El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha solicitado este martes que Sanidad publique el orden de los pacientes en las listas de espera ante una intervención quirúrgica o una prueba de diagnóstico, así como la fecha prevista, ya que esta falta de información genera «angustia» en los afectados.
Ésta es una de las 170 medidas concretas que contempla el informe ‘Transparencia y buen gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón’, dirigido a todos los niveles de la Administración, que este martes ha presentado el Justicia de Aragón, en las Cortes de Aragón.
Cada una de las sugerencias incluidas en el informe surge de las quejas presentadas a la institución, en los últimos quince años, y bajo el convencimiento de que la transparencia es una «forma preventiva de luchar contra la mala administración».
Se trata de una cuestión de «actitud» y de «mentalidad», ha indicado García Vicente, quien ha añadido que tiene la sensación de que hay que «refundar» el Estado, ya que «está en juego la democracia real», más allá de la democracia formal que hay en muchos países.
Bajo esta premisa, el informe recoge medidas para mejorar la transparencia y la participación en distintas áreas, desde agricultura, economía y hacienda, urbanismo, vivienda, derechos civiles, educación, sanidad, bienestar social, empleo y contratación pública, entre otros.
Ha insistido en el derecho que la ciudadanía tiene a acceder de forma sencilla e «inteligible» a la información, no con frases que la «gente no entiende».
Entre las medidas planteadas, ha destacado la publicación de las listas de espera de los pacientes en Sanidad; publicar las ordenanzas vigentes en los municipios o posibilitar la intervención de los ciudadanos en los plenos municipales; así como externalizar la corrección de algunas pruebas en la Educación.
En cuanto al empleo público, García Vicente ha señalado que se debe reconocer y exigir la responsabilidad de la función pública, aportando prestigio a la figura del funcionario, a través de un proceso de selección y promoción riguroso y transparente.
Ha planteado que se convoquen concursos públicos para acabar con la interinidad de muchos funcionarios, ya que esa incertidumbre les impide hacer planes de futuro y controlar el funcionamiento de la Administración, ya que «penden de un hilo».
En este sentido, ha hecho hincapié, en los dos turnos de su intervención, en la reducción del sueldo a los funcionarios, una cuestión que «hay que pensárselo dos veces», ya que provoca que, en base a sus previsiones de gasto, busquen otro empleo, lo que les aboca a una «vulnerabilidad absoluta».
«Antes que bajarles los sueldos, les pediría que trabajaran más horas», ha comentado.
Respecto a los derechos civiles y políticos, García Vicente ha destacado, en primer lugar, el valor de la política, pero ha planteado que es una labor que se debe dignificar con un sueldo público, «no en base a dietas».
«El que tiene reconocida la dedicación exclusiva no puede cobrar por ir a un consejo de administración, porque, además, va de mirón y no puede ser», ha manifestado.
El informe también recoge medidas para aportar transparencia en la contratación pública, en las subvenciones otorgadas, al tiempo que se plantea también que, por ejemplo, se den a conocer los criterios para aumentar el valor catastral de las viviendas, cuando el precio en el mercado está bajando.
Por último, García Vicente ha resaltado una de las cuestiones que más le preocupa, ha dicho, del funcionamiento del Gobierno, en relación al Ingreso Aragonés de Inserción, un asunto sobre el que han recogido 270 quejas este año 2013.
En este sentido, ha exigido que se reconozca este derecho a las personas que cumplen los requisitos y ha solicitado a Bienestar Social que aclare la documentación necesaria y resuelva los expedientes en tiempo previsto.
Por su parte, el diputado de IU Adolfo Barrena ha destacado el retraso en la ley de transparencia que el Gobierno lleva prometiendo «dos años», mientras que el diputado de CHA José Luis Soro ha recordado que los concejales de su formación en el ayuntamiento han renunciado a cobrar las dietas, porque ya cobran un sueldo.
La diputada socialista María Victoria Broto ha insistido en la necesidad de poner en valor el trabajo de los funcionarios y el diputado del PAR Manuel Blasco ha relacionado la transparencia con la mejora de la democracia y la calidad de los ciudadanos.
El diputado popular Ramón Celma ha reconocido sentirse «orgulloso» de pertenecer a un partido que tiene en cuenta estos «nuevos conceptos» a la hora de legislar, al tiempo que ha dicho que el informe será estudiado «minuciosamente» por todos los departamentos del Ejecutivo.
