El Pleno municipal aprueba por unanimidad el acuerdo con el Gobierno de Aragón para crear un servicio pionero en la capital. El objetivo es dar asistencia integral —legal y emocional— a cualquier turolense que sufra la ocupación ilegal de su propiedad.
El Ayuntamiento de Teruel ha dado un paso definitivo para proteger a los propietarios afectados por la ocupación ilegal. El Pleno ha aprobado por unanimidad —sin fisuras políticas— una adenda al convenio con el Gobierno de Aragón que permitirá la puesta en marcha inminente de una Oficina Pública de Vivienda en la ciudad. Este nuevo recurso no será una simple ventanilla de trámites, sino un centro de atención especializado para quienes ven vulnerada su propiedad.
¿Para qué servirá esta oficina?
La nueva entidad nace con una vocación clara de justicia restaurativa. Su misión es atender al vecino de Teruel que ha sido víctima de una ocupación, ofreciéndole un paraguas de protección que hasta ahora no existía de forma unificada. La asistencia cubrirá tres frentes vitales:
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Ámbito Jurídico: Asesoramiento legal para recuperar la propiedad.
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Ámbito Psicológico: Apoyo emocional para gestionar la ansiedad y el estrés que genera esta situación.
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Ámbito Social: Atención a las consecuencias familiares y sociales del conflicto.
Un equipo multidisciplinar al servicio del ciudadano
Para garantizar esta atención integral, la oficina contará con una plantilla de profesionales especializados que trabajarán codo con codo con los afectados. El equipo estará compuesto por:
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Juristas y personal de la Administración de Justicia.
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Psicólogos.
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Trabajadores sociales.
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Otros técnicos especializados en vivienda.
Con esta medida, Teruel refuerza su red de seguridad social y lanza un mensaje de apoyo directo a los vecinos, poniendo recursos públicos para paliar el desamparo que a menudo sienten las víctimas de la ocupación.
