El grupo del PAR en la Diputación de Teruel ha presentado una moción para instar al Gobierno de España a que apruebe cambios normativos que permitirían destinar inmediatamente el superávit presupuestario de 2018 a inversiones financieramente sostenibles, y que tenga en cuenta la despoblación para flexibilizar la regla de techo de gasto.
El grupo del Partido Aragonés en la Diputación de Teruel ha presentado una moción que se debatirá en el próximo pleno de la institución provincial en la que instan al Gobierno central a aprobar decretos y modificaciones legislativas que permitan liberar los 137 millones de euros de superávit de 2018 de las entidades locales de la provincia -ayuntamientos, comarcas y Diputación de Teruel- para dedicarlos a inversiones necesarias para sus vecinos.
Los detalles de la moción se han presentado este lunes en una rueda de prensa ofrecida por el vicepresidente de la Diputación, Alberto Izquierdo; la portavoz del PAR en la institución, Berta Zapater; el presidente de la Comarca del Maestrazgo, Roberto Rabaza; y el alcalde de Mora de Rubielos, Hugo Ríos.
“Este nuevo gobierno tiene una medida inmediata, para poder realizar mañana mismo, no es un parche, es una línea más, pero eso si, inmediata que es lo que necesitamos inmediatez, por la urgencia de la situación que tenemos” y de liberarse el dinero “una lluvia de millones caerá en la provincia de Teruel sin tener que desembolsar, simplemente permitiendo gastar de manera excepcional y para territorios concretos desfavorecidos”.
Por su parte, Zapater ha detallado que 137.400.732,1 millones de euros de todos los ayuntamientos, comarcas y de la Diputación de Teruel están en las entidades bancarias (datos de 2018, los de 2019 los conoceremos en marzo o abril) y previsiblemente serán más millones. Se trata de 1.026,57 euros por habitante de la provincia de Teruel que “podrían reinvertirse sin pedir a ningún sitio. No se trata de que se destine más dinero a ayuntamientos, comarcas y Diputación de Teruel sino de poder gastar el que tienen” ha subrayado Zapater.
Además, ha incidido en que “aunque está habilitada la posibilidad mediante decreto ley de las inversiones financieramente sostenibles, no es suficiente porque sigue limitando mucho el gasto, se toma como referencia el gasto presupuestado y no el gasto real”. Y además, ha añadido, “tampoco tiene sentido que permitan con estas inversiones, por ejemplo, llegado el caso, construir un pabellón polideportivo y luego no poder gastar dinero para poder dotarlo de personal ya que el empleo no entra en estas inversiones financieramente sostenibles”.
Y a esto se suma que a partir de 2020 las entidades bancarias ya han avisado que comenzarán a cobrar un 0.4% del total de los depósitos que tienen las administraciones públicas. “En la provincia de Teruel eso supondrá algo más de 693.602 euros que perderemos de poder invertir” ha añadido la portavoz del PAR en la institución provincial.
“Hacer frente y llevar adelante un ayuntamiento, sabiendo que tienes mucho dinero en el banco, que a tus vecinos les faltan servicios y que no puedes dárselos porque una ley en Madrid lo prohíbe acaba desesperando, tenemos Ayuntamientos saneados pero con muchos servicios por cubrir” ha apuntado el primer edil de Mora de Rubielos. Tanto Ríos como Rabaza han explicado el caso concreto de sus ayuntamientos y comarca para mostrar el día a día de sus entidades locales y las inversiones que podrían realizar si se aprobaran estos cambios normativos.
Texto de la moción
La moción recoge que desde la implantación de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) la regla fiscal que limita el déficit público de carácter estructural y limita la deuda pública, las administraciones públicas han ido limitando el gasto y reduciendo la deuda pública hacia el equilibrio presupuestario.
Pero transcurridos ya más de siete años desde la aprobación de la actual normativa de estabilidad, el PAR considera, según recoge la moción, que “es urgente garantizar la aplicación homogénea de esta normativa en los diferentes territorios”. Así, continúa el texto, “los ayuntamientos que disponen de superávit al cierre de sus cuentas no deberían esperar a que el Estado disponga de unos Presupuestos Generales aprobados, o a que el Ejecutivo del momento tenga a bien aprobar la norma que habilite a las Entidades Locales a utilizar, en beneficio de sus propios vecinos, unos recursos económicos que han sido generados por la gestión realizada por esos propias entidades”.
La moción continúa señalando que, en aquellos ayuntamientos, diputaciones provinciales, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid y Bilbao o la Diputación Provincial de Barcelona, por ejemplo, donde se aprecia riesgo de incumplimiento, “es necesario que se adopten las medidas oportunas, pero en aquellas corporaciones locales, como es el caso de todas de la provincia de Teruel, es importante que se permita que esos remanentes de tesorería puedan destinarse a revertir la inversión en el territorio”, no solo con inversiones financieramente sostenibles, sino “permitiendo de manera extraordinaria destinar los más de 137 millones que en estos momentos están depositados en las entidades bancarias, en riqueza para un territorio, en medida concreta contra la despoblación”.
Por ello, en la moción que se debatirá en el próximo pleno piden instar al Gobierno de España, con respecto al superávit, aprobar un decreto ley que permita destinar inmediatamente el superávit presupuestario obtenido en el año 2018 a inversiones financieramente sostenibles.
Además, pide que en el momento que existan unos presupuestos aprobados del Estado, incluir una modificación en la ley orgánica 2/2012 para habilitar el destino del superávit de las corporaciones locales de la “España vaciada” a cualquiera de sus competencias permitidas, incluyendo especialmente todo lo relacionado con el fomento del empleo, inversión en el medio rural y cuantas medidas contribuyan de manera directa o indirecta contra la despoblación.
Con respecto a la Regla de techo de gasto, la moción reclama aprobar de manera inmediata un real decreto ley, específico para zonas despobladas que permita excepcionalmente flexibilizar la regla de techo de gasto en las entidades locales que hayan cumplido la normativa.
“Las leyes se suelen hacer pensando en el ámbito urbano, las dificultades del medio rural, muchas veces sin grandes inversiones no son vistas, ni tenidas en cuenta desde el ámbito urbano” ha dicho Izquierdo. Y en ese sentido, ha recordado que el Partido Aragonés “siempre ha estado en el territorio, on nuestros alcaldes, concejales que son los que se quedan, los que viven y los que sufren la despoblación”. De hecho, ha recordado, en diciembre de 2016 en las Cortes de Aragón el Partido Aragonés presentó una iniciativa en este sentido.
