total de cada municipio en función de los 10 tramos de población establecidos, aplicando de forma progresiva coeficientes correctores. Efectuada la equivalencia para cada tramo de población, se sumará la cantidad resultante para hallar la cifra equivalente de población de cada municipio y entidad local.
| N.º DE TRAMO |
TRAMO DE HABITANTES | EQUIVALENCIA | COEFICIENTE DE CORRECCIÓN |
| 1 | Hasta 25 habitantes | 100 % | 1,00 |
| 2 | De 26 a 50 habitantes | 90 % | 0,90 |
| 3 | De 51 a 75 habitantes | 80 % | 0,80 |
| 4 | De 76 a 100 habitantes | 70 % | 0,70 |
| 5 | De 101 a 250 habitantes | 60 % | 0,60 |
| 6 | De 251 a 500 habitantes | 50 % | 0,50 |
| 7 | De 501 a 1.000 habitantes | 40 % | 0,40 |
| 8 | De 1.001 a 1.500 habitantes | 30 % | 0,30 |
| 9 | De 1.501 a 2.500 habitantes | 20 % | 0,20 |
| 10 | Más de 2.501 habitantes | 10 % | 0,10 |
Natalidad y brucelosis
La del POS 2022 no es la única ordenanza reguladora que se ha ratificado hoy en pleno por unanimidad. Los diputados y diputadas han aprobado también las ordenanzas específicas para el programa de subvenciones a ayuntamientos para ayudas a la natalidad y las bases que regirán la convocatoria pública para la concesión de subvenciones al programa de ayuda a las ganaderías de ovino y caprino de la provincia afectadas por el brote de brucelosis.
Ambas líneas de subvenciones se han incorporado por primera vez en el Presupuesto de 2022, en el caso de las dirigidas a ayudar a la natalidad tras aceptar el Equipo de Gobierno una enmienda de Ciudadanos. Permitirá a los ayuntamientos ayudar a los vecinos y vecinas que han tenido o adoptado hijos o hijas a través de la compra de artículos en los comercios locales. El objetivo de incentivar la natalidad y fomentar el asentamiento de la población turolense en el medio rural, así como dinamizar la economía, en el marco de las distintas medidas para paliar los efectos negativos de la despoblación.
Dotado con 250.000 euros, el programa está dirigido a subvencionar los gastos iniciales extraordinarios derivados por el nuevo nacimiento y/o la adopción de niños/as de hasta tres años que hayan tenido lugar entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2022. Estos gastos se canalizan a través de los ayuntamientos y los comercios de la localidad o la comarca, aliados necesarios para justificar la compra de productos imprescindibles en el cuidado y la crianza de un bebé.
En el caso de la ordenanza que aprueba las bases que regirán la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a las ganaderías de ovino y caprino afectadas por el brote de brucelosis que tuvo lugar durante el verano de 2021. Afectó a 18 ganaderías y tuvo como consecuencia el sacrificio de más de 120.000 cabezas de ganado en la localidades de La Puebla de Valverde y Sarrión.
Por un importe de 120.000 euros, son gastos subvencionables los derivados de la adquisición de ganado para reponer el sacrificado por el brote de brucelosis, teniendo en cuenta que deben ser animales indemnes a brucelosis e identificados individualmente. Las ganaderías beneficiarias deben tener el domicilio fiscal y social en la provincia de Teruel, estar inscrita en los correspondientes registros de Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y pertenecer a la Agrupación de Defensa Sanitaria de ovino/caprino correspondiente. Además, deben mantener los animales adquiridos en la explotación al menos durante tres años.
La cuantía individualizada de subvención a cada beneficiario se obtendrá de la cantidad económica del programa y el número total de animales (machos y hembras) que se van a reponer, a razón del 50% del coste de adquisición y hasta un máximo de 50 euros por animal. Serán admitidas y beneficiarias del Programa todas las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos regulados en estas bases y todas ellas tendrán la misma subvención máxima, de acuerdo con las cuantías de subvención establecidas y teniéndose en cuanta la limitación presupuestaria del Programa.
Tras la aprobación inicial en el pleno, las ordenanzas se someterán a trámite de información pública por 30 días hábiles en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (sección oficial del BOA) y al correspondiente trámite de audiencia. Transcurrido este plazo sin que se hayan formulado alegaciones, se entenderán definitivamente aprobadas y podrá publicarse la convocatoria.
Modificación presupuestaria
Otro de los puntos principales del Pleno ordinario del mes de julio ha sido la aprobación de una nueva modificación presupuestaria en la que destaca, entre los asuntos ordinarios o menores, la necesidad de ampliar el crédito en capítulos como los asfaltados, la conservación de caminos rurales o bomberos por la subida de precios experimentada tanto por materiales como por combustibles y carburantes.
La subida de precios supone una inversión extra de 880.000 euros en asfaltados y 300.000 en conservación de carreteras. Además se incluyen 1,52 millones de euros extraordinarios en el capítulo de conservación de caminos rurales, que se dedicarán en parte a solucionar los problemas existentes en la carretera no catalogada de Molinos a Castellote, y otros 80.000 euros adicionales para resolver problemas urgentes derivados de las tormentas. En total, se añaden otros 2,7 millones a engrosar la inversión en caminos y carreteras en este año, cuando ya ha sido calificada de “histórica”.
Estas son algunas de las partidas más altas en una relación en la que también destaca la inclusión en el presupuesto de 423.656,38 euros correspondientes a las ayudas del Gobierno de España para reparar los daños causadas por la tormenta Filomena. Esas ayudas llegarán a 17 pueblos que han pedido ayudas para acometer 22 actuaciones.
La modificación presupuestaria también incluye una inyección de 300.000 euros del Fondo de Inversiones de Teruel 2020 para poner en marcha un ambicioso proyecto de promoción de la provincia de Teruel como destino de inversiones y empresas, 162.000 euros para implementar un programa de protección de datos para la institución y los ayuntamientos de la provincia y algo más de 50.000 euros para reforzar el programa de inventarios municipales.
Otra decisión del Pleno ha sido la aceptación de la delegación de funciones de Gestión Tributaria y Recaudación de varios tributos por parte del Ayuntamiento de Andorra. La institución provincial presta cada vez más servicios a los municipios, también a través de la gestión de tributos.
Declaración institucional
Por último, el pleno ha aprobado una declaración institucional a raíz de la propuesta presentada por el Partido Popular sobre los efectivos de la Guardia Civil en la provincia. Después de que los populares hayan aceptado los cambios presentados por el Equipo de Gobierno en el articulado del acuerdo, todos los representantes en la institución han apoyado la siguiente petición:
1- Instar al Ministerio del Interior para que incremente la presencia de efectivos de la Guardia Civil en los municipios de la provincia.
2- Reclamar al Ministerio del interior que la prueba piloto para la implantación del sistema de cita previa para la puesta de denuncias o realizar trámites no tenga por objeto la supresión de la atención personal y que no sea una excusa más para suprimir efectivos de la Guardia civil en el medio rural.
