La gestión de los residuos de la comarca de la Vega Baja, en la provincia de Alicante, podría tener un impacto directo y perjudicial en la provincia de Teruel. Ante la falta de una planta de tratamiento propia y la saturación de sus instalaciones habituales, el Consorcio de basuras de esta zona levantina está explorando nuevas ubicaciones para trasladar sus desechos, y Teruel se encuentra entre las principales opciones barajadas para recibir parte de las 200.000 toneladas anuales que generan.
Así lo ha confirmado recientemente ,en una entrevista periodistica, el presidente de dicho Consorcio, Francisco Cano, quien ha explicado que la entidad se ve obligada a repartir los residuos «en aquellos sitios donde nos dejan entrar». La comarca alicantina ya envía su basura a destinos lejanos como Cuenca o Almería, pero la necesidad de establecer un ‘plan B’ permanente ante averías o colapsos ha llevado a sus responsables a abrir nuevas vías. «Estamos viendo en Teruel, se estuvo mirando en Madrid», ha admitido Cano. .Curiosamente, también,en la comarca alicantina hay mucha polémica porque los pueblos afectados por la ubicación de su futura planta de tratamiento se oponen a ella.
La posible llegada de estos residuos a nuestra provincia resulta sumamente llamativa, en primer lugar, por la enorme distancia que separa ambas provincias. Trasladar basura a cientos de kilómetros implica una logística compleja, pero lo que más preocupación genera a nivel local es el impacto directo que esta operación tendrá sobre el territorio turolense. El transporte y tratamiento de miles de toneladas de basura foránea conlleva innegables molestias para la población, evidentes riesgos de olores y los peligros inherentes al aumento exponencial del tráfico de camiones pesados por las carreteras de la provincia.
Frente a estos graves inconvenientes que tendría que soportar el territorio, el beneficio económico de la operación parece tener un destino exclusivamente privado. El tratamiento de esta ingente cantidad de residuos supondrá, sin duda, un negocio muy lucrativo para la empresa o empresas encargadas de gestionarlo en las instalaciones turolenses, que cobrarán importantes sumas por recibir la basura de la que Alicante necesita deshacerse de urgencia al no tener capacidad física para acumularla.
Por el momento, no se ha detallado si podría existir algún tipo de compensación económica, canon o beneficio directo que repercuta positivamente en la ciudadanía e instituciones turolenses por asumir el coste medioambiental y las molestias de convertirse en receptor de la basura de otras comunidades autónomas.
Mientras el Consorcio de la Vega Baja sigue debatiendo dónde ubicar su propia planta —cuyas obras no culminarán hasta dentro de al menos dos años tras cerrar su localización—, la dependencia externa de esta comarca no deja de crecer. Y en ese mapa de la basura, Teruel aparece ahora como uno de los destinos marcados en rojo, planteando el debate de por qué la provincia debe asumir las molestias de un problema ajeno para el mero lucro empresarial o la fácil solución de un problema de falta de gestión política en Alicante.
