La comunidad educativa y las fuerzas políticas de la oposición han anunciado este lunes un calendario de movilizaciones en defensa de la escuela pública en Aragón. La medida principal será una huelga educativa los días 19 y 20 de mayo para protestar contra la implantación del Bachillerato concertado a partir del próximo curso 2026-2027, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Jorge Azcón, actualmente en funciones.
Representantes de sindicatos (CSIF, CGT, CC. OO., STEA-I, UGT, ANPE), la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (FAPAR), y formaciones políticas como PSOE, CHA, IU, Podemos, Movimiento Sumar y PCA, entre otros, han comparecido conjuntamente para rechazar lo que consideran «un ataque» y un «gasto innecesario».
Nieves Burón, portavoz de FAPAR y representante de las organizaciones convocantes, ha asegurado que «el daño que se va a hacer a la escuela pública» con la derivación de «unos 20 millones de euros» no está justificado. Burón ha insistido en que existen «muchísimas vacantes en la escuela pública» y ha criticado que la convocatoria se haya lanzado de forma «ilegal» estando el Gobierno en funciones y con los presupuestos prorrogados.
Calendario de protestas y vía judicial
Además de los dos días de paro en mayo, el calendario de movilizaciones incluye concentraciones todos los miércoles (22 y 29 de abril, y 6 y 13 de mayo) en centros educativos de las tres provincias aragonesas. El 20 de mayo, coincidiendo con el segundo día de huelga, hay previstas manifestaciones en Zaragoza, Huesca y Teruel.
También se llevarán a cabo asambleas informativas en al menos 11 barrios de Zaragoza, en las tres capitales de provincia y en localidades como Tarazona, Ejea, Calatayud, Caspe, Sabiñánigo, Fraga, Graus, Jaca y Barbastro para sumar apoyos a la causa. Las organizaciones buscan la máxima «unidad de acción» de toda la comunidad educativa frente a esta medida.
En paralelo a las movilizaciones, la plataforma ha confirmado que está ultimando los detalles con su equipo jurídico para presentar un recurso contencioso-administrativo contra la orden publicada en el BOA. Según han explicado, existen argumentos jurídicos sólidos que cuestionan que un Ejecutivo autonómico en funciones pueda plantear una concertación de este calibre.
Por último, las organizaciones promoverán un escrito en el que los claustros de los colegios e institutos públicos detallarán sus necesidades, argumentando que los fondos destinados al Bachillerato concertado deberían emplearse en paliar las carencias actuales de los centros públicos.
