El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha dirigido una carta al secretario general de la ONU manifestando la postura del Gobierno aragonés ante el informe que tres relatores han realizado sobre el tema de la Memoria Histórica
En un tono institucional, pero firme, da un buen repaso tanto a las formas que han tenido los relatores para elaborar el informe, criticando sobre todo lo inaudito del hecho de que no se haya dado trámite de audiencia o escuchado de alguna manera al Gobierno de Aragón Y y también al fondo del informe , criticando que los datos sobre los que se han basado los autores son sesgados,inexactos y parciales y no recogen la realidad objetiva de cómo se está tratando el tema de la memoria histórica en nuestra Comunidad Autónoma.
La carta dice textualmente lo siguiente
Excelentísimo señor Secretario General:
Me dirijo a usted como presidente del Gobierno de Aragón para expresar mi profunda contrariedad por el contenido del informe OL ESP 4/2024, de fecha 30 de abril de 2024 (el “Informe”), suscrito por el señor Fabian Salvioli (Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición), la señora Aua Baldé (Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias) y el señor Morris Tidball-Binz (Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias).
Tras analizar el Informe de la respetable organización que usted lidera, como presidente de Aragón debo manifestar antes que nada que resulta del todo incomprensible e inédito que no se nos haya dado trámite de audiencia previa como parte directamente aludida. Dicha garantía jurídica y democrática hubiera evitado la indefensión que ahora nos vemos obligados a invocar. Esta exclusión del Gobierno de Aragón socava gravemente la objetividad del Informe y la obligada imparcialidad de sus conclusiones.
Como resultado directo de esta omisión, el Informe contiene información sesgada e interesada suministrada por el Gobierno de España. En consecuencia, desvirtúa la realidad y está plagado de inexactitudes, falsedades y omisiones.
Antes de relatarlas pormenorizadamente, quiero dejar claro que en el ánimo de este Gobierno y del Plan de Concordia que aprobaremos en próximas fechas —no proyecto de ley, como impropiamente dice el Informe—, no está el de invisibilizar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, sino honrar a todas ellas. También a las del periodo democrático, como las víctimas de la banda criminal ETA y, por extensión, las del terrorismo.
El partido al que represento (Partido Popular) y yo mismo hemos condenado reiteradamente, tanto en el Congreso de los Diputados como en las Cortes de
Aragón, el golpe de Estado de 1936 que desembocó en la Guerra Civil y la represión durante la dictadura franquista.
Entre las demás inexactitudes, falsedades y omisiones que contiene el
Informe, destacan las siguientes:
1. La Comunidad Autónoma de Aragón no ha aprobado ninguna ley de
concordia. Las Cortes de Aragón han aprobado la Ley 1/2024, de 15 de
febrero, de derogación de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de
memoria democrática de Aragón.
A nuestro juicio, esta ley imponía un relato sesgado y realizaba una
interpretación partidista de la historia. La ley idealizaba la Segunda
República, enlazando este período convulso de nuestra historia con el
modelo de democracia actual; condenaba los crímenes y atrocidades
cometidos por un bando durante la Guerra Civil, pero relativizaba los
cometidos por el otro; y limitaba la definición de “víctimas” a los que
sufrieron muerte y represión por una parte, pero no por la otra.
Asimismo, el texto olvidaba y excluía de su ámbito de aplicación otros
períodos, como el de la Segunda República, cuando es notorio que en
aquel y en otros periodos, la violencia política ejercida merecería su
inclusión.
En definitiva, se trataba de un texto normativo que sembraba la división
y la confrontación entre los aragoneses sobre una tragedia fratricida
mediante la imposición de un relato ideológico de parte.
2. La derogación de la Ley 14/2018 no invisibiliza las graves violaciones de
derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista. Prueba de
ello es que el propio Preámbulo de la Ley 1/2024 dispone que la
derogación de la Ley 14/2018 “no impedirá que las Administraciones
Públicas faciliten a ciudadanos y asociaciones la búsqueda,
exhumación, documentación y honra a las víctimas de la guerra o de la
represión, cualquiera que fuera el bando en el que militaran, su ideología
o demás circunstancias personales”. De hecho, el presupuesto del
Gobierno de Aragón para este año 2024 incrementa, respecto a
ejercicios anteriores, la partida para exhumaciones en un 10%.
3. No se ha suprimido el portal web institucional del Gobierno de Aragón
sobre memoria democrática, ni el mapa de fosas comunes de Aragón
—anterior, por cierto, a la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria
democrática de Aragón—, ni la información sobre los lugares de memoria democrática de Aragón
.
4. Las subvenciones a proyectos públicos de memoria histórica no quedan
en una situación incierta como consecuencia de su sujeción a la justificación correspondiente, como apuntan los autores del Informe. Por
el contrario, la justificación de las subvenciones constituye una
imposición legal regulada en la legislación española, propia de un
Estado de derecho y democrático.
Habida cuenta de que el propio coautor del Informe, el señor Fabian
Salvioli, ha manifestado recientemente en una entrevista4 que si los gobiernos
aludidos “quieren enviar información, será procesada debidamente”, le
comunico que, tan pronto como nos sea posible, le haremos llegar un informe a
modo de alegación que profundice jurídicamente en todas las cuestiones
mencionadas en la presente.
Sin otro particular, y con los mejores deseos de paz en el mundo, reciba un fraternal saludo.
Jorge Azcón Navarro
