Las Cortes de Aragón han exigido este jueves 14 de mayo de 2026 por unanimidad que el Gobierno de España audite el cumplimiento real del proyecto del Nudo Mudéjar 400 kv. Tras la drástica reducción de la propuesta energética planteada por la empresa adjudicataria, Enel Green Power , el parlamento autonómico reclama salvar la inversión que debía garantizar la transición y el futuro de Andorra y de otros 34 municipios turolenses tras el cierre de la central térmica.
Auditoría al megaproyecto y a sus promesas
Tanto PP como PSOE han consensuado un texto transaccionado que pone la lupa sobre el plan que debía sustituir la actividad minera en la provincia de Teruel. Las exigencias aprobadas para remitir al Ejecutivo central incluyen:
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Análisis técnico: Piden al Ministerio que evalúe minuciosamente el proyecto definitivo de la adjudicataria para verificar si cumple íntegramente con las condiciones ambientales y técnicas impuestas en el concurso.
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Control del Plan de Acompañamiento: Se reclama una auditoría sobre el grado de cumplimiento de las medidas socioeconómicas prometidas al territorio por parte de la empresa.
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Reclamación de cifras clave: Se insta a recuperar la magnitud del proyecto original impulsado por el Gobierno, anunciado en su día con más de 1.600 millones de euros de inversión, cerca de 1.900 megavatios de potencia instalada y la creación de miles de puestos de trabajo.
El cruce de reproches: de la lentitud estatal a la responsabilidad empresarial
Pese a la votación conjunta en la Aljafería, el debate evidenció la brecha política sobre quién es el verdadero culpable del parón. La diputada turolense del PP, Silvia Casas, acusó directamente al Gobierno de Pedro Sánchez de la «ausencia absoluta de coordinación con el territorio» y de los «retrasos interminables». Casas recordó que en febrero de 2022, la ministra Teresa Ribera prometió que la reconversión de Andorra sería un ejemplo de éxito internacional, una afirmación que, cuatro años después de la adjudicación, «dista mucho de ser realidad».
Por su parte, el alcalde de Andorra y diputado socialista, Rafael Guía, centró las críticas en la empresa Enel Green Power. Guía recordó que la central cerró por una «decisión empresarial» para no acometer mejoras medioambientales tras haber sido privatizada en la etapa de José María Aznar. El dirigente del PSOE exigió responsabilidades a una firma que ha extraído «pingües beneficios» de la zona durante 70 años y afeó al PP que su texto inicial no nombrara explícitamente a la multinacional, acusándoles de posicionarse «al lado de los poderosos».
Por último, Guía instó también al Ejecutivo aragonés a asumir responsabilidades, reclamando que se discrimine positivamente a las comarcas mineras en el reparto de los Fondos de Transición Justa y en el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).
