El sindicato STEA-i denuncia que la administración educativa no esté trabajando en proporcionar seguridad en los centros sino que su prioridad sea el ahorro económico.
PLANES DE CONTINGENICA A COSTE CERO:
Desde STEA-i consideramos que el presidente Lambán ha vuelto a perder una oportunidad de reconciliarse con el profesorado aragonés. Es evidente que el Departamento está planificando el próximo curso sin asumir en ningún momento ni la posibilidad de reducir ratios, ni de contratar más profesorado. Incluso algunos centros están denunciando un recorte en los cupos para el próximo curso.
LA QUIMERA DE AISLAR Y REALIZAR LA TRAZABILIDAD:
Renunciando a la herramienta más eficaz para reducir el riesgo de contagio, bajar las ratios, los planes de contingencia elaborados por cada centro –tienen de tiempo hasta el 30 de septiembre y supondrá una sobrecarga de trabajo para unos equipos directivos ya muy saturados-, en caso de darse un rebrote en el entorno social de los centros, podrán en el mejor de los casos retrasar la expansión de la pandemia pero no paralizarla.
En ese contexto, los centros educativos serán un caldo de cultivo tan propicio al coronavirus como lo han sido las residencias de ancianos, convirtiendo en carne de cañón al personal docente, PAS y alumnado. Tan pronto se detecten casos masivos, las autoridades sanitarias procederán al cierre de un centro concreto o los de un área determinada, volviendo a la enseñanza a distancia.
Respecto al teletrabajo, desde STEA-i hemos exigido a la administración que el próximo curso o bien proporcione equipos y conexiones a quienes lo realicen o pague un complemento salarial por la puesta a disposición de los medios personales, dado que no es algo sobrevenido como en marzo, es una situación que es más que previsible.
NO HAY DINERO PARA EDUCACIÓN, PERO SÍ PARA EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL O EL TURÍSTICO:
Por otro lado, de los 400 millones con los que el Gobierno central compensará a nuestra comunidad por los gastos extra en sanidad y educación, a pesar de que desde STEA-i hemos pedido que se usen para contratar más personal, por el momento no se sabe cómo será la distribución de ese dinero.
Esta nueva situación exige un mayor aporte económico a la educación pública, la cual va a recibir menos dinero para refuerzos que lo presupuestado para el sector del automóvil o turismo. En el primer caso duplica lo presupuestado para educación y en segundo lo triplica. Invertir en educación da resultados en el largo plazo, si queremos una sociedad más justa y un futuro prometedor no podemos asfixiarla económicamente.
Desde STEA-i pedimos más prudencia al presidente de Aragón al realizar declaraciones sobre la organización del próximo curso, al cuestionar el distanciamiento mínimo o la “inviabilidad” de ciertas medidas por su coste económico. No podemos actuar como si no hubiera pasado nada estos meses y proclamar la normalidad para el próximo curso, pues corremos el riesgo de contribuir a generar nuevas situaciones de contagio. Tenemos un presidente y un consejero cada día más impopulares, que el horizonte de las elecciones autonómicas este lejos no es excusa para rectificar.
El Ministerio de Justicia recuerda la obligación de presentar el certificado de delitos sexuales para las actividades relacionadas con menores
- En el año 2019, un total de 2.679.931 ciudadanos solicitaron este documento, el 85% por vía telemática
- Hasta el 31 de mayo de 2020, a pesar de los tres meses de confinamiento, el Registro Central de Delincuentes Sexuales emitió 704.783 certificados
30 de junio de 2020.- El Ministerio de Justicia recuerda que en estas fechas comienzan muchas actividades veraniegas de ocio y formación que exigen a los ciudadanos que vayan a ejercer una profesión o actividad que implique contacto habitual con menores (campamentos, piscinas, academias, rodajes, etc…) la presentación del Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual.
Este documento, gratuito y expedido por vía telemática o presencial en distintas instituciones, permite acreditar la carencia de este tipo de delitos o, en su caso, la existencia de los mismos. Durante el año 2019, un total de 2.679.931 ciudadanos solicitaron este certificado, de los que el 85% lo hizo a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia o de cualquiera de los canales telemáticos habilitados a tal efecto por las Gerencias Territoriales de Justicia, las Delegaciones del Gobierno, Ayuntamientos, Consejerías autonómicas de Justicia, Diputaciones, incluso centros profesionales como colegios, academias, hospitales, gimnasios, etc…
El parón de la actividad económica ocasionado por la pandemia hizo descender el número de solicitudes, especialmente en los tres meses de confinamiento. Aún así, el Ministerio de Justicia emitió hasta el pasado 31 de mayo de 2020 un total de 704.783 certificados.
La obligatoriedad de presentar este certificado para proteger a los menores contra la explotación y el abuso sexual, viene establecida por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, así como por la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
En el Registro Central de Delincuentes Sexuales se incluyen los datos de la identidad y del perfil genético de las personas condenadas mediante sentencia firme por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluida la pornografía. Se trata de evitar que estos condenados en sentencia firme puedan realizar actividades o ejercer profesiones u oficios en contacto con menores.
El certificado es gratuito y puede solicitarse por diferentes canales. En el caso de los trabajadores, pueden hacerlo de forma electrónica a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia; de forma presencial en los registros de las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, en el Centro de Atención al Ciudadano de Madrid, en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y en los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas y a la de cualquier Administración Local; o por correo postal dirigido a cualesquiera de las gerencias territoriales o al Centro de Atención al Ciudadano de Madrid.
Haciendo constar su número de móvil en la solicitud, el interesado recibirá por SMS un código seguro con el que descargar el certificado cuantas veces necesite desde la Sede electrónica del Ministerio de Justicia.
Las entidades en las que se va a trabajar con menores pueden solicitar el certificado negativo (para acreditar que se carece de antecedentes) de sus trabajadores de forma conjunta, previo consentimiento expreso de éstos.
Por su parte, las administraciones públicas pueden solicitar el certificado negativo, con autorización previa del trabajador, directamente a través de la Plataforma de Intermediación de Datos que gestiona el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De este modo, se evitan desplazamientos y se agiliza su tramitación.
Los ciudadanos que opten por la solicitud telemática, deben disponer de un certificado digital de usuario válido (DNI electrónico, FNMT).
El Ministerio facilita a través de su página web, toda la información sobre el Registro Central de Delincuentes Sexuales.
DATOS ARAGÓN
AÑO 2019
- Solicitudes a través de la PID en la Gerencia Territorial de ZARAGOZA- 29.894
- Solicitudes realizadas de manera PRESENCIAL en la Gerencia Territorial de ZARAGOZA-4.493
HASTA 31 DE MAYO DE 2020
- Solicitudes a través de la PID en la Gerencia Territorial de ZARAGOZA- 2.684
- Solicitudes realizadas de manera PRESENCIAL en la Gerencia Territorial de ZARAGOZA– 461
