Sobre las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Teruel(Por Anabel Gimeno, de Ganar Teruel)

miércoles, 9 octubre , 2019 | Por | Categoria: Opinión

Cada año, de forma previa a la elaboración de los presupuestos, los Ayuntamientos revisan las ordenanzas fiscales que van a permitir establecer una recaudación de recursos para llevar adelante todos los servicios que las entidades locales prestan.

 

El Ayuntamiento es la entidad más próxima a los y las ciudadanas y la que da buena parte de los servicios. Un Ayuntamiento se encarga de basuras, alumbrado, tráfico, agua,…. Pero también, tenga competencia propia o no, sea o no exigencia de la Ley de Bases de Régimen Local (por la que tienen que regirse todas las entidades locales, tanto Ayuntamientos, como Diputaciones Provinciales), acaba dando servicios que demanda la ciudadanía, como autobús urbano, escuelas infantiles, servicios sociales en general.

 

Es decir, para mantener buenos servicios, para mantener una ciudad en condiciones, es preciso recaudar. Pero se puede recaudar básicamente de dos maneras: que más o  menos los costes sean muy parecidos para las personas que pagan dichas tasas fiscales (independientemente de su nivel de renta), o que los costes se cargen de acuerdo con el principio de progresividad fiscal (que paguen más los que más tienen).

 

Año a año, cuando se modifican tasas, y, sobre todo, cuando hay campañas electorales, desde la derecha suele plantearse reducción de impuestos. Es evidente que a nadie le gusta que le rasquen el bolsillo, pero luego queremos tener suficientes servidores públicos o servicios públicos de calidad que nos doten de esa seguridad y bienestar que todo ciudadano o ciudadana quiere tener. Además, la derecha, dice que baja impuestos, pero normalmente lo que hace es unificar porcentajes para todo el mundo. Lo que es injusto, porque hay grandes diferencias de renta entre las personas. Conclusión, la reducción de un 3% genérica de una tasa municipal, por ejemplo, solo es relevante para quien paga muchos impuestos, no para el común de los mortales. Y esa reducción redunda en detrimento de la recaudación, tan necesaria para dotar de buenos servicios públicos.

 

Algo en lo que entendemos que puede haber bastante acuerdo es en que, por ejemplo un Ayuntamiento, si quiere fomentar el empleo, o promover la puesta en marcha de actividad económica y potenciar determinados perfiles, es conveniente aplicar bonificaciones de tasas.

 

En esta ocasión una de las propuestas del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel está en relación con este tema. Se plantean bonificaciones de la cuota en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, para empresas y autónomos que creen o consoliden empleo.

 

Desde Ganar Teruel – Izquierda Unida vemos que esa bonificación puede ser positiva, pero pensamos que hay que concretar muy bien la redacción de las condiciones para que esa bonificación cumpla verdaderamente con su objetivo: crear y estabilizar el empleo. Por ese motivo proponemos que “En caso de no cumplirse las exigencias de contratación de personal, objeto de bonificación, deberá abonarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar, como consecuencia de la bonificación practicada y los intereses de demora.” Es decir, que no haya escollos en la norma y la empresa que obtiene un beneficio por crear empleo, sea porque realmente lo ha hecho.

 

Entendemos que este tipo de bonificaciones premian la contratación y la estabilidad en el empleo, e incluso pueden permitir que falsos autónomos dejen de serlo. Todas las admnistraciones públicas tienen la obligación de trabajar para que la realidad de los falsos autónomos aflore. Y no cabe duda de que el sector de la construcción es uno de los sectores en los que más falsos autónomos existen.

 

Buscamos que haya garantías de cumplimiento del objetivo, porque de lo contrario, la medida puede ser simplemente un brindis al sol, o mero marketing del equipo de gobierno, para hacer creer que es el paladín de una dinamización económica que en realidad no es más que un espejismo.

 

Pretendemos un control absoluto de los fondos públicos. Por eso es fundamental que las bonificaciones las tenga quien cumple de verdad.

 

Y, finalmente, también queremos garantizar que se beneficien las empresas que sean escrupulosas en el cumplimento, y que no sufran la competencia desleal de empresas que no sean tan cumplidoras.