José Luís Murillo ha ofrecido a los diputados el primer informe de un año completo del organismo que gestiona, así como el balance económico del ejercicio 2009.
Además de recordar que “el número de empresas se va a reducir a cincuenta y tres sociedades distribuidas en seis subgrupos, para obtener sinergias”, Murillo ha señalado que se trata del “primer ejercicio completo en el que están todas las compañías”, ya que la anterior cuenta de resultados sólo cubría seis meses. Asimismo, ha apuntado que los activos totales de la Corporación son 1.036 millones de euros, 196 más que en el año anterior. Aunque también ha recordado que el incremento de fondos propios procede de las aportaciones de capital de la matriz a las filiales y, por supuesto, de las inversiones públicas en proyectos como Motorland, Expo o Caladero. Por otra parte, ha asegurado que el ratio de endeudamiento, del 28%, es “bajo respecto al mercado”.
También ha avanzado que se encuentran “a punto de cerrar algunas operaciones de edificio completo y de zonas comerciales en la Expo, así como de firmar el contrato de arrendamiento de Justicia”.
Reestructuración del grupo de empresas públicas
Ha especificado, sobre la reestructuración del grupo, por el que quedarán activas 54 de las 108 sociedades, que de las 13 liquidaciones previstas ya se han acometido tres (Eazasa, Conservas del Arba y el Pabellón de Aragón), tres están pendientes (Sociedad para el Desarrollo Agrícola y Social de Aragón, Gera y Teruel Aviación) y el resto en proceso.
De las tres disoluciones previstas, ya se han llevado a cabo en Almazaras del Bajo Aragón y Almazaras de la Litera Alta, y en Desarrollo de Iniciativas del Matarraña está en ‘stand by’, mientras que sigue en estudio el proceso de reversión de seis empresas a la administración.
En cuanto a las 31 desinversiones o ventas, ya se ha cerrado la de Iber Citrus y Combunet se ha fusionado con otra compañía, y las negociaciones sobre las 25 renovables están muy avanzadas, con unas expectativas «bastante optimistas» para que se produzca cuanto antes, aunque sin una fecha prevista porque en el proceso «tampoco es bueno tener prisa».
Opiniones de los grupos políticos
El representante del grupo socialista, Antonio Piazuelo, ha alabado su “gestión, talante y confianza, para hacer desaparecer de estas comisiones palabras como oscurantismo”, mientras que, por parte del PP, Manuel Guedea ha destacado que “el informe del Tribunal de Cuentas destacaba que durante unos años la creación de entidades públicas era excesiva y se carecía de criterios”. Así, también ha exigido un proceso de “reestructuración importante”, aunque ha reconocido que se han dado los primeros pasos.
La portavoz del PAR, Ana de Salas, ha asegurado que “la Corporación está cumpliendo con sus objetivos fundacionales”. Por otra parte, ha recordado que las acciones de interés general representan el 60’5% del total, pero ha asumido que “puede que éste no coincida con el planteamiento de otros grupos”, en referencia a IU y CHA. Desde este grupo parlamentario, Chesús Yuste ha indicado que “en tiempos de crisis lo público es imprescindible” y que “la reestructuración sólo afecta a pequeñas empresas, lo que traslada un mensaje de desbandada”.
Finalmente, el representante de IU, Adolfo Barrena, ha considerado que “los grandes proyectos con mucho dinero de por medio no responden a un objetivo concreto, como el aeropuerto de Caudé” (Teruel). Además, se ha interesado por los efectos de la reestructuración en el empleo.
Ha destacado que se trata de una cartera «interesante y rentable» y que si surge la oportunidad de colocar las participaciones en el mercado para obtener liquidez para otras inversiones se aprovechará, pero no están en «derribo».
PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL PP
La Comisión ha continuado debatiendo sobre las empresas públicas aragonesas a través de una iniciativa del PP planteada por Manuel Guedea, que ha denunciado la “proliferación de empresas, fundaciones y consorcios sin lógica, creando situaciones de competencia desleal o de duplicidades”. Concretamente, ha solicitado medidas en las diferentes sociedades públicas dependientes Gobierno de Aragón para que generen ingresos de su actividad y permitan garantizar la cobertura de sus costes.
En la votación la proposición ha decaído por doce votos en contra (PSOE, PAR, CHA e IU) frente a seis a favor (PP).
