El acceso a la educación en condiciones de igualdad es un logro tan fundamental e irrenunciable que los poderes públicos han de asumirlo como prioritario garantizando su acceso para todos y no solo para la mayoría o para los que elijan una determinada opción.
La libertad de elección pasa por velar por el derecho del conjunto de los padres y las madres a elegir la escuela que quieren para sus hijos sin más límites que los que impone la ley.
Enseñanza pública y concertada nacieron como complementarias. Esta afirmación clara y tajante no tiene nada de partidista. Es cierto que periódicamente se pone en entredicho pero no es menos cierto que se hace gratuitamente y sin aportar la fuente normativa o jurídica en la que se sostiene tal creencia.
El Tribunal Supremo sin embargo lo ha afirmado en varias ocasiones, la última el 25 de mayo de 2016. Sus jueces, que algo sabrán de esto, hablan de “red dual integrada por estos dos tipos de centros” y declaran ilegal cualquier medida que “distorsiona y vulnera el sistema que traza la LOE, violenta el régimen dual que regula y se apoya en el principio de subsidiariedad que esta Sala Tercera ya ha desautorizado”
Cuando se está a favor de que predomine el punto medio y no la medianía, por potenciar las capacidades de todo el alumnado, por trabajar para él y en su beneficio, por reequilibrar y atender adecuadamente, sorprende primero y duele después ver cómo se habla de “…nuestra educación pública…” como si fuera patrimonio exclusivo de algunos. Quien opina así se equivoca. La educación es tan importante que no puede pertenecer a un solo grupo ya que afortunadamente no es patrimonio de nadie. En primer lugar, no es “nuestra” es de todos. Todos los ciudadanos la pagamos y por lo tanto, nos pertenece por igual a todos y a cada uno de nosotros.
El conjunto del sistema educativo debe respetar a las familias y tenerlas en cuenta para una programación educativa que ofrezca igualdad de oportunidades en un ambiente inclusivo lo que no se puede confundir con imponer un sistema uniforme de enseñanza en aras a conseguir unos determinados objetivos apriorísticos.
Toda la educación tiene derecho a existir tanto la pública como la concertada, ninguna puede ser menos que la otra gobierne quien gobierne porque ambas se deben a la sociedad y tienen que cumplir los mismos deberes y obligaciones sin ningún tipo de discriminación. Recordemos que estamos hablando de un servicio público.
Por otro lado, si nos centráramos en el tema económico, mandar profesores al paro no es precisamente un ejemplo de racionalizar gasto. Tampoco aumentar ratio es apostar por una educación de calidad. En cuanto a ocupar todos los espacios disponibles en un centro, cuando menos reservas totales y absolutas a que esto, pedagógicamente sea así, sobre todo si de lo que se trata es de atender mejor a nuestros alumnos y alumnas. Se merecen algo más…
Poco favor hacen a la educación quienes plantean estos nuevos recortes educativos que además piden que se perpetren solo contra “los otros”. En este sentido, que una parte de la educación se dedique a hablar mal de la otra quizá no sea el mejor ejemplo para el futuro de nuestro alumnado. No seremos nosotros, los educadores, quienes se enfrenten en algo que carece de sentido de futuro porque EDUCAR se hace cada día, desde el diálogo, la tolerancia hacia el otro y el respeto mutuo.
