El Tribunal Supremo ha confirmado mediante una sentencia que la empresa adjudicataria del transporte sanitario urgente en Aragón, Ambulancias Tenorio, cobra mensualmente fondos públicos destinados a las subidas salariales de los trabajadores, pero retiene ese dinero sin actualizar las nóminas. El Sindicato de Cooperación Sindical (SCS) denuncia la pasividad del Gobierno de Aragón ante esta situación, que afecta a más de mil familias en todo el territorio autonómico.
Un contrato millonario con sueldos congelados
Los datos recogidos por el Tribunal Supremo revelan que el Gobierno de Aragón incrementó el presupuesto de la contrata actual hasta los 126,5 millones de euros. El objetivo explícito de esta subida era absorber y financiar con fondos públicos el coste de los incrementos de sueldo pactados en febrero de 2022 para garantizar la paz social.
Las cifras desglosadas en el proceso judicial muestran la magnitud del aumento:
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La partida anual destinada a salarios pasó de 15,9 millones de euros en el concurso anterior a 26,7 millones en la adjudicación actual.
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Esto supone un incremento del 59,79% en los fondos que el Servicio Aragonés de Salud destina a gastos de personal.
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Ambulancias Tenorio gestiona el servicio desde el 1 de junio de 2023 y acumula este dinero en sus arcas.
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A pesar del dinero inyectado por la administración autonómica, las nóminas de los trabajadores continúan congeladas desde diciembre de 2018.
El vacío legal y la exigencia a la DGA
Pese a que los documentos judiciales acreditan el aumento del presupuesto y su motivo, el Tribunal Supremo no concede a los trabajadores la posibilidad de que esos pactos económicos lleguen a sus bolsillos. El alto tribunal argumenta que la anterior concesionaria negoció unas condiciones ajenas, difiriendo su aplicación para el momento en el que entrara en vigor la nueva contrata, lo que en la práctica implicaba firmar un pacto para que lo aplicara una empresa distinta.
Ante esta resolución, el SCS acusa al Gobierno de Aragón de «complicidad por omisión» y le acusa de mirar hacia otro lado. Exigen a la administración que ejerza de forma urgente sus competencias de control e inspección sobre los pliegos de condiciones para evitar que la empresa se lucre con el dinero autonómico. El sindicato recuerda que la asignación de salarios representa el 84% del total del contrato, a lo que hay que sumar los más de cuatro millones de euros que la actual empresa tiene asignados como beneficio industrial.
