En las últimas horas, el incesante goteo de informaciones sobre la bautizada como «Operación Perserte» ha sacudido los cimientos políticos y medioambientales de Aragón y del Estado. La Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA) de la Guardia Civil investiga una gigantesca trama presuntamente impulsada por la empresa aragonesa Forestalia para conseguir, mediante sobornos, tratos de favor y redes opacas, licencias ambientales para sus parques eólicos y fotovoltaicos.
Gracias a las exclusivas publicadas ayer y hoy por distintos medios de comunicación, es posible armar el rompecabezas de esta red, que operaba a múltiples niveles administrativos y empresariales:
1. El «topo» en el Ministerio y la red de testaferros (Diario de Teruel) El epicentro del escándalo en Madrid apunta a Eugenio Domínguez, ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). Según ha desvelado con gran detalle el Diario de Teruel, la Guardia Civil acusa a este ex alto cargo no solo de recibir sobornos, sino de tener participaciones ocultas en las propias mercantiles vinculadas a Forestalia que él mismo se encargaba de evaluar.
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Para canalizar los supuestos sobornos, Domínguez creó en julio de 2023 la sociedad «Estudio de Asesoramiento Dherco» junto a su mujer y sus cuatro hijos.
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La trama utilizaba a presuntos testaferros, como los hermanos Eduardo y Roberto Pérez Águeda, para ocultar el rastro del dinero.
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Todo el sistema funcionaba bajo un holding centralizado llamado «Investment Power Conservation SL», cuyo fin real era ocultar que el beneficiario de toda la arquitectura societaria era el grupo Forestalia y su presidente, Fernando Samper.
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Las operaciones se formalizaban mediante «actas de depósito» ante un notario, un mecanismo opaco y sin acceso público, lo que ha llevado a que el propio notario sea investigado por presunto blanqueo de capitales.
2. Manipulación descarada de informes: El caso de Mas de Cebrián (Diario de Teruel) Para ilustrar el fraude sobre el terreno, el Diario de Teruel pone el foco en las plantas fotovoltaicas Masía I y Masía II (Puertomingalvo). La UCOMA constata una manipulación directa de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
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Eugenio Domínguez sacó este proyecto del circuito técnico ordinario y se lo autoasignó junto a su secretario, a pesar de que este último carecía de la cualificación necesaria.
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El ex alto cargo llegó a «eliminar contenidos» de los informes desfavorables de los técnicos para evitar que el proyecto cayera. Se ignoraron la pérdida neta de biodiversidad y la falta de estudios arqueológicos en zonas sensibles como el Polje de Mosqueruela. Ante esta «falta de rigor», la Guardia Civil ha pedido la paralización cautelar de estas plantas.
3. El trato de favor frente a la competencia (Heraldo de Aragón) El nivel de influencia en el Ministerio llegaba hasta el punto de alterar las reglas del libre mercado. Según publica el Heraldo de Aragón, el Miteco llegó a aprobar proyectos de energías renovables a favor de Forestalia mientras, de forma simultánea, tumbaba propuestas de empresas de la competencia que eran «idénticas» a las de la firma aragonesa. Esta alfombra roja administrativa estaría directamente vinculada a las mordidas económicas investigadas.
4. «Puertas giratorias» en el Gobierno de Aragón y el INAGA (El Periódico de Aragón y Diario de Teruel) La investigación también abre una profunda vía autonómica. El Periódico de Aragón ha destapado que existían «reuniones casi semanales» entre el exdirector del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) y Fernando Samper, dueño de Forestalia. Este contacto continuo habría servido para alinear los informes de los técnicos autonómicos con los intereses de la empresa. A esto se suma la revelación del Diario de Teruel sobre presuntas «puertas giratorias» en la etapa del exconsejero de Medio Ambiente Alfredo Boné. La UCOMA señala a antiguos altos cargos que, presuntamente, sobrevaloraron la venta de empresas vinculadas al sector para, posteriormente, acabar trabajando como directivos en Forestalia.
5. La presión a los alcaldes y la sombra de Lambán (The Objective) Para que los proyectos se instalaran sin oposición local, hacía falta convencer al territorio. El medio The Objective ha revelado que la Guardia Civil investiga si un exasesor del expresidente aragonés, Javier Lambán, cobró por actuar como promotor en la sombra de Forestalia. Según esta información, dicho asesor habría organizado reuniones constantes con alcaldes de la provincia de Teruel para persuadirles de que aceptaran los macroproyectos, actuando desde su posición de influencia política.
El frente judicial Con delitos sobre la mesa que van desde la prevaricación y el cohecho hasta el blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, el Juzgado 1 del Tribunal de Instancia de Teruel se encuentra ante un caso titánico. Tal y como recoge el Diario de Teruel, el juez ha reconocido en una providencia la «complejidad y magnitud» de la causa y el «mucho ruido de fondo» que la rodea, planteándose incluso la inhibición por cuestiones de competencia territorial.
