La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha confirmado esta mañana que los graves incidentes registrados ayer en el Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial de Juslibol (Zaragoza) apuntan a una reyerta entre «bandas latinas». Ante la escalada de violencia en estos recintos, Susín ha exigido al Gobierno de España una reforma urgente de la Ley Penal del Menor, asegurando que las herramientas actuales son inservibles ante perfiles «muy violentos y agresivos».
Juslibol: Sentencias judiciales, no solo protección
La consejera ha querido ser muy clara respecto a la naturaleza del centro: no es un centro de acogida convencional, sino un centro de reforma. Allí cumplen condena internos con sentencia judicial por haber cometido delitos.
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La población reclusa incluye tanto menores como mayores de edad que cometieron el delito siendo menores y deben terminar su condena allí.
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La hipótesis principal del Gobierno de Aragón sobre los hechos de ayer es un enfrentamiento vinculado a bandas juveniles violentas.
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La prioridad ayer fue paralizar el motín, atender a los heridos y proteger a los menores que no participaron en la violencia y que sí buscan su reinserción.
Dardo a Madrid: «La Ley actual ya no sirve»
Susín ha cargado duramente contra el Ministerio de Infancia y Juventud. Considera que la normativa vigente está obsoleta frente al nuevo perfil de delincuente juvenil.
«Estamos ante un cambio social. Nos encontramos con menores muy violentos que creen que son impunes ante absolutamente todo» — Carmen Susín.
La consejera denuncia que la policía los detiene y «a las dos horas son devueltos a los centros» porque ni jueces ni fiscales tienen herramientas legales suficientes. Por ello, ha instado a la ministra a dejar de «hablar de Canal Roya» —competencia que no le corresponde— y llevar la reforma penal al Congreso de los Diputados de inmediato.
Réplica a los sindicatos: «No es falta de dinero, es organización»
Ante las quejas de los educadores sobre una supuesta insuficiencia económica en los pliegos, el Gobierno de Aragón niega la mayor. Susín asegura que el nuevo contrato «sale bien dotado» y que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales asume todos los costes.
El problema, según la DGA, es estructural y de modelo educativo:
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Se admite la necesidad de reformar la organización interna y el proyecto educativo del centro.
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Se van a modificar las condiciones del pliego para adaptarlas a la realidad de gestionar perfiles conflictivos que están afectando gravemente a la convivencia.
Se ha abierto una investigación a fondo para esclarecer los detonantes exactos de la violencia desatada ayer.
