El texto legislativo considera al profesorado como autoridad pública
Mejorar la calidad de la Educación en los centros escolares aragoneses pasa por reforzar un buen clima de convivencia entre los alumnos, y entre éstos y los profesores. Es el argumento fundamental esgrimido esta mañana por Ana Grande, portavoz de Educación del Partido Popular en las Cortes de Aragón, que sustenta la necesidad de presentar una proposición de ley de Convivencia Escolar.
La iniciativa legislativa, que será debatida en el próximo periodo de sesiones, consta de 31 artículos integrados en tres títulos, además de tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
El objeto de la proposición de ley, tal y como figura en su artículo primero, es lograr un adecuado clima de convivencia escolar en los centros educativos, el respeto del alumnado a todos los miembros de la institución educativa de la que forma parte y muy especialmente al profesorado, así como la aceptación por parte de los padres de su responsabilidad en la educación de sus hijos.
El texto legislativo también dedica un artículo específico a la consideración del profesorado como autoridad pública, donde se refuerza el papel del profesor en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. En este punto, la iniciativa de los populares otorga a los docentes la presunción de veracidad en la tramitación de toda clase de procedimientos relacionados con esta propuesta de ley, sin perjuicio de las pruebas en contrario.
También se destina un Título a establecer el marco de convivencia en los centros educativos, que a su vez se divide en tres capítulos, que se ocupan de cuestiones relacionadas con las normas de carácter interno que debe aprobar cada centro educativo, de los órganos con competencias y, finalmente, del personal de refuerzo al profesorado en materia de convivencia escolar.
La iniciativa legislativa del Partido Popular de Aragón dirige el Título III al ámbito de la disciplina escolar. Está dividido en tres capítulos, en los que se abordan el incumplimiento de las normas de convivencia, el procedimiento para la adopción de las correcciones y de las medidas disciplinarias, y las actuaciones de prevención y evaluación de la convivencia escolar.
Por último, las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales contemplan desde la financiación de la ley hasta el lógico establecimiento de un periodo de adaptación de los planes de convivencia y reglamentos de funcionamiento de los centros escolares a las normas del texto presentado.
