El grupo parlamentario VOX en Aragón plantea una batería de medidas para compatibilizar el uso de la laguna del Cañizar, en la provincia de Teruel.
VOX defiende impulsar un sistema de control de las compuertas de entrada y salida de la laguna. Que sea gestionado de forma conjunta por la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente.
Tal sistema deberá priorizar el almacenamiento del agua durante el invierno. Que es cuando no hay necesidad de regar. Y dar prioridad de uso para riego en primavera y verano. Para reconocer expresamente los derechos históricos de los regantes afectados. Y compatibilizar todos los intereses en juego de regantes, municipios y asociaciones.
Batería de medidas
Asimismo, VOX propone revisar los niveles o cotas para la acumulación de agua en la zona de almacenaje. Con el objetivo de evitar el encharcamiento de los terrenos de alrededor y garantizar que el agua se acumule en los terrenos salitrosos y poco aptos para el cultivo. Y así evitar daños en las tierras de labor y permitir la existencia de una lámina de agua.
Otra medida consiste en restituir a su estado original «las hilas» existentes en Cella y Villarquemado. Que han sido afectadas por las obras de restauración de la Laguna. Ya que suponen un aporte importante de agua. Y de eliminación de los canales artificiales y demás actuaciones realizadas en los últimos años, que en la actualidad se encuentran inoperativas.
VOX defiende también acometer la limpieza periódica del cauce del río. Al menos cada 5 años y preferiblemente durante los meses anteriores a la época de riego. Y poner a disposición de la Junta General de Aguas, por parte del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, los medios necesarios. Porque un cauce limpio permite un mayor aprovechamiento del agua.
Otras iniciativas incluidas en la Proposición no de Ley son la realización de un estudio y asesoramiento técnico sobre el tratamiento para controlar el cañizo. Realizar un plan de mejora de los regadíos, aprovechando todas las ayudas públicas existentes incluso a través del FITE. Dado que ello supondría conservar el ecosistema y la compensación razonable a los regantes. Estudiar el reconocimiento de la figura de protección ambiental que se considere más adecuada para salvaguardar todos los intereses y poder indemnizar a los propietarios de las fincas por los daños que pudiera causar la fauna. Y permitir la caza para controlar la población del jabalí que actualmente causa grandes daños a los campos de maíz y cereal en la zona de la laguna.
Importancia de la laguna del Cañizar
Con 11,3 km2 de superficie de zona lacustre, fue uno de los mayores humedales de agua dulce de la España interior.
En el mes de enero de 2021 la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón elaboró un «Borrador del Plan de Gestión del Humedal Singular del Cañizar».
El periodo de alegaciones al «Borrador del Plan» finalizó el 31 de marzo de 2021 habiendo presentado alegaciones tanto el Ayuntamiento de Cella como la «Plataforma No a la Laguna».
La «Plataforma No a la Laguna» y una amplia mayoría de los habitantes de la localidad consideran que las iniciativas de la Administración para conservar el humedal merman los derechos de riego, las posibilidades de uso de la tierra y la caza. Las ayudas agroambientales derivadas de una ZEPA conllevarían restricciones a los usos agrícolas, ganaderos y cinegéticos y les quitarían la potestad a los agricultores para disponer de sus tierras. Destinar recursos hídricos a encharcar el Cañizar amenaza los derechos de riego de cinco pueblos y 700 propietarios.
Por otro lado, al no poder sembrar el cereal en el periodo adecuado porque el campo está inundado por la laguna, obliga a realizar la siembra de forma tardía. Y por lo tanto, los agricultores quedan totalmente desprotegidos. Viendo cómo grandes bandadas de grullas se posan en sus campos y causan graves daños al no estar el grano germinado, siendo extraído del subsuelo con el pico para su alimentación.
Actualmente las zonas inundadas causan la pérdida de la madera de algunas de las choperas particulares, así como impide el cosechar el maíz de campos privados ya que las cosechadoras no pueden acceder a los campos de cultivo porque se quedan atascadas en el barro.
Estas pérdidas económicas suponen una falta de entrada de ingresos al agricultor de 1500 euros/Ha año (cuantía mínima). Y las consecuentes pérdidas de derechos de PAC en los casos de inobservancia de los periodos máximos establecidos para el barbecho.
