La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha manifestado que si bien su Gobierno podía haber tomado diferentes medidas, como están haciendo otras Comunidades «de todo color político», como cerrar hospitales, rebajar un cinco por ciento el sueldo de los funcionarios o quitarles media paga u otras cosas, «prefiero no hacerlo y voy a intentar que no nos veamos obligados a tocar el sueldo de los funcionarios».
Durante una comparecencia ante el pleno de las Cortes de Aragón, solicitada por el Partido Socialista (PSOE) para que explicara los resultados de su reunión con el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, el pasado 5 de marzo, ha subrayado que su compromiso «con el mantenimiento del gasto social y con la calidad de vida de los aragoneses sigue en pie».
Por eso, «los ajustes se hacen de manera que no afecten a los gastos sociales», con una retención del crédito del cinco por ciento en los Presupuestos de la Comunidad autónoma para 2012 porque en los últimos años en las cuentas de Aragón nunca se ha ejecutado más allá del 95 por ciento.
Al respecto, ha remarcado que «una cosa son las retenciones y otra los recortes», para explicar que ese cinco por ciento «no ejecutado que está en el congelador, veremos dónde no se ejecuta y donde sí para poder hacer el traspaso del crédito».
Además, ha mencionado las 22 líneas de acción en educación y las 400 medidas de gestión sanitaria para conseguir «ahorros» y así «cumplir» el límite de déficit permitido, «que lo vamos a cumplir», para comentar que «ya se están viendo ahorros, por ejemplo, en el gasto farmacéutico y en las peonadas (horas de operaciones por la tarde)».
Por lo que se refiere a las críticas por el coste financiero del plan a proveedores, Rudi ha reconocido que este coste existe, a pesar de lo cual «los proveedores, a partir del mes que viene, van a estar encantados» de que se les vaya pagando esas 174.000 facturas pendientes.
La presidenta de la Comunidad ha mostrado su interés en que Aragón sea «una Comunidad autónoma cumplidora», sea «creíble, rigurosa» y «eso nos permita financiarnos mejor».
El PAR reconoce que es dificil evitar despidos en el sector público
El diputado del PAR en las Cortes Manuel Blasco ha reconocido que será «difícil» evitar que la reestructuración del sector público aragonés no implique algún tipo de despido, aunque sea «duro» y «complicado» decirlo.
El pleno de las Cortes ha debatido una proposición no de ley defendida por el portavoz de IU, Adolfo Barrena, que pretendía obtener el compromiso del gobierno de Aragón de no aplicar en sus departamentos, empresas, organismos y entidades públicas ningún expediente de regulación de empleo de extinción de contratos.
Barrena ha explicado que la reforma laboral que ha aprobado el Congreso de los Diputados repercute en el personal laboral del sector público, porque desde la entrada en vigor de la reforma podrá ser objeto de un ERE de suspensión de contrato, con una indemnización de veinte días por año trabajado, y para ello bastará que los entes gestores justifiquen nueve meses de insuficiencia presupuestaria sobrevenida.
Pero la reforma impide al sector público recurrir a los ERE de suspensión temporal o de reducción de jornada, produciéndose así una «discriminación lesiva» con respecto a los trabajadores del sector privado, a quienes sí se les pueden aplicar expedientes de suspensión temporal.
Pero Blasco, en nombre del PAR, que gobierna en coalición con el PP la comunidad autónoma, ha insistido en que «es difícil hacer tortillas sin romper los huevos», en la línea de que «no se puede pensar que se va a reestructurar el sector empresarial» y que las plantillas vayan a seguir igual.
«El difícil hacer lo que tenemos que hacer, lo que se pide», que es «reducir el déficit y reordenar el sector» sin que esto «implique algún tipo de desaparición del empleo público».
La diputada socialista Ana Fernández, por su parte, se ha mostrado de acuerdo con la reorganización del sector público, pero siempre con información y consenso, y sobre todo con negociación con la representación de los trabajadores.
Para Joaquín Palacín, la opción de aplicar ERE de extinción es «inadmisible» amparándose en una reforma laboral «innecesaria e injusta» y que solo provocará destrucción de empleo.
La diputada popular Marián Orós ha defendido la reforma laboral, cuyo objetivo es crear un marco «claro, completo y equilibrado, que facilite la creación de empleo, regule las relaciones laborales y facilite la estabilidad».
Y ha asegurado que, de momento, no se ha planteado ningún ERE en la administración autonómica.
El departamento de Hacienda, ha agregado, está acometiendo un proceso de racionalización y la aplicación de expedientes de extinción será, en todo caso, «el último recurso, una última opción», pero que a priori «no se puede descartar».
